Fin de mes caliente: la señal gremial que preocupa a la Provincia
Docentes y judiciales activaron reclamos para cobrar antes de Semana Santa. Tensión sobre la gestión provincial y discusión en puerta por la organización de los pagos.
Mariana Portilla
En medio de un calendario atravesado por feriados y con la economía al límite, el gobierno bonaerense suma una nueva tensión inesperada: los gremios estatales salieron a reclamar cambios urgentes en las fechas de cobro y exponen un problema que va más allá de lo administrativo.
La publicación del calendario de pagos por parte de la Tesorería General de la Provincia encendió la alarma en distintos sectores. El esquema establece que algunos trabajadores cobrarán recién en la segunda semana de abril debido a la acumulación de feriados por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas y Semana Santa.
El punto más crítico es que el Poder Judicial percibiría sus haberes el 8 de abril, mientras que los docentes cobrarían el 9 de abril.
Para los gremios, ese corrimiento implica un desfasaje “excesivo” entre el mes trabajado y el cobro efectivo.
Judiciales se suman y amplían el conflicto
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) formalizó su reclamo para adelantar el pago al 4 de abril, planteo que ya había sido expuesto en la paritaria del 18 de marzo.
Desde el gremio advirtieron que la actual fecha de cobro vuelve “imposible” afrontar compromisos básicos en un contexto económico adverso y remarcaron el impacto directo sobre miles de trabajadores.
El dato político no es menor: el conflicto deja de ser sectorial y empieza a escalar entre distintas áreas del Estado.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, fue el primero en mover ficha. A través de una nota dirigida al subsecretario Diego Turkenich, solicitaron adelantar el cobro del 9 al 6 de abril.
Los sindicatos argumentaron que la demora genera un período “excesivamente extenso” sin ingresos, impacta de lleno en la economía cotidiana y obliga a reorganizar gastos en un contexto inflacionario.
Además, el reclamo se da apenas semanas después de haber aceptado una suba salarial del 7,5% para marzo y abril, lo que revela que la discusión ya no pasa solo por el porcentaje, sino por la disponibilidad real del ingreso.
Más que un reclamo: una señal política
La simultaneidad de los pedidos no es casual. Docentes y judiciales —dos sectores clave del Estado— coinciden en el diagnóstico y en la urgencia, lo que configura un escenario más complejo para la administración provincial.
El trasfondo muestra salarios que pierden contra la inflación, mayor dependencia del calendario de pagos y sensibilidad ante cualquier demora.
En ese marco, el reclamo por adelantar fechas funciona como síntoma de un problema más profundo: la fragilidad de los ingresos estatales frente a la dinámica económica.
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