Tribunal Fiscal, punto por punto: las claves de la reforma que obtuvo media sanción en Diputados

La reforma del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense completó una de las etapas centrales de una negociación que durante septiembre reunió a sectores que habitualmente aparecen enfrentados en la Legislatura. La Cámara de Diputados aprobó el expediente D-3107/26-27, que modifica el Decreto-Ley 7603/70 y redefine aspectos económicos, remunerativos y de funcionamiento del organismo encargado de revisar controversias entre los contribuyentes y la administración tributaria provincial. 

El proyecto tiene seis firmas: Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman, de Fuerza Patria; Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal; Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello, del PRO; y Martín Rozas, de Unión y Libertad. Ingresó formalmente el 26 de agosto, obtuvo dictamen con modificaciones el 25 de septiembre y cuatro días después consiguió la media sanción de Diputados. 

La versión que llegó al recinto no fue la misma que se había presentado originalmente. Durante el trabajo en comisión, los diputados eliminaron la ampliación de relatores prevista inicialmente, elevaron del 0,60% al 0,75% la nueva tasa para acudir al Tribunal y precisaron el destino del dinero recaudado. 

Como había informado GRUPOLAPROVINCIA.COM, el expediente nació de una negociación que reunió a La Cámpora, el Frente Renovador, la UCR, el PRO y Unión y Libertad y que había comenzado antes de la presentación formal del proyecto. 

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El Tribunal Fiscal de Apelación funciona como una instancia administrativa especializada para revisar determinadas decisiones tributarias de la Provincia. Allí pueden llegar contribuyentes que cuestionan, entre otros casos, determinaciones de impuestos, multas, demandas de repetición o pedidos de compensación vinculados con la actuación fiscal provincial.

La reforma incorpora ahora la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires (TATFABA). La base se calculará sobre el saldo del impuesto que se discute, el monto de las multas aplicadas o la suma involucrada en una demanda de repetición o solicitud de compensación. Los intereses y recargos legales quedan fuera del cálculo. 

La alícuota quedó fijada finalmente en 0,75%. Para los recursos referidos exclusivamente a conceptos sin cuantificación monetaria o cuestiones formales, se establece un pago equivalente al 0,2% del importe fijado como umbral de acceso recursivo vigente. Cuando existan varias apelaciones, cada recurso deberá pagar su propia tasa. 

Ese porcentaje fue uno de los principales cambios introducidos antes de la votación. El proyecto original establecía 0,60%, cifra que todavía figuraba en las primeras versiones analizadas durante septiembre. El dictamen de comisión elevó la alícuota a 0,75%. 

El nuevo mecanismo incorpora además consecuencias directas para quien presente una apelación y no abone la tasa. El texto aprobado establece que deberá cancelarse en su totalidad al momento de interponer el recurso, mediante el mecanismo que dispongan el Ministerio de Economía y/o ARBA. Si no se paga, el Tribunal deberá intimar al contribuyente para que regularice la situación dentro de un plazo de diez días. 

Si ese plazo vence sin que se haya realizado el pago, la presentación dejará de tramitar ante el Tribunal Fiscal como apelación y será considerada un recurso de reconsideración, con remisión de las actuaciones administrativas a ARBA. 

Ese punto estuvo entre las principales objeciones de La Libertad Avanza. Durante el tratamiento en comisión, el diputado Pablo Morillo sostuvo que el cobro podía afectar el derecho de defensa de personas y pymes. “Esto puede limitar el derecho de defensa de personas humanas y pymes”, planteó el legislador, y cuestionó que la falta de pago termine devolviendo la discusión a la propia administración tributaria que dictó el acto impugnado.

Un fondo propio con todo lo recaudado

La segunda pieza central es el Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET). El texto dispone que el 100% de la recaudación obtenida por la nueva tasa ingrese a una cuenta especial abierta en el Banco Provincia. La distribución será definida por el propio Tribunal mediante un Acuerdo Extraordinario de Vocales. 

El dinero tendrá destinos específicos: financiar las remuneraciones del presidente y los vocales conforme al nuevo esquema salarial y solventar acciones de jerarquización, especialización, capacitación, modernización y fortalecimiento institucional. 

La modificación incorporada en comisión tuvo justamente ese objetivo. Los fundamentos del dictamen indican que el destino del FOJET fue reformulado para que el fondo “afronte los gastos que genera el presente proyecto”. 

Una parte central de la modificación está vinculada con las remuneraciones. La nueva redacción establece que los miembros del Tribunal Fiscal recibirán el mismo tratamiento remunerativo que los vocales del Tribunal de Cuentas bonaerense y estarán alcanzados por idéntico régimen previsional. El presidente del organismo tendrá, además, un suplemento mensual equivalente al 10% del sueldo. 

Durante la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el vicepresidente primero de Diputados, Alexis Guerrera, explicó el planteo con el que los bloques impulsores justificaron la necesidad de modificar el esquema.

“Ellos renunciaron a ejercer como abogados y a ejercer como contadores, y la Provincia les paga $1.400.000”, señaló. Agregó que varios integrantes provienen del interior bonaerense y recordó que anteriormente los vocales percibían remuneraciones equivalentes a las de un juez de Cámara. 

De 27 relatores posibles a mantener la estructura actual

El proyecto sufrió otro cambio importante antes de llegar al recinto. La versión original autorizaba que cada uno de los nueve vocales pudiera ser asistido por hasta tres relatores, en lugar de uno. El máximo potencial pasaba así de nueve a 27 colaboradores y habilitaba hasta 18 posiciones adicionales. 

Esa ampliación fue retirada. Los propios fundamentos del despacho aprobado en comisión señalan que se resolvió “eliminar el artículo 1 que aumenta la cantidad de relatores por vocal”. La decisión quedó asociada al mismo paquete de modificaciones que elevó la tasa del 0,60% al 0,75% y redefinió el destino del FOJET. 

La Libertad Avanza había cuestionado específicamente esa expansión. En su dictamen de rechazo, el bloque sostuvo que la propuesta original pretendía llevar la estructura de nueve a 27 cargos sin acompañar estadísticas sobre carga de trabajo, productividad ni una estimación del costo fiscal. 

La reforma también modifica la dinámica de las salas. El Tribunal está integrado por nueve vocales distribuidos en tres salas. El proyecto establece que, cuando exista coincidencia absoluta de fundamentos y resolución entre los dos primeros votos, podrá prescindirse del tercero. 

En los casos en que exista un integrante disidente, este podrá expresar su posición por escrito y fundamentar su discrepancia. La sentencia continuará siendo firmada por los miembros de la sala y refrendada por el secretario.

También se actualiza el régimen para situaciones de recusación, excusación, vacancia o impedimento. Si los reemplazos internos no resultan suficientes, la sala podrá integrarse mediante sorteo y audiencia pública con una nómina de conjueces abogados o contadores matriculados que reúnan los requisitos para ser vocales. El texto dispone que vocales subrogantes y conjueces no percibirán una remuneración adicional por ejercer esa función.

De un solo vocal a completar las nueve sillas

La reforma llega menos de un año después de una recomposición completa del Tribunal. Durante buena parte de 2025, el organismo había quedado reducido a un solo vocal titular, Ángel Carlos Carballal, mientras las otras posiciones eran cubiertas mediante mecanismos de reemplazo. Esa situación terminó en diciembre, cuando la Legislatura prestó acuerdo a ocho nuevos pliegos. 

El 2 de febrero de 2026, Kicillof firmó el Decreto 39/2026, que designó a Cecilia Oroz, Ángel Gabriel Villegas, Marcelo Darío Giampaoli, Federico Carozzi, Virginia García, Mariana Rodríguez, María Fernanda Campo y Gabriel De Pascale. Con esas incorporaciones quedaron nuevamente cubiertas las nueve vocalías. 

Los ocho integrantes juraron el 27 de febrero. El esquema quedó dividido en tres salas con profesionales del derecho y las ciencias económicas.  Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, aquellos nombramientos habían formado parte de las negociaciones desarrolladas a fines de 2025, cuando oficialismo y oposición discutieron simultáneamente el Presupuesto, la Ley Fiscal y el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo.