Mariana Portilla
El gobierno de Juan Ibarguren en Pinamar suma un nuevo frente de conflicto que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del Ejecutivo local. A la seguidilla de cuestionamientos se agrega ahora una denuncia impulsada por el exsecretario de Turismo, Lucas Ventoso, contra el secretario de Gobierno, Francisco Martín Montes, por haber incurrido en presuntas incompatibilidades, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes.
El eje del planteo gira en torno a la supuesta utilización de un espacio público con fines privados, en un esquema que, de confirmarse, podría derivar en responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales.
Según la denuncia, el conflicto se origina en la cesión de un predio municipal al Club Atlético San Vicente, que habría sido otorgado en comodato gratuito para fines sociales. Sin embargo, siempre de acuerdo al escrito presentado por Ventoso, ese espacio habría sido subalquilado para el funcionamiento de una escuela de fútbol arancelada.
El dato más sensible es quién aparece como beneficiario de esa explotación: no sería otro que el propio secretario de Gobierno. Ventoso sostiene que el funcionario habría percibido ingresos directos por la actividad, mediante el cobro de cuotas mensuales a los alumnos, incluso a través de transferencias electrónicas a cuentas personales. “Hay 80 testigos citados”, afirmó a Pinamar Diario, al tiempo que remarcó que existen comprobantes de pagos realizados vía plataformas digitales.
La gravedad del caso, según el denunciante, radica en que Montes habría estado “de los dos lados del mostrador”: como funcionario con poder de decisión sobre el uso del predio y, al mismo tiempo, como beneficiario económico del negocio.
“Esto se llama impunidad total. Yo pensé que no podía ser tan idiota y ladrón a la vez, y debo retractarme: sí puede ser”, disparó Ventoso en declaraciones que sacudieron el tablero político local.
Además, uno de los puntos más cuestionados es que la propia Municipalidad habría promocionado la escuela desde sus canales oficiales, pese a tratarse de una actividad privada y arancelada, lo que refuerza la hipótesis de una confusión —o superposición— entre lo público y lo particular.
El exsecretario no solo apuntó contra Montes, sino que también puso el foco en la responsabilidad política del intendente. En su presentación, solicitó que el HCD avance con una interpelación formal a ambos funcionarios y advirtió que, de comprobarse los hechos, los concejales tienen la obligación de impulsar una denuncia penal.
Mientras tanto, crecen las dudas sobre el rol del jefe comunal. Ventoso fue contundente al respecto: cuestionó cómo es posible que Ibarguren desconociera las maniobras de su “mano derecha”, con quien comparte la gestión cotidiana.
El escándalo irrumpe en un contexto ya adverso para la administración local. Como venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión de Ibarguren acumula cuestionamientos por distintos frentes que van desde la economía municipal hasta la calidad de los servicios básicos.
Entre ellos, el caso de la ex tesorera municipal filmada llevándose dinero de la recaudación, un episodio que dejó serias dudas sobre los controles internos; el conflicto con los guardavidas en la previa de la temporada; y, más recientemente, el colapso cloacal en plena Ruta 11, que expuso falencias estructurales en la infraestructura sanitaria en el peor momento del verano. A esto se suman los reclamos vecinales por el aumento de tasas, el abandono de barrios y el deterioro del sistema de salud.
En ese marco, el concejal de Fuerza Patria, Gregorio Estanga, ya había advertido en contacto con este medio sobre la continuidad de prácticas cuestionadas en la administración local: “Es la continuidad de un gobierno que tuvo una muy mala gestión en lo económico para el Estado de Pinamar. Sacar crédito para pagar sueldos indica una mala gestión”, sostuvo, en referencia tanto a la etapa de Martín Yeza como a la actual.
La nueva denuncia no hace más que profundizar ese desgaste. Con un municipio jaqueado por problemas estructurales y ahora también por sospechas de corrupción en las más altas esferas, la gestión de Ibarguren enfrenta un escenario cada vez más complejo, donde la demanda de explicaciones ya no proviene solo de la oposición, sino también de una ciudadanía que empieza a perder la paciencia.
El interrogante, ahora, es si este nuevo capítulo quedará diluido en la interna política o si marcará un punto de inflexión en una administración que, a cada paso, parece sumar más frentes abiertos que soluciones concretas.
