Ley de Tierras: qué se discute tras el fallo de la Corte y cómo sigue la pulseada en el Congreso
La decisión del máximo tribunal volvió a dejar operativa la derogación dispuesta por el DNU 70/2023, pero no analizó su constitucionalidad. La oposición busca avanzar en Diputados, mientras el Gobierno abrió negociaciones para sostener el decreto.
Juan Manuel Villarreal
El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras abrió un nuevo capítulo político y parlamentario alrededor del DNU 70/2023. Después de que el máximo tribunal revocara la sentencia que mantenía vigente la Ley 26.737, sectores de la oposición comenzaron a trabajar en una sesión de la Cámara de Diputados para rechazar el decreto, mientras el Gobierno inició conversaciones con bloques aliados y gobernadores para impedir ese avance.
La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se concentró en una cuestión procesal. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación suficiente para promover la acción colectiva y que no estaba configurado un caso judicial que permitiera pronunciarse sobre el fondo. Por ese motivo, el tribunal no determinó si la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia es o no compatible con la Constitución.
El efecto inmediato de la resolución, sin embargo, es concreto: al quedar sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata, vuelve a operar el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737. Esa norma, sancionada en 2011, establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal.
La oposición busca llevar el DNU a Diputados
Tras conocerse la resolución, diputados de Unión por la Patria mantuvieron un encuentro con representantes del CECIM para analizar el nuevo escenario y anticiparon que trabajarán en la convocatoria a una sesión destinada a rechazar el DNU 70/2023.
La discusión tiene una particularidad parlamentaria. El Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024, por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. De acuerdo con el régimen vigente para los decretos de necesidad y urgencia, es necesario que ambas cámaras lo rechacen expresamente para que pierda vigencia. Diputados todavía no adoptó esa decisión.
Las conversaciones opositoras involucran, además de Unión por la Patria, a sectores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Entre las fechas evaluadas para una eventual sesión aparece el 14 de octubre, aunque la convocatoria todavía depende de las negociaciones para reunir los votos y garantizar la presencia necesaria en el recinto.
En paralelo, el bloque Justicialista del Senado presentó una iniciativa que apunta específicamente a restituir la vigencia de la Ley de Tierras, otra alternativa legislativa frente al escenario abierto por el fallo.
El Gobierno abrió negociaciones para sostener el decreto
La Casa Rosada, por su parte, comenzó contactos con bloques aliados y gobernadores con el objetivo de evitar que Diputados complete el rechazo parlamentario del DNU. La estrategia oficial se concentra en reunir respaldos suficientes para impedir que la oposición alcance los números necesarios en la Cámara baja.
Dentro de esas conversaciones, el oficialismo también analiza retomar la discusión de un proyecto sobre propiedad privada e incorporar algún tipo de restricción a la compra de tierras rurales por extranjeros. La alternativa permitiría negociar específicamente sobre ese punto sin dejar caer el resto de las disposiciones del DNU 70/2023 que continúan vigentes.
Así, el fallo de la Corte no cerró la discusión sobre la Ley de Tierras. Por el contrario, trasladó nuevamente una parte central de la disputa al Congreso: la oposición busca reunir una mayoría para rechazar el DNU en Diputados, mientras el Gobierno intenta sostener el decreto mediante acuerdos con aliados y gobernadores.
El frente judicial tampoco quedó definido sobre el fondo de la controversia. La resolución de la Corte se concentró en la legitimación de quienes promovieron el amparo y no emitió una definición acerca de la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737.
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