“Los controles tienen que prevenir”: De Leo impulsa cambios para regular los radares

El diputado provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de instalación y funcionamiento de cinemómetros y otros dispositivos utilizados para controlar infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa apunta a reforzar los requisitos técnicos, mejorar la señalización y ampliar la transparencia sobre la ubicación y el estado de los equipos, con el objetivo de que las fotomultas estén vinculadas principalmente con la prevención vial.

“Basta de radares tramposos. Los controles tienen que prevenir, no recaudar”, sostuvo De Leo al presentar la propuesta.

Cambios sobre la Ley 13.927

El proyecto plantea modificaciones al régimen vigente en la Ley 13.927, que regula distintos aspectos del tránsito y la seguridad vial en territorio bonaerense.

Actualmente, esa normativa ya establece que los dispositivos utilizados para controlar velocidad deben estar homologados y autorizados por la autoridad competente. También contempla requisitos de señalización y, para determinados sectores con límites inferiores a los máximos generales, exige advertir la presencia del radar con una antelación mínima de 500 metros. 

La propuesta de De Leo busca profundizar esas exigencias y fijar criterios más detallados para el funcionamiento de los equipos.

Verificaciones cada seis meses

Uno de los puntos centrales es el control técnico periódico de los cinemómetros.

Según el proyecto, cada equipo deberá contar con la correspondiente homologación y ser sometido a verificaciones metrológicas y técnicas con una periodicidad máxima de seis meses.

La intención es garantizar que los dispositivos utilizados para determinar infracciones funcionen correctamente y cuenten con certificaciones vigentes.

Un registro público de radares

La iniciativa también propone que la autoridad de aplicación mantenga actualizado un registro público con información de cada dispositivo.

Ese registro deberá incluir la ubicación del radar, su número de serie, la autorización correspondiente al emplazamiento y las certificaciones vigentes.

Para De Leo, la publicación de esos datos permitiría sumar transparencia al sistema de fiscalización.

Señalización obligatoria

Otro de los ejes es la cartelería previa a los controles de velocidad.

El proyecto establece que los radares deberán estar advertidos mediante señalización visible y uniforme ubicada al menos 500 metros antes del punto de medición.

También deberá indicarse claramente cuál es el límite de velocidad vigente y, en los casos en que exista una reducción, ésta deberá implementarse de manera gradual y progresiva.

La legislación vigente ya exige una advertencia previa de 500 metros en ciertos sectores y establece la nulidad de las multas cuando esa señalización obligatoria no se cumple. 

Multas que podrían quedar anuladas

De Leo propone que el incumplimiento de las pautas obligatorias establecidas en el régimen genere la nulidad de las actas y fotomultas correspondientes.

El planteo busca impedir que una sanción pueda sostenerse cuando el sistema de control no cumpla con los requisitos exigidos para su instalación o funcionamiento.

De esa manera, la iniciativa intenta vincular la validez de la multa con el cumplimiento efectivo de las condiciones técnicas y de señalización.

Un plazo de 90 días para adecuar los equipos

El proyecto también fija un período de adaptación para los radares que ya se encuentran instalados.

La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial tendría un plazo de 90 días para adecuar los cinemómetros existentes a las nuevas exigencias.

Durante ese período deberían revisarse tanto la documentación como las condiciones técnicas y de señalización de los dispositivos.

“La tecnología tiene que estar al servicio de la seguridad vial”

De Leo sostuvo que no cuestiona la existencia de controles de velocidad, sino la manera en que deben utilizarse.

“Los controles de velocidad son necesarios, pero deben funcionar como verdaderos instrumentos de prevención”, señaló.

Y agregó: “La tecnología tiene que estar al servicio de la seguridad vial, con reglas claras, transparencia y controles que permitan garantizar que cada radar esté donde realmente hace falta”.

Prevención antes que recaudación

El eje político del proyecto está puesto en diferenciar el control vial de una lógica meramente recaudatoria.

De Leo plantea que los radares deben instalarse sobre la base de criterios técnicos y en lugares donde exista una necesidad concreta de reducir riesgos.

La propuesta combina así controles periódicos, señalización previa, información pública y la posibilidad de declarar nulas las infracciones cuando no se respeten las condiciones establecidas.