La Justicia le da la razón a un municipio bonaerense y acorrala a Milei por el deterioro de las rutas nacionales
La discusión por el estado de las rutas nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal de Mar del Plata revocó un fallo de primera instancia, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el Municipio de Azul y ordenó al Estado nacional ejecutar acciones urgentes para garantizar condiciones mínimas de seguridad sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 3, entre Azul y Cacharí.
La resolución alcanza a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A., que deberán presentar un plan de trabajo y comenzar intervenciones mientras continúa el trámite del amparo principal. El fallo llega en un contexto de fuertes cuestionamientos por la paralización de obras públicas, el deterioro de la infraestructura vial y el inicio de las vacaciones de invierno, cuando aumenta significativamente la circulación por las rutas del país.
La decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata dejó sin efecto la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Azul, el cual había rechazado inicialmente la medida cautelar solicitada por la comuna. Los camaristas entendieron que existen elementos suficientes para acreditar un riesgo actual para quienes utilizan ese corredor vial.
Entre las pruebas analizadas aparecen informes elaborados por la Policía Federal Argentina que describen un panorama preocupante: baches de gran tamaño, hundimientos, deformaciones provocadas por el tránsito pesado, huellas profundas y una señalización deficiente en distintos sectores de la calzada.
A ello se suma otro dato que resultó determinante para los jueces: durante los últimos seis meses se registraron once siniestros viales en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí, una situación que, según el tribunal, justifica la adopción de medidas preventivas inmediatas.
Qué deberá hacer el Gobierno nacional
La resolución judicial obliga al Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y a Corredores Viales S.A. a desplegar una serie de acciones destinadas a reducir los riesgos mientras se ejecutan las obras de mayor alcance.
Entre las medidas ordenadas figuran la colocación de señalización preventiva, carteles de advertencia, balizamiento, dispositivos que mejoren la visibilidad nocturna, reducciones de velocidad y reparaciones provisorias en los sectores considerados más peligrosos. También deberán implementarse restricciones parciales o desvíos cuando las condiciones del camino así lo requieran.
Además, los organismos demandados dispondrán de diez días hábiles para presentar ante el Juzgado Federal de Azul un plan detallado que incluya prioridades de intervención, responsables de cada tarea, cronograma de ejecución y medidas de contingencia.
Ese programa deberá ejecutarse en un plazo máximo de 120 días corridos y quedará bajo supervisión judicial mediante informes mensuales sobre el avance de los trabajos.
En los fundamentos del fallo, los magistrados remarcaron que el objetivo de la medida cautelar no consiste en determinar, en esta etapa del proceso, las responsabilidades definitivas sobre el mantenimiento de la ruta, sino evitar que continúen produciéndose daños mientras avanza el expediente.
Para respaldar esa posición recordaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual quienes tienen a su cargo servicios vinculados con la seguridad de las personas deben adoptar todas las medidas razonables para prevenir riesgos previsibles.
También invocaron el deber de prevención del daño previsto en el Código Civil y Comercial, al sostener que la tutela cautelar busca neutralizar un peligro concreto antes de que se produzcan nuevas consecuencias irreparables.
El fallo se suma a una creciente preocupación por las rutas nacionales
La resolución judicial aparece en medio de un escenario de crecientes cuestionamientos al estado de la infraestructura vial argentina.
Días atrás, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advirtió que más del 70% de las rutas nacionales presenta condiciones regulares o malas, según relevamientos realizados por trabajadores del organismo. Su secretario adjunto, Fabián Catanzaro, calificó el presente como "un triste nivel histórico" para Vialidad Nacional y atribuyó el deterioro a la caída de la inversión, la paralización de obras y la reducción de personal especializado.
De acuerdo con informes técnicos difundidos por la federación, el presupuesto destinado al organismo sufrió una fuerte contracción en los últimos años, mientras que programas de mantenimiento y seguridad vial registraron bajos niveles de ejecución.
Las advertencias coinciden además con el inicio del receso invernal en gran parte del país, un período en el que miles de familias utilizan las rutas nacionales para trasladarse hacia destinos turísticos, especialmente desde la provincia de Buenos Aires hacia la Costa Atlántica y otros centros vacacionales.
El deterioro de la infraestructura vial también motivó planteos de organizaciones dedicadas a la seguridad vial y de dirigentes políticos de distintos espacios.
La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, cuestionó el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y sostuvo que esos fondos deberían destinarse al mantenimiento de pavimentos y banquinas.
En paralelo, en los últimos meses, intendentes, legisladores y dirigentes de diferentes sectores cuestionaron la interrupción de los trabajos en el tramo comprendido entre Mercedes y Suipacha, en la Ruta Nacional 5. La diputada provincial Silvina Vaccarezza volvió recientemente a reclamar la reactivación de la obra y advirtió sobre las consecuencias del freno de la inversión pública.
La discusión volvió a tomar fuerza durante el último fin de semana largo, cuando un hundimiento en el kilómetro 281, en el partido de 9 de Julio, provocó daños en vehículos y obligó a implementar restricciones al tránsito tras la rotura de una alcantarilla.
“La obra pública no puede quedar en el abandono”, planteó Vaccarezza al referirse a una ruta que definió como fundamental para el desarrollo del interior productivo.
En ese contexto, el diputado nacional Eduardo Falcone (MID), oriundo de Chivilcoy, llevó el planteo ante Vialidad Nacional tras reunirse con autoridades del organismo. El foco estuvo puesto en la interrupción de los trabajos en el tramo más avanzado, pero también en el trasfondo presupuestario.
“El Estado presente hizo 20 kilómetros en 20 años. A este ritmo, se necesitarán siglos para completar la doble vía hasta La Pampa”, lanzó, al tiempo que vinculó la parálisis con la falta de financiamiento del Ministerio de Economía.
La obra, que según datos legislativos tiene un 90% de avance en ese tramo, quedó en pausa por falta de pago a las empresas adjudicatarias, una situación que derivó en despidos masivos. Se estima que al menos 48 operarios ya fueron desvinculados, con más telegramas en camino, tras la decisión de la firma Vial Agro frente a certificados impagos.
Más allá de las diferencias políticas, los reclamos coinciden en un punto central: la infraestructura vial aparece como una condición indispensable para la actividad económica, la logística y la seguridad.
En ese contexto, el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata trasciende el caso puntual de Azul y Cacharí. La decisión judicial instala nuevamente la discusión sobre las responsabilidades del Estado en el mantenimiento de la red vial y abre un nuevo frente para el Gobierno nacional, que ahora deberá responder ante la Justicia con un plan concreto para revertir el deterioro de uno de los principales corredores del país.