Mariana Portilla
La discusión por la calidad del agua en la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo que tensiona a la política local y reabre un problema estructural. En Azul, una denuncia judicial presentada por el médico pediatra Néstor Nasello puso en el centro de la escena los niveles de arsénico en el suministro de red y encendió alarmas por su impacto sanitario.
El planteo no se limita a una advertencia técnica. Apunta directamente a responsabilidades institucionales y a una cadena de decisiones y omisiones. El foco está puesto en el Municipio, pero también alcanza a los organismos provinciales y a la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL), encargada del servicio.
El eje de la denuncia, a la que tuvo acceso el diario El Tiempo, es contundente: “La presencia inequívoca de altos niveles de arsénico en el suministro de agua potable para consumo humano afecta a todo el distrito, con severo daño sanitario en la población”.
El médico sostiene que el problema no es nuevo ni desconocido. Por el contrario, afirma que la situación “es archiconocida desde hace mucho tiempo por los organismos responsables del suministro y contralor”, sin que se hayan implementado medidas eficaces.
El tono del escrito escala cuando se refiere a las posibles consecuencias legales. Nasello advierte que, de confirmarse responsabilidades, “podemos estar ante un estrago doloso”, una figura que implicaría un daño grave provocado con conocimiento de sus efectos.
En ese sentido, pidió que se investigue a fondo a la CEAL y a las autoridades municipales, especialmente en el área de Salud, y que se determinen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Uno de los ejes centrales del planteo es el desfasaje normativo. Según la denuncia, los valores de arsénico en Azul superan ampliamente el máximo de 0,01 mg/L recomendado por la Organización Mundial de la Salud y adoptado por el Código Alimentario Argentino.
Sin embargo, el servicio se rige por una normativa provincial de 1996 que permite hasta 0,05 mg/L. Para Nasello, ese criterio no protege la salud y fue pensado como una excepción transitoria. “La CEAL se ha amparado en una ley provincial de 1996 y desde ese entonces —treinta años— se ha expuesto a la población al consumo de arsénico que triplica el máximo tolerable”, advirtió.
El diagnóstico del pediatra es directo: la falta de actualización y de inversión dejó a la ciudad en una situación crítica. “Nos hallamos desfasados en décadas en cuanto a la solución”, señaló.
Además, cuestionó la ausencia de políticas sostenidas y de información clara hacia la población. Según el escrito, no se alertó adecuadamente a los vecinos ni se promovieron medidas preventivas.
Desde el punto de vista médico, la denuncia describe un escenario preocupante. La exposición crónica al arsénico está vinculada a lesiones cutáneas, trastornos gastrointestinales, daño renal y tiroideo, enfermedades cardiovasculares y un incremento del riesgo de cáncer.
En niños, el cuadro se agrava: puede generar déficit cognitivo, problemas de atención y alteraciones en el desarrollo. También se identifican riesgos para embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Nasello aportó además una mirada desde la práctica clínica: “Como médico en ejercicio en la ciudad de Azul puedo afirmar que se observa un incremento de patologías tiroideas y oncológicas”.
El problema no se limita a beber agua. La denuncia subraya que la exposición también ocurre a través del uso cotidiano: mate, cocción de alimentos, lavado de frutas y verduras e incluso la higiene personal, por absorción cutánea e inhalación de vapor.
El caso de Azul no es aislado. En distritos como Lobos, la Justicia ya ordenó garantizar agua potable ante niveles elevados de arsénico. Sin embargo, las soluciones implementadas —como la instalación de un único tanque cisterna— fueron cuestionadas por su alcance limitado.
Desde la Multisectorial Lobos valoraron la medida, pero no dudaron en calificarla como “tardía”. Según remarcaron en una carta dirigida al intendente, Jorge Etcheverry, el sistema actual presenta múltiples limitaciones concretas: deja afuera a quienes viven en zonas alejadas, complica a adultos mayores o personas con movilidad reducida, obliga a trasladar bidones pesados largas distancias y centraliza todo en un único punto.
Para la organización, esto convierte al acceso al agua potable en una solución parcial, desigual y hasta riesgosa. Frente a este escenario, propusieron implementar un sistema rotativo de distribución mediante camiones cisterna que recorran distintos barrios durante la semana, acercando el recurso a cada zona y evitando la concentración en un solo punto.
La denuncia de Nasello, en Azul, apunta a una responsabilidad compartida. Por un lado, cuestiona al Municipio por no garantizar un suministro seguro ni impulsar soluciones estructurales. Por otro, señala a la Provincia por sostener un marco normativo desactualizado.
“El Municipio de Azul y la CEAL no han podido garantizar un suministro seguro”, afirma el escrito, que también reclama una investigación administrativa independiente.
El pediatra sostiene que existen alternativas técnicas viables. Mencionó, por ejemplo, la implementación de sistemas de ósmosis inversa para reducir los niveles de arsénico. “Tenemos que preguntarnos qué es más oneroso: el tratamiento médico —muchas veces irreversible— o sanear las fuentes de agua”, planteó.
Mientras la Justicia analiza el caso, más de 15 mil vecinos ya manifestaron su preocupación. El conflicto en Azul vuelve a instalar un interrogante de fondo: cuánto tiempo puede sostenerse una situación que, según especialistas, impacta de lleno en la salud pública.
