Repudio en Diputados a Lilia Lemoine por dichos contra un niño con autismo. Le exigen retractación y evalúan sanciones. Escándalo político.
Legislativas05 de febrero de 2026
Juan Manuel Villarreal
Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para expresar un “enérgico y categórico repudio institucional” a las declaraciones de la legisladora de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, contra Ian Moche, el joven influencer con autismo, y exigirle que formule disculpas públicas y se retracte de manera expresa.
La iniciativa sostiene que los dichos de la diputada constituyen una conducta discriminatoria, estigmatizante y negacionista de la discapacidad, además de resultar gravemente lesivos de los derechos fundamentales del niño.
Las expresiones de Lemoine se produjeron el martes por la noche durante un debate televisivo en LN+, en el marco de una discusión sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.
En ese contexto, y sin relación directa con el eje del programa, la diputada apuntó contra Ian Moche y su madre, Marlene Spesso. “Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, afirmó.
Además, puso en duda el diagnóstico del niño al referirse a él como “supuestamente autista” y sostuvo que su madre “no está bien de la cabeza”, vinculando el caso con lo que denominó una “agenda del kirchnerismo” y el “wokismo”.
Consultada sobre la relación entre ese ejemplo y el debate por redes sociales, Lemoine reiteró sus acusaciones, aunque no presentó pruebas ni argumentos que las respaldaran.
El proyecto de resolución fue firmado por diputados de distintos bloques políticos, entre ellos Marcela Pagano (Coherencia), Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), y Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez (Unión por la Patria).
En el texto, los legisladores coincidieron en que “la política no habilita a atacar a un niño, y mucho menos a un niño con discapacidad”.
En los fundamentos, los diputados remarcan que las expresiones de Lemoine revisten una gravedad institucional agravada por tratarse de un menor de edad y por negar públicamente una discapacidad oficialmente acreditada por el Estado nacional.
Ian Moche cuenta desde febrero de 2020 con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad tras una evaluación interdisciplinaria. El documento acredita su condición dentro del espectro autista y tiene vigencia hasta 2030.
“El caso configura una situación de violencia discursiva agravada por la doble condición de vulnerabilidad del niño: niñez y discapacidad”, advierte el proyecto.
Además del repudio, la iniciativa solicita que Lemoine se retracte “por los mismos medios y con similar alcance” que los utilizados para difundir sus declaraciones.
El texto también pone los hechos en conocimiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para evaluar la eventual aplicación de sanciones disciplinarias.
Los diputados subrayan que la libertad de expresión de los funcionarios públicos no es absoluta y encuentra límites cuando colisiona con el interés superior del niño y los derechos a la dignidad, identidad e integridad psíquica, protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El episodio se inscribe en una serie de situaciones previas que tuvieron como protagonista a Ian Moche y que incluso derivaron en un conflicto judicial con el presidente Javier Milei.
En agosto del año pasado, la familia del joven influencer apeló una decisión del juez federal Alberto Osvaldo Recondo, quien había fallado a favor del mandatario en una causa vinculada a una publicación en la red social X.
A fines de junio, Ian Moche había denunciado a Milei por haberlo acusado públicamente de operar en favor del kirchnerismo a través de su militancia como activista por los derechos de las personas con discapacidad. El Presidente lo había señalado como parte del “lado de los kukas”.
Según expuso la familia, ese posteo tuvo un fuerte impacto en la vida del joven, que comenzó a recibir mensajes de odio y distintos tipos de acoso en redes sociales.
Incluso, cuentas afines al oficialismo difundieron datos personales sensibles, como la dirección de su casa y de la escuela a la que asistía, acompañados por fotografías.
La Justicia resolvió que el Presidente no debía eliminar la publicación cuestionada, al rechazar el pedido de la familia y avalar que el mensaje permaneciera publicado en la cuenta oficial del mandatario.
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