Deudas familiares: las tres propuestas que compiten en Diputados y qué cambia con cada una

La Cámara de Diputados entra este martes en una instancia clave del debate sobre el endeudamiento familiar, con un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor en el que distintos espacios buscarán avanzar con sus respectivos dictámenes. El encuentro está previsto para las 14 y llega después de varias semanas de discusión sobre morosidad, tarjetas de crédito, préstamos y financiamiento a través de billeteras virtuales.

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Sobre la mesa aparecen enfoques diferentes para abordar el problema. La Libertad Avanza, junto con sectores del PRO y la UCR, impulsa una propuesta centrada principalmente en la prevención del sobreendeudamiento y la transparencia de las condiciones crediticias. Otros bloques opositores trabajan sobre mecanismos de intervención para deudas ya existentes, con refinanciación, límites a tasas y eliminación de determinados intereses. Argentina Federal, a su vez, promueve un esquema propio de desendeudamiento.

Qué propone el oficialismo

La iniciativa coordinada por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici pone el foco en mejorar la información que reciben los consumidores antes de tomar un crédito.

Uno de sus ejes es el Costo Financiero Total (CFT), que concentra intereses, comisiones, seguros y otros cargos asociados al financiamiento. La propuesta busca que ese dato tenga mayor visibilidad para permitir que los usuarios conozcan cuánto terminarán pagando y puedan comparar alternativas.

El texto también contempla mecanismos de seguridad como la doble autenticación antes de acceder a un crédito, educación financiera digital y herramientas de autocontrol. Además, involucra al Banco Central, a las entidades bancarias y a las fintech en cuestiones vinculadas con la información financiera y alternativas de refinanciación.

Dentro de ese esquema se incorporó además una iniciativa del radicalismo para sumar contenidos de educación financiera en las escuelas secundarias, con conocimientos sobre administración del dinero, ahorro, crédito, endeudamiento y funcionamiento del sistema financiero.

A diferencia de otras propuestas en debate, el proyecto oficialista no plantea en las fuentes consultadas un régimen general de emergencia con topes a las tasas para las deudas actualmente en mora.

Emergencia por 180 días, topes y refinanciación

Otro de los dictámenes en discusión reúne puntos consensuados entre Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

La propuesta contempla declarar una Emergencia Financiera y Crediticia por 180 días, prorrogable por un período igual, y establecer límites sobre las tasas nominales aplicadas por tarjetas de crédito y billeteras virtuales. También prevé topes sobre gastos y comisiones.

Uno de los puntos principales es la implementación de planes de refinanciación de hasta 36 meses, dependiendo del monto adeudado.

Además, el proyecto dispone eliminar el 100% de los intereses punitorios, aunque mantiene el capital original y los intereses compensatorios. Es decir, la propuesta no implica una condonación general de las deudas.

El esquema incorpora también una herramienta relacionada con los sistemas de evaluación utilizados por las billeteras virtuales. Defensa del Consumidor podría requerir información sobre los algoritmos empleados para determinar condiciones de crédito y tasas según el perfil de cada cliente.

La definición de “sobreendeudamiento por subsistencia familiar” incluida en una de las iniciativas comprende deudas contraídas para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación, servicios públicos, transporte, vestimenta y artículos de limpieza que acumulen una mora superior a 60 días.

El proyecto de Argentina Federal

Un tercer dictamen será impulsado por Argentina Federal, a partir de una propuesta encabezada por Oscar Herrera Ahuad y acompañada por Yolanda Vega.

El proyecto crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para permitir que distintas obligaciones puedan concentrarse en una sola operación crediticia.

Según el texto reseñado por Noticias Argentinas, el programa contempla cuotas con una tasa fija máxima del 35% y establece que los ingresos del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

También fija un límite para las tasas que pueden ofrecer las emisoras de tarjetas y entidades financieras no bancarias: la Tasa Nominal Anual no podría superar 1,5 veces la TNA aplicada a los plazos fijos a 30 días para personas humanas.

Otra alternativa propone créditos a cinco años

Entre las iniciativas presentadas durante el debate también figura una propuesta de la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres.

El esquema está dirigido a personas clasificadas en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central y plantea refinanciar obligaciones mediante créditos de mayor plazo y menor costo financiero.

Los préstamos serían concedidos por bancos que adhieran voluntariamente al programa, con beneficios impositivos y financiamiento proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

De acuerdo con la propuesta, el Estado no asumiría las deudas privadas. Los créditos estarían ajustados por UVA, tendrían una tasa máxima del 7,5% anual y un plazo de cinco años.

Cuándo podrían llegar los proyectos al recinto

El plenario de este martes tiene como objetivo avanzar con la firma de dictámenes después del proceso de debate desarrollado en las comisiones.

La discusión legislativa abarca decenas de expedientes vinculados con sobreendeudamiento, tarjetas de crédito, protección de usuarios financieros y mecanismos de refinanciación. El tema ya integró el temario de la sesión especial del 9 de septiembre de Diputados.

Si los dictámenes avanzan, las iniciativas podrían llegar al recinto en una próxima sesión prevista para el miércoles 7 de octubre, según la agenda parlamentaria informada hasta el momento.

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La definición central del debate pasa así por el alcance de la respuesta legislativa: mientras una de las propuestas pone el énfasis en prevenir nuevos casos mediante mayor información y educación financiera, otras incorporan instrumentos específicos para personas que ya atraviesan situaciones de mora, como límites a tasas, refinanciaciones y eliminación de intereses punitorios.