Fuerzas Armadas, desinformación y activos: qué esconde la pulseada por la ley de Malvinas en Diputados
El oficialismo abre el miércoles el tratamiento de una iniciativa que endurece sanciones por la explotación de recursos en las Islas, pero también crea un Consejo de Seguridad Nacional, modifica normas de defensa y suma nuevos delitos. La oposición cuestiona que temas sensibles queden reunidos bajo una misma ley.
Pamela Orellana
La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre a debatir un proyecto que el Gobierno presentó bajo el título de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero cuyo alcance excede largamente la cuestión Malvinas. La iniciativa enviada por Javier Milei contiene 133 artículos y combina un nuevo régimen de sanciones por la explotación de recursos en las Islas con reformas en defensa, seguridad nacional, inteligencia, financiamiento extranjero y derecho penal.
El expediente 0010-PE-2026 ingresó el 17 de septiembre y fue girado a Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, con la primera de esas comisiones como cabecera. El plenario marcará el comienzo formal de una discusión en la que el oficialismo pretende avanzar con rapidez y que ya despertó objeciones entre distintos sectores opositores.
El punto de partida tiene consenso transversal: reforzar las herramientas para sancionar a empresas que explotan sin autorización argentina recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Sin embargo, la extensión del articulado desplazó la atención hacia otros capítulos que modifican estructuras y facultades estatales mucho más amplias.
Un proyecto sobre Malvinas que va mucho más lejos
El texto reemplaza el régimen vigente sobre actividades hidrocarburíferas por otro que alcanza distintos recursos naturales y amplía el universo de sujetos susceptibles de ser sancionados. Pero esa es apenas una parte de la iniciativa.
El proyecto también crea un Consejo de Seguridad Nacional, incorpora cambios al sistema de Defensa Nacional, introduce reglas sobre influencia extranjera, modifica disposiciones vinculadas con el financiamiento político y agrega nuevas figuras al Código Penal. La oposición comenzó a cuestionar precisamente esa acumulación de materias bajo una única ley.
El diputado Agustín Rossi, de Unión por la Patria, calificó la propuesta como una iniciativa “ómnibus” y sostuvo que el Gobierno utiliza la cuestión Malvinas para introducir cambios en el sistema de seguridad nacional. Entre la oposición se repite la expresión “caballo de Troya” para describir sus reparos sobre el alcance del articulado. Se trata de caracterizaciones políticas de la oposición, no de una descripción jurídica del proyecto.
Jorge Taiana, diputado nacional y exministro de Defensa, centró sus cuestionamientos en la combinación de áreas que históricamente cuentan con marcos legales diferenciados. Afirmó que el proyecto mezcla defensa, seguridad e inteligencia y sostuvo que esas funciones deberían permanecer separadas. También planteó objeciones al mecanismo de regularización previsto para empresas sancionadas por actividades vinculadas con Malvinas.
El Consejo de Seguridad y las atribuciones del Ejecutivo
Uno de los cambios institucionales de mayor alcance es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo.
La iniciativa le asigna funciones de coordinación sobre política exterior, defensa, inteligencia, economía, ciberseguridad e infraestructura crítica. También contempla herramientas excepcionales ante situaciones consideradas amenazas graves e inminentes para la seguridad nacional.
Entre las medidas previstas aparecen restricciones temporales sobre determinadas operaciones financieras, inmovilización de activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y decisiones vinculadas con el comercio exterior.
Ese capítulo es uno de los puntos sobre los que la oposición anticipa una discusión sobre los límites de las facultades presidenciales. Las críticas apuntan a la amplitud de los instrumentos disponibles y a los criterios mediante los cuales podría determinarse la existencia de una amenaza.
El oficialismo sostiene, en cambio, que las herramientas están pensadas para responder a amenazas externas y situaciones excepcionales, y que la legislación mantiene los controles y requisitos previstos para su aplicación.
Fuerzas Armadas y una discusión que excede las Islas
La reforma también modifica la definición de Defensa Nacional. El texto incorpora la posibilidad de responder frente a amenazas externas provenientes tanto de actores estatales como no estatales y contempla el empleo de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica.
Ese punto reabrió un debate que atraviesa desde hace años al Congreso: hasta dónde puede extenderse la actuación militar sin desdibujar la separación entre defensa exterior y seguridad interior.
Desde Unión por la Patria, Taiana y Rossi sostienen que el articulado modifica esa arquitectura y reclamaron que las reformas sean tratadas separadamente. El Gobierno rechaza esa interpretación y afirma que la actuación militar continuaría circunscripta a amenazas de origen externo.
La controversia también alcanza las normas de control aeroespacial y marítimo. La iniciativa contempla procedimientos de identificación, advertencia e intercepción y, para determinados supuestos extremos, habilita el uso de la fuerza. Es uno de los capítulos que requerirá una revisión detallada durante el trabajo en comisión.
La “desinformación” abre otro frente
La modificación penal vinculada con campañas de desinformación masiva es probablemente uno de los artículos que concentra mayor controversia fuera del capítulo Malvinas.
La iniciativa contempla penas de cinco a doce años de prisión cuando exista intervención, orden o financiamiento de un Estado, una organización o un agente extranjero y la conducta tenga como finalidad alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación.
Varios bloques opositores y especialistas plantearon dudas sobre la precisión de la figura penal y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. Los reparos se concentran en cómo se definirán conceptos como “desinformación masiva” y “manipulación de la opinión pública”, y en los límites que deberá tener su aplicación.
El Ejecutivo rechaza que la norma esté destinada a perseguir periodistas, medios o expresiones críticas. La posición oficial es que se requiere una operación coordinada con intervención o financiamiento extranjero y una finalidad específica vinculada con procesos electorales o manipulación masiva, por lo que una publicación periodística individual no quedaría alcanzada.
Malvinas, entre el consenso y la disputa por el resto del paquete
La discusión deja al Congreso frente a una situación particular. El endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten recursos argentinos sin autorización puede reunir respaldos incluso fuera de La Libertad Avanza, pero no existe el mismo nivel de acuerdo sobre el resto del articulado.
El PRO anticipó su acompañamiento a la iniciativa, mientras Unión por la Patria y otros espacios opositores preparan modificaciones y objeciones sobre los capítulos vinculados con defensa, seguridad, inteligencia y nuevas figuras penales.
La controversia también se cruza con la política exterior de Milei. Taiana cuestionó la coherencia entre el reclamo argentino sobre Malvinas formulado por el Presidente ante Naciones Unidas y otras decisiones internacionales de su administración. Esa posición forma parte del debate político que rodea al proyecto y que probablemente vuelva a aparecer durante el plenario.
El miércoles comenzará la discusión formal. El dato que ordenará el debate no será solamente cuánto consenso existe para endurecer las sanciones relacionadas con Malvinas, sino qué parte del paquete de 133 artículos está dispuesta a aprobar la oposición y hasta dónde podrá avanzar el Gobierno con las reformas que incorporó alrededor de ese eje.
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