Confirman que causa penal por intimidacion publica tramite ante la justicia penal federal

La Cámara Nacional en lo Criminal ratificó la competencia de la Justicia federal para investigar la aparición de carteles en avenidas de la ciudad de Buenos Aires que mencionan a la vicepresidenta Cristina Fernández como "asesina" y "culpable de 35.000 muertes".
La Sala VII de la Cámara, integrada en forma unipersonal por Mariano Scotto, rechazó la apelación que la parte querellante había presentado contra la decisión de remitir la denuncia por "intimidación pública" al juzgado federal 7 a cargo de Sebastián Casanello.
En la causa se investiga la aparición de carteles en distintos lugares de la Capital Federal, como las avenidas San Juan 409, Independencia 742, 1382 y 1694, Rivadavia 1653 y Carlos Pellegrini 189, 887 y 1051 con la imagen de la mandataria y la leyenda "Culpable de 35.000 muertes, elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas, asesina".
La pesquisa se inició a partir de la denuncia formulada el 29 de marzo último por Juan Ignacio Albistur, en su calidad de apoderado de la firma "Grupo al Sur S.A." y "Grupo Al Sur S.A. U.T.E.", argumentando un perjuicio económico porque los afiches se habían colocado sobre publicidad de esas empresas.
Para que se mantuviera el caso en la justicia ordinaria, la querella había argumentado que las intimidaciones hacia la Vicepresidenta no afectaron o hicieron peligrar la seguridad del Estado federal, así como tampoco era posible advertir un entorpecimiento del funcionamiento de las instituciones.
Agregó que el delito de "intimidación pública" no integra los mencionados en el Código Procesal Penal de la Nación como de competencia federal y que debía ponderarse "el estado avanzado en que se encuentra el proceso con relación con aquel que tramita en el furo de excepción".
Scotto, en cambio, concluyó que debía intervenir la justicia de excepción, "teniendo en cuenta que los episodios en cuestión se encuentran relacionados con una autoridad federal y se vinculan con su labor en dicho cargo como funcionaria".
El camarista remarcó que "de las constancias reunidas, es posible inferir que la maniobra investigada se halla vinculada a una persona que encomendó la colocación de afiches con el objeto de conmocionar e influir en la opinión pública y a la sociedad en general". (Télam)