El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó hoy la liberación "inmediata" del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y su excarcelación era inminente esta noche.
"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad", indicó la resolución difundida a los medios.
Luego del anuncio del TC, uno de los abogados del expresidente, Elio Riera, dijo sin embargo que era más probable que la excarcelación se concretara mañana.
“Como el horario de atención es hasta las 4 p.m., lo más probable es que sea para mañana (la liberación); lo que nos corresponde es acudir y seguir esos trámites administrativos, que ha sido lo último que nos ha pedido el expresidente a efectos de que ya se pueda viabilizar el oficio de excarcelación”, declaró Riera al Canal N en los exteriores del penal de Barbadillo, en barrio limeño Ate.
Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la Justicia revocó el beneficio.
En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.
Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.
En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario.
Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.
En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus.
Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no liberar al exmandatario.
El viernes, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, había rechazado la excarcelación del mandatario.
Con la decisión de liberar a Fujimori, el máximo tribunal declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.
Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos del condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.
De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.
Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena.
En marzo de 2022 el TC consideró válido el indulto, decisión que permitía la liberación de Fujimori.
El 7 de abril de 2023, la Corte IDH ordenó que el Perú no implementara la sentencia del TC.
La semana pasada la Corte IDH requirió al Estado peruano que informe cómo se cumplió esa resolución.
“Siguiendo instrucciones del presidente de Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detalló la Corte IDH en un documento reproducido entonces por el diario oficial El Peruano.
Sin embargo, el fallo del TC publicado hoy considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.
El pedido del tribunal panamericano se conoció un día después de que el TC rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia y, de ese modo, dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo.
A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó la semana pasada que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.
Poco después de conocerse la orden del TC, comenzó a circular en redes sociales una convocatoria sin firma a una protesta para hoy a las 18 (las 20 en la Argentina) en la plaza San Martín, en el centro de Lima, bajo la consigna "indulto es insulto".
Fujimori, elegido en 1990 sin antecedentes políticos, gobernó con mano dura tras disolver el Congreso e impulsar una reforma constitucional que le permitió ser reelecto.
Dejó como legado un modelo de crecimiento económico y el fin de un prolongado conflicto armado interno, pero con un costo alto de violaciones de derechos humanos y corrupción.
Nacido el 28 de julio de 1938 en Lima, en el seno de una familia de origen japonés, cursó estudios en Europa y en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, donde se graduó en Ciencias Exactas y en Ingeniería Agronómica.
Cuando asumió el gobierno, en 1990, Perú atravesaba una hiperinflación y la actuación de los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), conflicto que dejaría en dos décadas cerca de 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Su programa de estabilización económica hizo disminuir la tasa de inflación y hay consenso extendido en que dejó las bases para el sostenido crecimiento que el país registró en las primeras dos décadas del siglo XXI.
En abril de 1992 dio lo que fue considerado un autogolpe de estado: disolvió el Congreso, anuló algunos puntos de la Constitución y detuvo a rivales políticos, argumentando que todas estas medidas estaban destinadas a combatir al grupo Sendero Luminoso y al narcotráfico.
Ese mismo año, en septiembre fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán -pronto juzgado y condenado a cadena perpetua, falleció en 2021 en prisión-, y en noviembre se frustró un intento de golpe de estado y nueve días después se elegió un nuevo Congreso.
Tras ser reelecto, Fujimori debió afrontar otra grave crisis cuando, en diciembre de 1996, el MRTA asaltó la residencia del embajador de Japón en Lima y secuestró allí mismo a varios cientos de personas que habían asistido a una recepción.
Los últimos 72 rehenes fueron liberados cuatro meses después, en un operativo en el que fueron muertos los 14 guerrilleros. Después se sabría que algunos de ellos fueron ejecutados tras rendirse, no por los militares a cargo del operativo sino por uniformados a órdenes del jefe de Inteligencia y principal asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Fujimori fue reelecto nuevamente y asumió su tercer mandato consecutivo en julio de 2000. Sin embargo, jaqueado por denuncias de fraude electoral y de corrupción en su gobierno, renunció en noviembre de ese año desde Japón, a donde había ido en viaje oficial.
Permaneció en Japón hasta 2005, cuando viajó a Chile con la intención de seguir a Perú para postularse otra vez a la Presidencia, pero fue arrestado y, dos años después, extraditado.
Desde entonces fue sometido a numerosos juicios, en la mayoría de los cuales fue condenado, y cumple la sentencia no en una cárcel común sino en una instalación de la Policía Nacional, donde desde hace poco tiempo están también recluidos, por otros motivos, los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo. (Télam)
