Kicillof encabeza el rechazo del peronismo a la reforma laboral de Milei y llama a definiciones firmes

A pocas horas del debate parlamentario sobre la polémica reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consolidó su postura crítica y convocó a que el peronismo adopte “posicionamientos fuertes” frente al proyecto, que, según advirtió, amenaza los derechos laborales, la industria nacional y la soberanía económica del país.

En una entrevista televisiva, Kicillof, quien asumirá en marzo como presidente del PJ bonaerense, se refirió a sus pares del justicialismo que mantienen diálogo y cercanía con el Gobierno nacional, se preguntó: “¿Qué peronista puede votar una reforma laboral que destruye lo básico que hizo una construcción peronista?” y calificó la iniciativa como “una versión del proyecto neoliberal que tantas veces apareció en Argentina”.

Destacó además que la provincia presentó un informe técnico-político en el Salón Dorado de la Gobernación para argumentar por qué el proyecto perjudica a Buenos Aires y representa “la continuación de la flexibilización y precarización laboral de la dictadura”.

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El gobernador sostuvo que “cada uno va a tener que posicionarse” y subrayó la necesidad de “ideas fuertes, convicciones fuertes y formulaciones capaces de dialogar, interpelar y representar a sectores amplios que están siendo perjudicados”.

También alertó sobre los riesgos del alineamiento internacional del gobierno nacional y criticó el impacto de la política económica de Milei: “Este es un modelo que no le sirve a los trabajadores, pero tampoco le sirve a los empresarios”, y señaló que la inversión extranjera está un 40% por debajo del promedio histórico.

Informe técnico y rechazo de la Provincia

El rechazo de la Provincia de Buenos Aires se formalizó este lunes con la presentación del informe “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”, elaborado por los ministros Walter Correa (Trabajo) y Carlos Bianco (Gobierno) junto a un equipo técnico.

Presentación del informe técnico-político bonaerense sobre la reforma laboral.

El documento de 60 páginas advierte que la reforma provocaría pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol del Estado como garante de derechos.

El informe, que incluyó la participación de sindicatos, cámaras empresariales, PYMEs y especialistas laborales, plantea que la iniciativa busca profundizar un modelo de flexibilización laboral que ya fracasó históricamente, y que no contribuye a la creación de empleo ni al fortalecimiento de la industria nacional. Correa enfatizó: “De los 197 artículos que tiene este proyecto de ley, no hay uno solo que apoye o defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.

El secretario general de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, se expresó en redes tras la presentación del informe.

Movilización de gremios y apoyo de Kicillof

En paralelo al debate legislativo, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización nacional para manifestar su rechazo, sin llegar a un paro general. El gobernador Kicillof y su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), se sumaron a la protesta en la Plaza de los Dos Congresos, que también se replicó en otras provincias. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron medidas de fuerza en el marco de esta movilización.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, señaló que el objetivo es “repudiar un proyecto regresivo que impacta negativamente en el mundo laboral, sin modernizar nada ni generar impacto real en las empresas”.

Estrategia de gobernadores peronistas y discusión fiscal

Desde principios de febrero, Kicillof encabezó reuniones con gobernadores peronistas, incluyendo a Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con el objetivo de coordinar una estrategia común para frenar la reforma.

Gobernadores y dirigentes del peronismo unifican posiciones ante la reforma laboral.

Coincidieron en que la iniciativa representa un retroceso para los derechos de los trabajadores y un impacto negativo sobre las finanzas provinciales, especialmente por la reducción de la masa coparticipable y la modificación del Impuesto a las Ganancias que beneficiaría a las grandes empresas. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Buenos Aires podría perder unos $238.558 millones anuales si el proyecto avanza.

El plan de los gobernadores incluye contacto permanente con la CGT para articular acciones tanto en la calle como en el Congreso y la Justicia. Jorge Sola, cosecretario de la central obrera, destacó la necesidad de que los gobernadores sean “responsables de lo que hagan y digan en la sesión del miércoles”.

Cruces con Nación

El rechazo bonaerense y gremial provocó respuestas del Gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, acusaron a Kicillof de no haber leído el proyecto y de exagerar sus efectos, sosteniendo que la verdadera pérdida de derechos se produjo durante los gobiernos kirchneristas y que el objetivo de la oposición sería perjudicar a las empresas con mayores impuestos.

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Santilli afirmó: “Quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo”.

Impacto económico y social

La oposición bonaerense advierte que la reforma llega en un momento crítico: enero registró la peor recaudación nacional de los últimos 15 años, con caída del empleo y de la demanda agregada, afectando particularmente a la provincia de Buenos Aires.

El ministro Pablo López señaló que la recaudación coparticipable cayó 8,2% interanual real, mientras que la no coparticipable lo hizo en un 7%. Por su parte, el turismo provincial mostró un retroceso del 9% en visitantes respecto de 2023, con una caída del consumo del 25%, lo que reforzó la crítica de Kicillof sobre la “política económica antiindustrial y antiproductiva” del gobierno nacional.