El impuesto se cobra, las obras no llegan: la Coalición Cívica pone la lupa sobre los fondos viales

La plata para reparar las rutas nacionales está. El problema que comenzó a escalar en la política bonaerense es por qué una parte sustancial de esos recursos no llegó al asfalto.

La diputada provincial de la Coalición Cívica Romina Braga reclamó explicaciones al Gobierno de Javier Milei después de conocerse que más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SisVial) permanecía colocado en instrumentos financieros al 31 de mayo de 2026.

El planteo se apoya en cifras incorporadas a presentaciones judiciales y expuestas ante la Cámara de Diputados de la Nación. Desde el inicio de la gestión libertaria hasta mayo, al SisVial se le atribuyeron ingresos por $1.503.252 millones, pero solamente $394.406 millones fueron aplicados a obras.

La ejecución acumulada fue del 26,2%. El 73,8% restante no había llegado durante ese período a trabajos de construcción, reparación o mantenimiento. “Esta situación merece especial atención por tratarse de recursos públicos vinculados a una finalidad de infraestructura que requiere continuidad, planificación y capacidad de respuesta”, sostuvo Braga.

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La documentación disponible indica que, al cierre de mayo, $1.001.018 millones se encontraban colocados principalmente en títulos públicos y depósitos a plazo fijo. Otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente.

La existencia de esas inversiones no significa que el dinero haya desaparecido. Los recursos continuaban registrados como activos financieros. La controversia está en la magnitud de las colocaciones, el tiempo durante el cual permanecieron fuera de las obras y su utilización para objetivos vinculados con la estrategia fiscal.

Braga reconoció que la inversión temporal puede ser una herramienta legítima para administrar liquidez o preservar el valor del dinero. Sin embargo, advirtió que esa explicación pierde fuerza cuando las colocaciones se prolongan mientras la red vial acumula necesidades sin atender.

“Cuando la acumulación de activos financieros adquiere una dimensión significativa y se prolonga en el tiempo, corresponde garantizar que existan mecanismos adecuados para conocer las razones, los plazos y los objetivos de dichas decisiones”, planteó.

La legisladora, referente provincial del espacio conducido por Elisa Carrió, pidió información sobre los criterios utilizados para decidir cuándo se liberan los fondos, qué compromisos futuros respaldan las inversiones y qué obras están previstas.

El impacto sobre Buenos Aires

Para Braga, la provincia de Buenos Aires es una de las principales afectadas porque concentra rutas nacionales que conectan zonas productivas, áreas industriales, puertos, centros urbanos y corredores logísticos.

“El deterioro no representa únicamente un problema de infraestructura: también puede traducirse en mayores costos de transporte, pérdida de competitividad, dificultades para las economías regionales y mayores riesgos para quienes las utilizan”, señaló.

La Ruta Nacional 5 se transformó en uno de los símbolos del conflicto. Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la paralización de la autovía entre Mercedes y Suipacha provocó reclamos de intendentes y legisladores de distintos espacios por la combinación de siniestralidad, transporte pesado y obras inconclusas. El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, aseguró que durante el primer semestre de 2026 hubo más de 200 accidentes y 21 fallecidos en esa traza.

El deterioro también alcanza a las rutas nacionales 3, 8, 33 y otros corredores que atraviesan territorio bonaerense.

La admisión que encendió el escándalo

El conflicto adquirió otra dimensión cuando el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que parte de los recursos queda bajo la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, para contribuir al ordenamiento de las cuentas públicas.

“Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó durante una entrevista con El Diario de La Pampa.

El funcionario no precisó qué proporción se destinó a cada finalidad. También defendió que Vialidad Nacional continúa realizando tareas y mencionó la Ruta 5 como ejemplo. Sus declaraciones reforzaron los cuestionamientos porque el SisVial se financia con una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos y tiene como finalidad la infraestructura vial.

El Ministerio de Economía no presentó hasta ahora un detalle público integral que permita identificar el destino, los plazos y la fecha prevista para aplicar a las rutas la totalidad de los activos acumulados.

Diputados nacionales endurecen la acusación

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue más allá del pedido de información y acusó al Ejecutivo de realizar un uso indebido de recursos afectados.

“El Gobierno le está robando a los argentinos”, lanzó. Luego apuntó directamente contra el ministro de Economía y el Presidente: “Toto Caputo y Milei están malversando y haciendo uso indebido de los recursos públicos provenientes del impuesto a los combustibles”.

Ferraro invocó el artículo 260 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que aplican fondos públicos a un destino diferente del establecido. 

Por su parte, la diputada nacional de Fuerza Patria, Victoria Tolosa Paz, promovió una presentación judicial para que se investigue el circuito de los fondos. El reclamo alcanza al Ministerio de Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación, que actúa como fiduciario.

Entre los casos señalados aparecen las obras sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires. Los proyectos contaban con financiamiento internacional y una contraparte nacional, pero los informes de auditoría correspondientes a 2024 registraron una ejecución nula de los aportes locales previstos.

La diputada sostuvo que mientras existían recursos disponibles dentro del SisVial, las obras permanecieron paralizadas o con niveles mínimos de avance. El planteo apunta a una contradicción entre la disponibilidad de fondos con destino específico y su colocación en instrumentos financieros mientras los proyectos viales permanecían demorados.

Otra de las presentaciones fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, quien denunció un presunto direccionamiento de fondos hacia provincias cuyos gobernadores acompañaron iniciativas legislativas impulsadas por la Casa Rosada.

Pagano afirmó que los recursos habrían sido utilizados para beneficiar a administraciones provinciales cuyos legisladores respaldaron proyectos del Gobierno en el Congreso. La legisladora vinculó esos movimientos con votaciones sobre distintas leyes tratadas durante 2025 y 2026.

La acusación fue ampliada posteriormente por la diputada y deberá determinarse en sede judicial si existió una relación entre los desembolsos y los votos parlamentarios.

Los datos difundidos en torno al caso indican que más de $33.000 millones del fondo destinado a infraestructura vial habrían sido transferidos a provincias en períodos coincidentes con votaciones relevantes para el oficialismo. Esa correlación forma parte de las denuncias y no implica por sí misma que exista una contraprestación comprobada.