120 mil empleos rurales están en riesgo: la decisión de Milei que preocupa al campo
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que unos 120.000 puestos de trabajo podrían quedar comprometidos luego del vencimiento del régimen que permitía compatibilizar determinadas prestaciones sociales con el empleo rural temporario registrado. El Decreto 514/2021 dejó de estar vigente el 1° de septiembre, después de que el Gobierno de Javier Milei lo prorrogara por última vez durante un año en octubre de 2025.
El gremio que conduce José Voytenco había reclamado antes del vencimiento una nueva extensión. El 18 de agosto, el secretario general de UATRE envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar la continuidad del mecanismo. Según la organización sindical, la respuesta no llegó antes de que expirara la norma.
La discusión tiene una particularidad: en marzo de este año comenzó a regir la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó a la Ley de Trabajo Agrario un artículo específico sobre la compatibilidad entre el empleo rural registrado y las prestaciones sociales. Sin embargo, esa nueva disposición se concentra en las asignaciones familiares y no reproduce expresamente el alcance del Decreto 514 en materia de determinados planes y programas sociales y de empleo.
El Decreto 514/2021 fue firmado durante el gobierno de Alberto Fernández y comenzó a regir el 1° de septiembre de 2021. Su objetivo era atacar uno de los obstáculos que históricamente afectaron la formalización en actividades rurales temporarias y estacionales: que un trabajador pudiera perder determinados beneficios sociales al aceptar un empleo registrado que, por las características de la actividad, podía durar apenas unos meses.
La norma contemplaba a trabajadores contratados bajo modalidades temporarias o de trabajo permanente discontinuo, además de determinadas contrataciones de temporada previstas por la Ley de Contrato de Trabajo. El esquema buscaba combinar la registración laboral con la continuidad de la protección social.
En materia de asignaciones familiares, el decreto establecía que los trabajadores alcanzados debían percibir montos que no fueran inferiores al equivalente al 100% de la Asignación Universal por Hijo (AUH), bajo las condiciones fijadas por la normativa. También disponía la continuidad de la cobertura cuando terminaba la relación laboral y el trabajador dejaba de estar alcanzado por el régimen contributivo.
Pero el punto que hoy genera la principal discusión es otro. El artículo 3° permitía que titulares del Potenciar Trabajo y de la Tarjeta Alimentar contratados bajo las modalidades previstas pudieran continuar percibiendo esos beneficios, de acuerdo con las condiciones que estableciera la reglamentación. El decreto también contemplaba la posibilidad de compatibilizar el trabajo registrado con otros programas sociales y de empleo nacionales que pudieran existir posteriormente.
Ese mecanismo fue pensado específicamente para trabajadores de actividades en las que la contratación depende de las campañas productivas. La lógica era evitar que el acceso a un puesto formal durante una cosecha significara perder automáticamente una prestación necesaria durante el resto del año.
El reclamo de UATRE
Ante el vencimiento, UATRE planteó que la falta de una nueva prórroga genera incertidumbre entre los trabajadores que dependen de esas modalidades de contratación.
El sindicato aseguró que 120.000 puestos laborales rurales podrían quedar afectados y advirtió por el impacto sobre las familias que combinan ingresos provenientes de empleos estacionales con mecanismos de protección social. La organización sostuvo que la discontinuidad del sistema puede desalentar la aceptación de empleos registrados durante las campañas agrícolas.
Voytenco había formalizado el reclamo ante Pettovello el 18 de agosto, antes de que terminara la vigencia del decreto. La organización pidió que se extendiera la compatibilidad para evitar que el cambio de situación administrativa se transformara en un obstáculo para la contratación formal.
Además, la situación se volvió más compleja con la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 116 de esa ley incorporó el artículo 34 bis a la Ley 26.727 de Trabajo Agrario. Allí se establece que quienes sean contratados bajo las modalidades de trabajo temporario tienen derecho a las asignaciones familiares contributivas y que, cuando termina la relación laboral y dejan de estar alcanzados por el régimen contributivo, acceden automáticamente al régimen de asignaciones familiares no contributivas correspondiente, garantizándose la continuidad del beneficio.
La nueva legislación, por lo tanto, dejó incorporada en el marco legal la continuidad de las asignaciones familiares para los trabajadores rurales temporarios.
El problema planteado por UATRE pasa por el alcance restante del Decreto 514. Mientras la nueva ley regula expresamente las asignaciones familiares, el decreto de 2021 incluía además una disposición específica sobre la compatibilidad con determinados planes y programas sociales y de empleo.
Qué está en juego para las economías regionales
El conflicto trasciende la discusión administrativa sobre la vigencia de un decreto. En las economías regionales, la contratación de trabajadores durante períodos determinados es parte del funcionamiento habitual de numerosas actividades.
La preocupación de UATRE es que un trabajador que recibe una prestación social pueda encontrarse ante una disyuntiva: aceptar un empleo registrado por un período limitado y arriesgar la continuidad de determinados beneficios, o conservar esa protección y no incorporarse a una actividad formal durante la campaña.
Desde esa perspectiva, el gremio sostiene que el mecanismo tenía una función concreta: hacer compatible la formalización laboral con la protección social, en lugar de convertirlas en alternativas excluyentes.
El Decreto 514 había sido diseñado precisamente con esa lógica. Sus fundamentos señalaban que los trabajadores rurales temporarios y estacionales estaban expuestos a mayores niveles de informalidad y que era necesario generar mecanismos que incentivaran su contratación registrada.
Ahora, con el vencimiento de la norma, UATRE reclama una definición que despeje qué sucede con aquellos trabajadores alcanzados por las disposiciones que excedían las asignaciones familiares.