Casi 400 personas reciben pension por violaciones a derechos humanos en el estallido social chileno

El Ministerio del Interior informó que 367 personas reciben pensiones graciables de por vida por violaciones a los derechos humanos y lesiones que sufrieron durante el estallido social de octubre de 2019.
El informe lo realizó el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, en respuesta a una solicitud, que el partido pinochetista Unión Demócrata Independiente había hecho a finales de septiembre, pidiendo información sobre los beneficiarios de la pensión, según consigna el diario El Mercurio.
Las pensiones se dividen en tres categorías, en donde aquellos que hayan sufrido agresiones físicas reciben 257.836 pesos chilenos (272 dólares), las personas que hayan sufrido lesiones graves en extremidades o tronco perciben 386.754 pesos chilenos (409 dólares) y las que hayan sufrido lesiones más graves (trauma ocular irreversible) que cobran 516.672 pesos chilenos (546 dólares).
El medio digital Ex-Ante publicó que publicó que 367 son las solicitudes aprobadas por el Ministerio del Interior, aunque el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha ingresado 401 solicitudes al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, de las cuales 34 están en tramitación, 68 aprobadas y 299 ya entregadas y listas para ser cobradas.
Según Ex-Ante, de las 367 pensiones, 23 corresponden a agresiones físicas (lesiones leves), 207 lesiones graves y 137 lesiones gravísimas.
Según un informe del INDH de octubre de 2022, más de 3.000 chilenos fueron víctimas de violaciones de derechos humanos en el estallido social y más de 2.500 presentaron querellas contra agentes de seguridad del Estado.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestas por la suba en el precio de tren subterráneo capitalino, lo que derivó en grandes movilizaciones que reclamaban por la desigualdad en la sociedad chilena.
La escalada de violencia y enfrentamientos entre manifestantes y policías duró semanas, comenzando en la capital chilena, pero que se extendió rápidamente a todo el país.
Estas protestas dejaron una gran cantidad de heridos y detenidos y el Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) decretó un estado de Excepción Constitucional que incluyó toques de queda para frenar la violencia y las movilizaciones.
Las movilizaciones y protestas llevaron a un acuerdo entre casi todos los sectores políticos para comenzar un proceso constituyente, que derivó en el plebiscito constitucional que permitió la creación de la Convención Constituyente, como la elección de los convencionales que escribieron la propuesta constitucional que fue rechazada en el plebiscito de salida, por lo que se mantiene vigente la constitución pinochetista.
Actualmente, parlamentarios de casi todos los sectores mantienen reuniones para buscar un mecanismo que le pueda dar a Chile una nueva Constitución. (Télam)