Del bolsillo a la Justicia: las leyes que Diputados buscará mover en una sesión cargada

La Cámara de Diputados bonaerense volverá al recinto este martes 29 de septiembre a las 15 para celebrar su quinta sesión ordinaria del año. La convocatoria llega después de una semana de actividad intensa en comisiones y concentra un temario que cruza dos de los asuntos que ganaron espacio en la agenda provincial: el endeudamiento de los hogares y una serie de reformas destinadas a modificar el funcionamiento de organismos y procedimientos judiciales.

La sesión será también la primera traducción concreta del entendimiento que legisladores oficialistas y opositores alcanzaron días atrás para destrabar iniciativas que venían demoradas entre ambas cámaras. Ese acuerdo no supone acompañamiento automático a todos los expedientes: varios textos llegan con consensos amplios, mientras otros todavía arrastran diferencias que deberán resolverse antes o durante el debate. 

Cuatro proyectos para las familias endeudadas

Uno de los bloques centrales será el paquete sobre sobreendeudamiento familiar que obtuvo despacho el viernes en una reunión conjunta de Legislación General y Derechos del Usuario y el Consumidor. De nueve expedientes que estaban en discusión, los diputados terminaron agrupando las propuestas en cuatro proyectos de ley. 

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Las iniciativas abarcan distintas etapas del problema: reglas para brindar información más clara al momento de contratar créditos; límites a la publicidad engañosa y herramientas de educación financiera; controles sobre prácticas abusivas de cobranza; una instancia de tratamiento del sobreendeudamiento; y mecanismos judiciales para reestructurar obligaciones de consumo cuando una persona ya no puede afrontar regularmente sus compromisos.

GRUPOLAPROVINCIA.COM ya desarrolló las diferencias que aparecieron durante ese debate, entre ellas la discusión sobre el papel de la Defensoría del Pueblo y la posibilidad de acudir directamente a la Justicia. El lunes continuará la negociación para intentar acercar posiciones antes de la sesión. 

El PRO y UCR + Cambio Federal permitieron que los cuatro textos obtuvieran despacho, pero se abstuvieron y cuestionaron la velocidad del tratamiento. Ambos espacios anticiparon que terminarán de fijar su posición de cara al recinto, aunque dirigentes de esas bancadas señalaron que probablemente acompañen buena parte del paquete. La Libertad Avanza, en cambio, votó en contra de las iniciativas durante el plenario de comisiones.

La discusión llega en medio de un crecimiento de las dificultades para afrontar compromisos financieros. Una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense, citada en el debate legislativo y realizada sobre 1.408 respuestas de 97 municipios, indicó que el 56,6% de los hogares consultados había pedido un préstamo durante el último año y que, entre quienes lo hicieron, el 73,5% todavía no lo había cancelado. 

Tribunal Fiscal: un acuerdo transversal con una tasa en discusión

Otro de los expedientes que llegará al recinto propone reformar el Tribunal Fiscal de Apelación, el organismo que interviene cuando contribuyentes cuestionan determinaciones, multas u otros actos de la administración tributaria provincial. El texto fue firmado por referentes del peronismo, la UCR, el PRO y Unión y Libertad y obtuvo despacho esta semana.

La modificación plantea aumentar de uno a tres los relatores que pueden asistir a cada uno de los nueve vocales del Tribunal y habilitar que, cuando los dos primeros integrantes de una sala coincidan en sus fundamentos, pueda prescindirse del tercer voto. Sus impulsores sostienen que esos cambios buscan acelerar resoluciones y dar mayor estabilidad al funcionamiento del organismo. 

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El aspecto que concentró mayor discusión fue la creación de una Tasa de Actuación del 0,60%, calculada sobre el monto tributario que se discute en la apelación. Los bloques que impulsan la reforma defienden la herramienta como un mecanismo de financiamiento específico para el Tribunal; La Libertad Avanza votó en contra y advirtió que el cobro podría convertirse en una barrera para contribuyentes, especialmente pymes y personas humanas.

La reforma del Tribunal Fiscal tiene además una particularidad política: nació de las negociaciones legislativas de fines de 2025 vinculadas con el endeudamiento provincial y terminó transformándose en uno de los pocos proyectos firmados de manera conjunta por dirigentes del oficialismo y sectores de la oposición que suelen ubicarse en veredas diferentes. 

Una audiencia obligatoria antes de fijar el juicio oral

El tercer eje relevante será una modificación al Código Procesal Penal bonaerense impulsada por la diputada de Fuerza Patria Lucía Iañez y el radical Valentín Miranda. La iniciativa, que recibió respaldo unánime en Asuntos Constitucionales y Justicia, propone establecer una audiencia preliminar obligatoria antes de fijar la fecha del juicio oral. 

Actualmente, fiscalía y defensa pueden alcanzar acuerdos alternativos —como un juicio abreviado o una suspensión del juicio a prueba— incluso cuando el debate oral ya está programado. Los autores del proyecto sostienen que eso genera una acumulación de fechas que después quedan vacantes porque numerosos casos terminan resolviéndose por otras vías. Según los fundamentos citados durante el tratamiento, cerca del 80% de esos procesos concluye mediante acuerdos alternativos, una estimación atribuida a los impulsores de la reforma.

La propuesta busca concentrar esas negociaciones en una instancia anterior. Solo después de esa audiencia se fijaría una fecha para el debate cuando efectivamente corresponda llegar a juicio. El texto también incorpora expresamente la participación de la víctima en esa etapa. 

Iañez explicó que el proyecto surgió de conversaciones con la Suprema Corte bonaerense y fue discutido con jueces y fiscales. El objetivo declarado es reducir el cuello de botella de los tribunales orales sin modificar de manera integral la estructura del proceso penal.

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Los proyectos que llegan desde el Senado

La sesión no quedará limitada a los expedientes generados en Diputados. El acuerdo parlamentario alcanzado durante la última semana incluyó el compromiso de acelerar iniciativas que ya consiguieron media sanción, especialmente aquellas que habían reunido consensos amplios en la otra cámara. 

Entre los proyectos que aparecen en esa agenda está la adhesión bonaerense a la denominada Ley Nicolás, vinculada con la prevención de errores en diagnósticos y la seguridad de los pacientes; la creación de un Sistema Provincial de Gestión del Riesgo para organizar respuestas ante desastres naturales; y una iniciativa destinada a prevenir y abordar episodios de violencia contra trabajadores de la educación y de la salud. 

El movimiento de expedientes se inscribe en una negociación más amplia que todavía tiene asuntos pendientes: reformas electorales hacia 2027, vacantes en la Suprema Corte y reclamos vinculados con fondos municipales continúan en discusión y no forman parte del núcleo de leyes que llegará este martes al recinto. 

La atención inmediata estará puesta en otra cuestión: cuánto del trabajo realizado en comisiones logra transformarse efectivamente en media sanción. El martes, los cuatro proyectos sobre deudas familiares llegarán con posiciones todavía en revisión; la reforma del Tribunal Fiscal exhibe un consenso más amplio pero mantiene el rechazo libertario; y la modificación de los juicios orales arriba al recinto después de un despacho unánime.