Ley de Tierras: el peronismo bonaerense cierra filas ante el fallo y acelera su respuesta legislativa
La discusión por la propiedad de las tierras rurales volvió a encontrar al peronismo bonaerense en una posición convergente, esta vez después del fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó la Ley nacional 26.737. Desde Axel Kicillof hasta el bloque de Fuerza Patria en Diputados, la respuesta combina rechazo político al pronunciamiento judicial y un intento por acelerar una regulación propia en territorio provincial.
El gobernador calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y sostuvo que afecta la soberanía nacional. También vinculó la decisión judicial con la discusión que meses atrás atravesó el Congreso, cuando el Gobierno nacional intentó modificar las restricciones a la adquisición de campos por extranjeros dentro de su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y terminó retirando ese capítulo por falta de apoyos.
La Corte, sin embargo, no resolvió sobre la constitucionalidad de la derogación. El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación suficiente para impulsar la acción y revocó la sentencia de la Cámara Federal platense. El efecto concreto fue que volviera a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley de Tierras de 2011.
De la reacción política a una ley bonaerense
La respuesta se trasladó casi inmediatamente a la Legislatura. El jefe del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, intentó que la Cámara de Diputados repudiara el fallo y que los proyectos bonaerenses sobre extranjerización obtuvieran preferencia para ser tratados con mayor velocidad.
La moción no alcanzó los dos tercios. La Libertad Avanza, PRO, UCR + Cambio Federal, Coalición Cívica y Derecha Popular estuvieron entre los espacios que no acompañaron, mientras otros bloques opositores sí respaldaron el planteo. Tignanelli pidió que las iniciativas pasen rápidamente por las comisiones pendientes y lleguen al orden del día de una próxima sesión.
La posición también fue acompañada por Mayra Mendoza, que cuestionó públicamente la decisión de la Corte, mientras dentro del oficialismo provincial volvió a cobrar fuerza la idea de construir una protección bonaerense independiente de lo que ocurra con la legislación nacional.
Ese camino ya había comenzado antes del fallo. La Comisión de Tierras y Organización Territorial aprobó y unificó dos proyectos presentados por distintas vertientes del peronismo: uno firmado por Noelia Saavedra, Cintia Romero y Tignanelli, y otro impulsado por la massista Sofía Vannelli junto a Rubén Eslaiman y Alexis Guerrera.
La resolución de la Corte cambió ahora la urgencia política de esos expedientes. Lo que había surgido como una respuesta preventiva frente al intento del Gobierno nacional de flexibilizar la ley vuelve a aparecer como una herramienta concreta después de que las restricciones nacionales quedaran nuevamente derogadas.
El límite del 15% y el foco puesto en los municipios
El texto que avanzó en comisión propone que las personas físicas o jurídicas extranjeras no puedan superar el 15% de la titularidad o posesión de tierras rurales, tanto sobre el total del territorio bonaerense como dentro de cada uno de los 135 partidos.
Reunión de la Comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara de Diputados.
Ese último punto adquiere especial relevancia por la distribución actual de la propiedad. Los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales incorporados a los fundamentos del proyecto indican que alrededor de 834.421 hectáreas rurales bonaerenses están en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% del total provincial. Sin embargo, el promedio esconde situaciones muy diferentes: en Zárate la participación alcanza el 24,8% y en Campana, el 50,2%.
El régimen busca justamente impedir que un porcentaje provincial relativamente bajo conviva con concentraciones mucho mayores en determinados distritos. También establece que una misma nacionalidad no pueda concentrar más del 30% del cupo extranjero permitido.
Para la denominada zona núcleo, el proyecto fija además un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero. El área comprende 22 municipios, entre ellos Junín, Pergamino, Chacabuco, Rojas, San Nicolás, San Pedro, Chivilcoy, Bragado y Arrecifes.
La propuesta crea además un Registro Provincial de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial, incorpora controles sobre los beneficiarios finales de sociedades y contempla zonas de protección estratégica como humedales, cuencas hídricas, costas, reservas naturales, cinturones hortícolas y territorios vinculados con la agricultura familiar.
Dos frentes abiertos: La Plata y el Congreso
La estrategia del peronismo bonaerense queda así desplegada en dos planos. En La Plata, la prioridad es transformar los proyectos ya unificados en una ley provincial capaz de sostener límites propios sobre las operaciones con capital extranjero. En el Congreso nacional, Unión por la Patria busca avanzar sobre el DNU 70/2023.
El Senado ya rechazó ese decreto en 2024, pero para que pierda vigencia también debe hacerlo Diputados. Tras la resolución de la Corte comenzaron conversaciones opositoras para intentar llevar nuevamente el tema al recinto, mientras la Casa Rosada busca reunir apoyos para sostenerlo.
El fallo, por lo tanto, no cerró la discusión que el Gobierno había perdido parcialmente cuando retiró del Senado su reforma sobre tierras. Para el peronismo bonaerense, por el contrario, volvió a colocarla en el centro de la agenda y convirtió al proyecto provincial en la principal herramienta legislativa disponible para fijar límites dentro de Buenos Aires.