Después del freno interno, Kicillof logró mover en el Senado dos apuestas fuertes para la salud bonaerense
Axel Kicillof consiguió destrabar este jueves uno de los paquetes legislativos que el Ejecutivo bonaerense había colocado entre sus prioridades para la segunda mitad del año. Después de un primer intento sin acuerdo, la Comisión de Salud Pública del Senado aprobó por mayoría el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, dos proyectos que ahora pasarán a Legislación General.
El movimiento legislativo llega exactamente un mes después de una reunión en la que el oficialismo no consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen. El 1° de septiembre, ambas iniciativas habían quedado en estudio pese a que Fuerza Patria cuenta con mayoría dentro de la comisión.
Esta vez, el Senado informó oficialmente que los dos expedientes recibieron despacho favorable y continuarán su recorrido parlamentario. Participaron presencialmente el presidente de la comisión, Pedro Borgini, Mónica Macha y Betina Riva; mientras que Sergio Berni, Mario Ishii, Roxana López, María Emilia Subiza, Alex Campbell y Diego Valenzuela siguieron la reunión de manera remota. La comunicación institucional no difundió el detalle nominal de la votación.
El camino hasta el despacho de este jueves no fue lineal. Nicolás Kreplak había concurrido al Senado el 25 de agosto para explicar personalmente las iniciativas ante los legisladores. Allí defendió tanto la integración del sistema como la conformación de la empresa farmacéutica y dejó una definición que el Ejecutivo utilizó para presentar el alcance de las reformas: “Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”.
También aseguró que el objetivo era construir “una nueva base institucional, con reglas más dinámicas y estructuras sólidas, sin aumentar el presupuesto ni el gasto”.
Pero una semana después el oficialismo no consiguió convertir esa exposición en un dictamen. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, dentro de Fuerza Patria aparecieron pedidos de mayor precisión sobre el alcance de las propuestas. Mario Ishii no acompañó el avance en aquella reunión y las cuatro bancas opositoras de la comisión ya habían planteado reparos. Sin las firmas necesarias, Borgini resolvió mantener los proyectos en estudio. Un mes después, el resultado fue diferente: Salud Pública emitió los despachos que faltaban.
SIPBA: qué pretende cambiar
El proyecto más amplio es el que crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El expediente ingresó formalmente al Senado el 23 de junio y establece una nueva estructura destinada a articular los tres grandes componentes que hoy conviven en territorio bonaerense: el subsector público, el privado y la seguridad social.
La propuesta parte del diagnóstico del Ministerio de Salud de que el sistema funciona de manera fragmentada entre hospitales provinciales, establecimientos municipales, clínicas y sanatorios privados, obras sociales y otros financiadores.
El texto coloca al Ministerio de Salud como autoridad rectora y propone una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, organizada según niveles de complejidad. También busca que los distintos establecimientos puedan intercambiar información sanitaria mediante sistemas informáticos compatibles.
Uno de los puntos centrales es la coordinación territorial. La reforma contempla instancias como el Consejo de Salud de la Provincia, consejos regionales y espacios permanentes de trabajo con financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales.
Además, el proyecto establece que los establecimientos sanitarios deben evaluar y estabilizar una emergencia independientemente de la cobertura de la persona que requiera atención. En el subsistema público se mantiene el principio de no arancelamiento.
Kreplak sostuvo ante los senadores que la integración permitiría conocer mejor qué recursos existen en cada región, planificar inversiones y ordenar derivaciones y niveles de atención. El ministro señaló que la falta de articulación actual dificulta incluso saber con precisión dónde están disponibles determinados especialistas, equipamientos o prestaciones dentro de un mismo territorio.
El alcance de esa rectoría provincial fue uno de los puntos cuestionados durante la discusión anterior. Desde La Libertad Avanza, Diego Valenzuela puso en duda qué margen conservarían los municipios para tomar decisiones sobre sus sistemas sanitarios. Entre sus preguntas planteó si una comuna necesitaría autorización provincial para mejorar salarios médicos o incorporar determinados equipos.
Desde HECHOS-UCR Identidad también aparecieron reparos. María Emilia Subiza expresó escepticismo respecto de una coordinación provincial por encima de estructuras municipales y privadas, mientras Marcelo Leguizamón cuestionó parte del paquete sanitario y reclamó explicaciones sobre otros problemas del sistema.
Los prestadores privados también pidieron precisiones. ACLIBA y FECLIBA plantearon interrogantes sobre las facultades de habilitación, fiscalización y organización territorial previstas en el SIPBA. Entre los temas que llevaron a la discusión figuraron las condiciones para instalar determinados servicios sanitarios y el alcance concreto de las atribuciones regulatorias del Ministerio.
Una empresa provincial para producir medicamentos
El segundo expediente crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. La Provincia conservaría la mayoría accionaria y la sociedad funcionaría en jurisdicción del Ministerio de Salud.
El proyecto habilita a la compañía a investigar, desarrollar, producir, fraccionar, adquirir, importar, exportar, distribuir y comercializar medicamentos, vacunas, productos médicos e insumos sanitarios. También contempla ingredientes farmacéuticos activos, insumos odontológicos, equipamiento y tareas de control de calidad.
La gestión de Kicillof sostiene que la estructura empresarial permitiría superar restricciones administrativas que actualmente enfrenta la producción pública, especialmente para contratar personal especializado, mantener equipamiento, comprar insumos importados y ampliar escalas de producción.
Kreplak rechazó ante los legisladores que la forma societaria implique disminuir el papel estatal. “Ningún laboratorio público funciona por fuera del concepto de empresa; somos los únicos que operamos de manera diferente para garantizar el acceso”, sostuvo.
El proyecto busca además abastecer a hospitales provinciales y municipios y establecer mejores condiciones de negociación para las compras públicas.
Una iniciativa que ya había quedado en el camino
La empresa de medicamentos acumula un antecedente legislativo. Una versión anterior obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en diciembre de 2024, después de modificaciones acordadas durante su tratamiento. Sin embargo, nunca avanzó en el Senado y terminó archivada por caducidad en marzo de este año.
Kicillof decidió entonces volver a presentar el proyecto en junio de 2026, esta vez iniciando el recorrido nuevamente en la Cámara alta. El actual expediente tiene como comisiones asignadas Salud Pública y Legislación General.
La producción estatal de medicamentos, además, no encuentra una división completamente lineal entre oficialismo y oposición. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la radical Alejandra Lordén había impulsado su propia iniciativa para fortalecer una red pública de producción farmacéutica, aunque con una estructura jurídica diferente a la SAPEM propuesta por Kicillof.
Las diferencias aparecen principalmente sobre qué figura institucional debería utilizarse, qué facultades tendrá la nueva estructura y qué ocurrirá con organismos públicos que ya producen medicamentos.
Una de esas preguntas pasa por el Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”. Trabajadores del organismo habían reclamado precisiones sobre cómo conviviría la nueva compañía con la estructura existente y qué impacto podría tener sobre sus puestos y funciones.
Kreplak aseguró ante el Senado que la reforma no perjudicará a los empleados y sostuvo que la iniciativa cuenta con acompañamiento dentro del organismo.
Desde la oposición surgió una posición diferente: fortalecer directamente el Instituto en lugar de crear una nueva sociedad. Leguizamón fue uno de los legisladores que llevó ese planteo durante la visita del ministro. Para el Ejecutivo, en cambio, la nueva figura jurídica permitiría hacer operaciones que hoy resultan más complejas bajo el esquema administrativo actual.