El Gobierno ajusta el control sobre gastos universitarios
En un giro controvertido que podría modificar la relación entre el Ejecutivo y las universidades nacionales, el Gobierno avanzó con una serie de decretos destinados a imponer mayor control en las compras y contrataciones de estas instituciones. Las medidas, que incluyen un decreto de necesidad y urgencia (DNU), fueron publicadas en el Boletín Oficial y generan debate en el ámbito académico y político.
Una reforma para "transparentar" los gastos
El Gobierno publicó los decretos 1091/2024, 1092/2024 y 1093/2024 con el objetivo de incluir formalmente a las 62 universidades nacionales en las normativas de administración financiera y contrataciones electrónicas. Pese a que las casas de estudio gozan de autonomía, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respaldaron la medida, argumentando que garantizará transparencia y competitividad.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, señaló que el objetivo es que las universidades operen bajo las mismas reglas que cualquier empresa: "No debe existir un camino indirecto que permita prácticas poco claras".
Entre los cambios, se destaca la obligatoriedad de adoptar sistemas electrónicos como COMPR.AR y CONTRAT.AR para compras y obras públicas, así como el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) para la gestión de recursos.
Adiós a los contratos directos con universidades
El decreto 1091/2024 elimina la posibilidad de que las reparticiones públicas contraten directamente a las universidades, salvo casos excepcionales debidamente justificados, como exclusividad técnica o licitaciones desiertas. Según datos oficiales, más de 2.000 convenios entre el Estado y las universidades fueron suscritos en 2022 y 2023, algo que el Gobierno considera incompatible con la transparencia en el uso de fondos públicos.
La medida busca cerrar grietas legales que permitían el uso indiscriminado de contrataciones directas. Según Fariña, "los privilegios previos afectaban la competitividad y perjudicaban a los contribuyentes".
Digitalización y supervisión
Los decretos también impulsan la digitalización de los procesos administrativos mediante plataformas tecnológicas. Por ejemplo, el e-SIDIF permitirá registrar y gestionar recursos públicos con mayor precisión, mientras que el sistema e-Recauda facilitará la captación de ingresos electrónicos.
Desde el Ministerio de Economía, que supervisará estas implementaciones, aseguran que estos sistemas no solo acelerarán las transacciones, sino que también uniformarán la gestión financiera en todos los organismos involucrados.
Tensiones con la UBA y otras universidades
Aunque el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que no hay oposición formal del Consejo Interuniversitario Nacional, no descartó resistencias de algunas instituciones, como la Universidad de Buenos Aires (UBA). "La UBA tiene un 25% de su matrícula sin datos registrados. Eso refleja una falta de control que no podemos ignorar", sostuvo Álvarez.
El diagnóstico del Gobierno apunta a una "opacidad" histórica en el manejo de fondos públicos por parte de las universidades, algo que estas niegan al enfatizar su autonomía.
Impacto y críticas
La implementación de estas reformas se llevará a cabo de manera progresiva, pero ya genera interrogantes. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la transparencia, sectores universitarios la consideran una posible intromisión en su autonomía.
En un contexto de crisis económica y restricciones presupuestarias, la administración Milei busca reforzar su discurso de austeridad y eficiencia en la gestión de recursos públicos, aunque las tensiones con el sector académico podrían escalar en los próximos meses.