Diputados: buscan avanzar con la investigación sobre la visita libertaria a genocidas
Este martes 3 de septiembre, a las 16:30, las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales se reunirán en un plenario con el objetivo de dictaminar la creación de una comisión especial. Esta nueva comisión investigará la controvertida visita de seis diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, que tuvo lugar el pasado 11 de julio en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza.
El bloque de Unión por la Patria (UP) ha sido clave en la configuración de esta comisión, exigiendo que la presidencia de la misma no recaiga en el santafesino Nicolás Mayoraz. En cambio, se espera que María Eugenia Vidal, quien ocupa la vicepresidencia primera, asuma la conducción. Esta decisión surge de un pedido presentado por UP en la última reunión de la Comisión de Peticiones, donde Cecilia Moreau criticó duramente a Mayoraz por su presunta participación en los grupos de chat que coordinaron los viajes a la cárcel.
Según información obtenida por parlamentario.com, la comisión investigadora estará conformada por 11 miembros: 4 representantes de UP, 2 de La Libertad Avanza, 2 del Pro, 2 de la Unión Cívica Radical y 1 de Encuentro Federal. Una vez que se eleve el despacho, cada bloque tendrá un plazo de 48 horas para designar a sus representantes. Además, la comisión tendrá la obligación de reunirse al menos una vez por semana para avanzar en la investigación.
El dictamen que impulse la comisión, unificado entre las propuestas de UP y el Frente de Izquierda, deberá presentar un informe con conclusiones y recomendaciones en un plazo máximo de 30 días corridos. Este informe incluirá las medidas que la comisión considere necesarias para abordar las responsabilidades y consecuencias del controvertido encuentro.
El escándalo se originó a mediados de julio, cuando se reveló que los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta se reunieron con represores condenados a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encontraban figuras emblemáticas como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.
La revelación de esta visita generó una ola de críticas y conmoción. En su defensa, las diputadas Bonacci y Arrieta alegaron que fueron "llevadas por engaño". Sin embargo, la situación se complicó cuando se difundió una fotografía de la reunión en la que Arrieta aparecía en el centro de la escena. Este hecho desató una serie de acusaciones internas en La Libertad Avanza, que culminaron con la expulsión de Arrieta del bloque en la Cámara de Diputados.
Tras su salida, la diputada mendocina formó un monobloque y, en un intento por defenderse, publicó en X (antes Twitter) una serie de capturas de pantalla de las conversaciones grupales entre los diputados del oficialismo y el padre Javier Ravasi, a quien se señala como el organizador de las visitas. Según estas conversaciones, se estaría preparando un proyecto de ley para permitir que los exmilitares detenidos puedan acceder a la prisión domiciliaria.
Este polémico episodio ha generado un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública, y la creación de la comisión especial representa un paso crucial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.