El Tribunal Fiscal que no arranca y el reclamo que escala: nueva pulseada política en la Provincia
Mientras la integración del organismo sigue trabada, un sector del radicalismo avanza con iniciativas para frenar plazos y evitar caducidades.
PolíticaEl martes
Mariana Portilla
El Tribunal Fiscal de Apelación es un órgano clave para revisar los actos administrativos tributarios.
El gobierno de Axel Kicillof enfrenta por estas semanas un escenario de creciente presión política e institucional que se expresa en un frente sensible: la demora en la integración del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia. La discusión excede lo técnico y empieza a rozar el funcionamiento mismo del Estado, con advertencias desde la oposición sobre el impacto concreto en derechos, recursos fiscales y seguridad jurídica.
El Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense es un órgano clave para revisar los actos administrativos tributarios de la Provincia. Aunque la Legislatura aprobó a comienzos de diciembre los pliegos de sus nuevos integrantes, el Poder Ejecutivo todavía no avanzó con la jura, lo que mantiene al organismo virtualmente paralizado.
En aquella sesión se oficializaron las designaciones de los abogados Virginia García, Gabriel De Pascale, Federico Carozzi, Mariana Rodríguez y Ángel Villegas, junto con los contadores Marcelo Giampaoli, Cecilia Oroz y Fernanda Campo.
La situación encendió alarmas en la oposición, que advierte sobre una “gravedad institucional” ante el paso del tiempo sin resoluciones. El radical Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, presentó un proyecto para suspender todos los plazos procesales desde el 1° de octubre de 2025 y hasta que el Tribunal quede plenamente integrado. La iniciativa busca evitar la caducidad de causas, la prescripción de acciones fiscales y la pérdida de derechos tanto para contribuyentes como para el propio Estado provincial.
Desde ese espacio señalaron a GRUPOLAPROVINCIA.COM que la falta de funcionamiento no sólo expone a los particulares a un limbo procesal, sino que también pone en riesgo el crédito fiscal bonaerense, en momentos donde cada recurso cuenta. La norma propuesta apunta a congelar plazos de recursos, pruebas, intimaciones y sentencias, con efecto retroactivo, como una salida transitoria frente a la inacción del Ejecutivo.
Mientras tanto, en el oficialismo todavía no hubo definiciones públicas claras: o se avanza con la jura de los vocales ya designados o se habilita una solución legislativa excepcional para evitar daños mayores. El silencio del Ejecutivo alimenta las críticas y suma un nuevo foco de desgaste para la administración provincial.
El diputado radical, Diego Garciarena, presentó un proyecto para suspender todos los plazos procesales desde el 1° de octubre de 2025 hasta que el Tribunal quede integrado.
El trasfondo laboral y el reclamo por las indemnizaciones
En paralelo, el debate por las reformas laborales nacionales también empieza a tener eco en la Legislatura bonaerense. La diputada de Unión por la Patria Soledad Alonso tomó posición frente al nuevo esquema de cálculo de indemnizaciones por despido que impulsa el Gobierno nacional, al advertir que reduce significativamente los montos al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones y otros adicionales no mensuales.
Alonso alertó además que la reforma tendría impacto incluso sobre contratos firmados con anterioridad, redefiniendo —según planteó— el nivel de protección real que tiene un trabajador al momento de perder su empleo. Para la legisladora, no se trata de una discusión técnica, sino de una decisión política que traslada el costo del ajuste a las familias en un contexto de caída del empleo formal.
En ese marco, volvió a reclamar el tratamiento del proyecto que presentó junto a Maite Alvado para modificar la tasa de interés aplicable a las sentencias laborales en la Provincia, con el objetivo de evitar que la inflación licúe las indemnizaciones durante los años que suelen demorar los juicios. La iniciativa, aprobada en Diputados pero frenada en el Senado por la oposición, propone reemplazar la tasa activa por el CER más una tasa pura anual, una discusión que vuelve a tensar la relación entre oficialismo y bloques opositores.
Que sin vergüenza @GustavoSaenzOK manda a votar contra el Pueblo la Reforma Laboral y más cosas para Milei, pero mientras quiere conducir el PJ en Salta?
— Soledad Alonso (@soleaalonso) February 22, 2026
Por gente como vos el Peronismo se hace mierda y la gente no nos cree.
Tus acciones son Libertarias No Peronistas.- FIN… https://t.co/d2CB1v0ZZn
Con la Legislatura activando proyectos para cubrir vacíos y la oposición marcando el ritmo de las críticas, la gestión de Kicillof suma así un doble frente de presión que combina técnica jurídica, disputa política y advertencias sobre el funcionamiento institucional de la Provincia. El desenlace, en ambos casos, dependerá de si el Ejecutivo decide destrabar los conflictos o dejar que la tensión siga escalando en el recinto.
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