Reelecciones indefinidas: entre el atajo judicial y el canje por la boleta única

La discusión por las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires entró en una zona donde nadie quiere pagar el costo político de dar el debate en la Legislatura. Con el calendario 2027 asomando, intendentes del peronismo empujan una salida que, por ahora, gana terreno en voz baja: que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires defina la constitucionalidad de los límites vigentes.

La idea no es abstracta. Según fuentes políticas, ya circula un borrador para una presentación colectiva de jefes comunales, en especial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado que responde al gobernador Axel Kicillof.

El planteo sería directo: cuestionar la ley 14.836, impulsada en 2016 con aval del Frente Renovador y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, bajo el argumento de que limita la autonomía municipal.

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El camino legislativo aparece bloqueado. La pelea por el control de comisiones mantiene paralizado el parlamento y, aun si se destrabara, el oficialismo no tendría los votos en Diputados. En el Senado la historia es otra, pero insuficiente.

En ese contexto, la vía judicial asoma como una salida funcional para todos: evita exponer las internas del peronismo —entre el kicillofismo y el massismo— y también le ahorra a la oposición fijar postura en un tema incómodo.

El “trueque” que nadie firma

Mientras tanto, en los pasillos legislativos se comenta un intercambio que nadie reconoce públicamente. La versión indica que intendentes garantizarían votos para la Boleta Única de Papel (BUP) a cambio de respaldo libertario para habilitar reelecciones indefinidas. Desde La Libertad Avanza admiten que el rumor circula, aunque el entorno de Sebastián Pareja lo desmiente.

El trasfondo es concreto: si no hay cambios, más de 80 intendentes quedarían fuera de competencia en 2027. Entre ellos, pesos pesados del conurbano como Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi y Mario Secco, todos cercanos a Kicillof. También aparecen nombres del interior y del massismo, además de radicales y dirigentes del PRO.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya explicitó la postura del Ejecutivo: “impedir la reelección de una persona es proscriptivo. Si la gente los vuelve a elegir, es porque tuvieron una buena gestión”. Esa línea choca con el Frente Renovador, que se mantiene firme en la defensa de la norma original.

Interna peronista y reforma en paquete

La discusión por las reelecciones no va sola. En el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner como referencia, empujan una negociación más amplia que incluya reglas electorales completas. La Cámpora insiste en que no se puede tratar el tema de manera aislada y propone meter en la misma mesa las PASO, la Boleta Única y el calendario electoral.

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Cerca de Máximo Kirchner aseguran que la llave política está de su lado y que no habrá concesiones fragmentadas. En ese esquema, incluso sectores históricamente críticos de la BUP ahora muestran flexibilidad para aceptarla en la elección general, mientras defienden las PASO como herramienta para ordenar la interna.

El propio peronismo convive con múltiples aspirantes y liderazgos territoriales. En la carrera hacia 2027 ya suenan nombres como Mariel Fernández, Mayra Mendoza, Federico Achával y el propio Ferraresi. En ese mapa, eliminar las primarias implicaría trasladar toda la negociación a las cúpulas.

Oposición: entre la conveniencia y el silencio

Del otro lado, la oposición también juega a dos puntas. Sectores de la UCR y el PRO admiten que podrían discutir reelecciones solo si se incluyen reformas como la actualización de las PASO o la implementación de la BUP. Pero, al mismo tiempo, prefieren que el tema no pase por la Legislatura.

La razón es pragmática: varios de sus propios intendentes están alcanzados por la limitación. En la UCR, casos emblemáticos como Miguel Lunghi o Miguel Gargaglione deberán dejar sus cargos tras décadas. En el PRO, figuras como Guillermo Montenegro o Pablo Petrecca también quedan fuera de juego.

En ese tablero, la Corte aparece como árbitro inesperado, aunque con limitaciones propias: hoy funciona con solo tres miembros —Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres— y arrastra más de 800 días con vacantes sin cubrir.

Con la Legislatura empantanada, un peronismo dividido y una oposición que mide cada movimiento, la definición sobre las reelecciones podría terminar lejos de la política formal y en manos de un tribunal que también atraviesa su propia crisis institucional.