La apuesta sanitaria de Kicillof: un nuevo sistema y un laboratorio estatal en busca de votos
El gobierno de Axel Kicillof volvió a abrir un capítulo clave de su agenda sanitaria en la Legislatura bonaerense. Con dos proyectos que ingresaron al Senado, la Provincia busca avanzar en una reforma integral del sistema de salud y recuperar una iniciativa que había quedado congelada: la creación de una industria farmacéutica estatal para producir medicamentos, vacunas e insumos médicos.
El paquete enviado por el Ejecutivo provincial incluye la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la puesta en marcha del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que quedaría bajo la órbita del Ministerio de Salud conducido por Nicolás Kreplak.
La iniciativa farmacéutica no es nueva. Ya había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense en 2024, luego de una serie de modificaciones acordadas durante el debate legislativo, pero quedó frenada en el Senado y finalmente perdió estado parlamentario por falta de tratamiento.
Ahora, Kicillof decidió reenviar el proyecto con una nueva estructura jurídica, en un escenario político diferente y con el objetivo de conseguir los consensos necesarios para convertirlo en ley.
Un proyecto que vuelve al centro del debate sanitario
La creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense es el punto que concentra mayor atención dentro del paquete sanitario. La propuesta plantea que la Provincia cuente con una herramienta propia para investigar, desarrollar y producir medicamentos, vacunas e insumos estratégicos.
Según el texto enviado a la Legislatura, la sociedad podrá fabricar, fraccionar, transformar, importar, exportar, distribuir y comercializar productos farmacéuticos destinados prioritariamente al sistema público de salud.
También tendrá capacidad para desarrollar ingredientes farmacéuticos activos, realizar controles de calidad, administrar patentes y licencias, y avanzar en investigaciones vinculadas a nuevas tecnologías sanitarias.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que la iniciativa busca reducir costos, mejorar la capacidad de respuesta del Estado y disminuir la dependencia de proveedores privados en un mercado que consideran altamente concentrado.
El argumento central de la cartera sanitaria es que la producción pública puede transformarse en una herramienta para garantizar el acceso a tratamientos y evitar que hospitales y municipios queden expuestos a variaciones de precios o dificultades de abastecimiento.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ubicó a la fragmentación como el principal problema estructural del sistema sanitario provincial. En diálogo con Ámbito, sostuvo que esa dispersión afecta tanto la atención de los pacientes como el financiamiento del sistema. En ese sentido, remarcó que una parte importante de las camas de los hospitales públicos bonaerenses son utilizadas por personas que cuentan con obra social, pero que el recupero de esos recursos no alcanza los niveles necesarios para sostener la estructura sanitaria.
“El funcionamiento del sistema no puede estar sujeto a voluntades políticas o acuerdos de trabajo”, planteó el ministro, al defender la necesidad de establecer reglas comunes para toda la provincia.
El otro proyecto central del paquete es la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa de 72 artículos que propone articular los sectores público, privado y de la seguridad social bajo la conducción del Estado provincial. El esquema contempla la participación del Ministerio de Salud, los municipios, hospitales públicos y privados, trabajadores sanitarios, financiadores y usuarios.
Uno de los principales cambios que impulsa es la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, organizada por niveles de complejidad y con mecanismos de derivación entre establecimientos.
El objetivo es que la atención dependa menos del lugar donde vive cada paciente y más de una planificación provincial basada en indicadores sanitarios.
El antecedente legislativo y la búsqueda de acuerdos
El regreso del proyecto farmacéutico ocurre luego de un primer intento que no logró superar la barrera del Senado. En aquella oportunidad, el oficialismo consiguió avanzar en Diputados después de incorporar modificaciones reclamadas por sectores opositores, pero el expediente quedó sin tratamiento en la Cámara alta.
Ahora, el Ejecutivo provincial busca una nueva oportunidad. Además, la discusión suma nuevos actores: sectores de la oposición también plantearon la necesidad de fortalecer la producción pública de medicamentos, aunque con diferencias sobre el formato institucional.
La diputada radical y médica Alejandra Lordén había impulsado una iniciativa propia con un esquema distinto, basado en una estructura completamente estatal bajo coordinación del Ministerio de Salud.
La diferencia principal está en el modelo elegido: mientras el proyecto de Kicillof propone una sociedad con participación estatal mayoritaria, la alternativa radical plantea otro esquema de administración pública.
Una reforma sanitaria en medio de la disputa por recursos
El avance de estas iniciativas ocurre en un contexto de tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema sanitario.
Desde la administración bonaerense sostienen que la reducción de transferencias nacionales, el aumento de costos de medicamentos y la presión sobre hospitales públicos obligan a buscar nuevas herramientas de gestión.
Con ambos proyectos ya ingresados y girados a la Comisión de Salud del Senado, el oficialismo bonaerense deberá ahora construir acuerdos para evitar que la reforma vuelva a quedar atrapada en la Legislatura.
La discusión no será solamente sobre dos leyes sanitarias: también pondrá en debate qué rol debe tener el Estado provincial en la producción de medicamentos, la organización de hospitales y el acceso a la salud de más de 17 millones de bonaerenses.