Juan Manuel Villarreal
La Justicia laboral le asestó un duro golpe al Gobierno nacional al suspender la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral aprobada y promulgada a comienzos de marzo. La medida fue dictada tras una cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos centrales de la norma.
El fallo fue firmado por el juez del fuero laboral Raúl Horacio Ojeda, quien consideró que existen fundamentos suficientes para avanzar en una acción declarativa de inconstitucionalidad y dispuso frenar provisoriamente buena parte de la ley 27.802.
En su resolución, Ojeda sostuvo que la aplicación inmediata de la norma podría generar “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, uno de los requisitos clave para dictar una medida cautelar.
El magistrado también remarcó el “peligro en la demora”, al advertir que permitir la implementación de los cambios podría derivar en situaciones jurídicas irreversibles o en una multiplicación de conflictos judiciales.
En ese sentido, afirmó que la suspensión provisoria permitirá evitar efectos “muy gravosos e irreversibles” mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
El juez defendió el rol del Poder Judicial al señalar que su intervención “es necesaria justamente para garantizar la división de poderes del sistema republicano”.
Además, subrayó que la declaración de certeza que surja del proceso aportará seguridad jurídica y contribuirá al interés público, evitando una eventual ola de litigios.
La medida cautelar alcanza a disposiciones que modificaban aspectos centrales del sistema laboral argentino, incluyendo:
La CGT había advertido que estas modificaciones implicaban retrocesos en derechos laborales y podían afectar principios constitucionales como la progresividad y la protección del trabajo.
Uno de los puntos clave del fallo fue el reconocimiento de la legitimación activa de la CGT para impulsar la demanda. Ojeda rechazó los argumentos del Gobierno, que había intentado desconocer la representatividad de la central sindical.
El magistrado sostuvo que la CGT está habilitada para representar tanto derechos colectivos como intereses individuales homogéneos de los trabajadores.
La defensa del Estado Nacional había solicitado el rechazo de la cautelar por “inexistencia de caso” y denunció una supuesta intromisión del Poder Judicial en el ámbito del Poder Legislativo.
Sin embargo, Ojeda cuestionó esa postura y señaló que el Ejecutivo omitió responder sobre varios de los artículos impugnados, lo que podría interpretarse como una falta de defensa adecuada.
La resolución tiene carácter provisional y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.
Mientras tanto, el fallo introduce un fuerte condicionamiento a uno de los proyectos más relevantes impulsados por el oficialismo en el Congreso, y abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical.
