ONG reprocha a Brasil por no investigar adecuadamente un operativo policial que dejo 28 muertos

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que los primeros procedimientos para investigar una treintena de muertes durante una operación policial en julio de 2023 en San Pablo, la más mortífera de los últimos 30 años, están siendo "inadecuados" y no cumplen ninguno de los estándares internacionales.
En un informe que lleva el título "Prometieron matar a 30: Asesinatos policiales en Baixada Santista', la organización recordó cómo la muerte de un policía desencadenó un operativo que se prolongó desde el 28 de julio al 5 de septiembre y que dejó 28 muertos, el más sangriento de todo el estado de San Pablo en las últimas tres décadas.
"Las investigaciones iniciales sobre los 28 asesinatos perpetrados por la Policía Civil en el estado de Sao Paulo han sido lamentablemente inadecuadas", denuncia la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien pidió que dichas pesquisas sean dirigidas por fiscales, no por la propia Policía.
En Brasil, la Policía Civil funciona como Policía Judicial del Estado e investiga la mayoría de los delitos penales, trabajando en estrecha colaboración con la llamada 'policía científica', que se encarga de las autopsias.
"Brasil tiene desde hace tiempo un grave problema con el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Las 'operaciones de venganza' tras la muerte de un agente plantean un problema especial", alertó la ONG, según citó la agencia de noticias Europa Press.
La policía mató a más de 6.400 personas en 2022, según la organización Foro Brasileño de Seguridad Pública, que recopila datos de fuentes oficiales a nivel estatal, mientras que los asesinatos de agentes aumentaron un 86 por ciento en el tercer trimestre de 2023 en San Pablo en comparación con el mismo período de 2022.
"Si bien algunos asesinatos cometidos por la policía se producen en defensa propia, muchos son consecuencia del uso excesivo de la fuerza, lo que contribuye a un ciclo de violencia que socava la seguridad pública y pone en peligro las vidas de civiles y policías por igual", alertó HRW.
A través del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, la organización internacional pudo constatar que los exámenes forenses de quince de estas víctimas no cumplieron con los mínimos estándares aceptables en la investigación de muertes relacionadas con armas de fuego en acción policial.
HRW ha recopilado una serie de irregularidades durante la investigación llevada a cabo por las propias autoridades policiales, entre las cuales hay contradicciones de los agentes implicados, tomar declaraciones de manera conjunta y no individual, o la posible manipulación de los cadáveres.
Así, por ejemplo, de los 26 informes revisados, en diez la policía no solicitó un análisis forense en el lugar del tiroteo por diversas consideraciones, entre ellas porque estaba lloviendo.
La ONG también cuestiona la postura de las autoridades locales, que se aventuraron pronto a señalar que los agentes en ningún caso cometieron abuso alguno.
Hace un mes, el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, condecoró a algunos de los policías que participaron en las operaciones.
Por el contrario, la Fiscalía General del estado inició una investigación por esta treintena de muertes por posibles violaciones contra los derechos humanos, además de un proceso administrativo para seguir las acciones que lleva a cabo la Policía Civil en este caso.
HRW reclamó a las autoridades la elaboración de protocolos de actuación para evitar estas llamadas 'operaciones de venganza'.
Las medidas deberían incluir grupos de apoyo psicológico y social inmediato para los agentes que han perdido compañeros en actos de servicio y prohibir que participen en acciones de respuesta; que todos los agentes involucrados en una operación usen cámaras corporales, o que dichas operaciones sean comunicadas a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo, y al resto de organismos fiscalizadores. (Télam)