La reforma del biodiésel enfrenta intereses productivos y abre coincidencias políticas en la Provincia
La reforma nacional de biocombustibles abrió una nueva disputa política y productiva en la provincia de Buenos Aires. Mientras el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso, la administración de Axel Kicillof estudia un esquema de incentivos para sostener a las pymes bonaerenses de biodiésel. La preocupación por el futuro de las plantas regionales también generó coincidencias con dirigentes del PRO.
La iniciativa, presentada por la senadora Patricia Bullrich y asociada a la agenda de desregulación de Federico Sturzenegger, obtuvo media sanción en el Senado el 17 de septiembre. Ahora se discute en Diputados, donde las empresas reclaman cambios para evitar que la apertura del mercado interno reduzca su participación frente a las grandes aceiteras integradas.
En Buenos Aires funcionan diez plantas pequeñas y medianas vinculadas con esta actividad. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) calcula que, si prospera el esquema propuesto, podrían cerrar 14 de las 25 plantas del país, nueve de ellas bonaerenses. La proyección encendió las alertas sobre el empleo industrial y la continuidad de establecimientos instalados en localidades del interior.
Un régimen para sostener la producción
De acuerdo con información periodística, el gobierno bonaerense estaría evaluando un régimen de Compre Bonaerense orientado a fortalecer la demanda de biodiésel elaborado localmente. La alternativa apuntaría a que las refinerías ubicadas en La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen la adquisición de combustible producido por empresas bonaerenses, mediante incentivos impositivos y contratos de abastecimiento.
Los impulsores del esquema estiman un mercado potencial de unas 500.000 toneladas anuales. La proximidad entre las plantas y las refinerías aparece como uno de los argumentos de la propuesta: reducir costos de traslado y asegurar ventas en el territorio permitiría sostener parte de la actividad que podría perderse con la reforma nacional. Por el momento, el mecanismo permanece en estudio y no cuenta con una instrumentación oficial anunciada.
El movimiento representa una nueva etapa de la posición provincial. A comienzos de septiembre, Kicillof recibió, junto con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, a los representantes de las empresas agrupadas en CEPREB. En esa reunión, el gobernador rechazó el proyecto nacional y se comprometió a defender la producción regional, los empleos y las inversiones vinculadas con el biodiésel.
El sector sostiene que no se opone a aumentar los porcentajes de biocombustibles utilizados en naftas y gasoil. Su objeción es quién abastecerá el volumen adicional. Las pequeñas elaboradoras deben comprar aceite de soja, su insumo central, a compañías que bajo el nuevo régimen podrían competir con ellas directamente. Según los empresarios, esa materia prima explica alrededor del 80% de los costos, mientras las mayores compañías cuentan además con ventajas de escala y logística.
El PRO reclama medidas y abre una coincidencia política
La preocupación también llegó a la Legislatura bonaerense desde el PRO. El senador Pablo Petrecca, presidente del bloque de ese partido y exintendente de Junín, presentó el proyecto de declaración F 892/2026-2027 para pedir que el Ejecutivo provincial proteja la producción y el empleo de las pymes del biodiésel. La iniciativa ingresó el 7 de septiembre y continúa en estudio en la Comisión de Industria y Minería.
Petrecca propuso gestionar ante la Nación una transición que contemple las diferencias de costos entre productores, preservar una participación específica para las firmas no integradas y ampliar los mercados. También planteó promover el autoconsumo, incorporar biodiésel a flotas y servicios públicos y mejorar la infraestructura de almacenamiento y transporte.
Ese reclamo coincide en varios puntos con la defensa de las empresas que sostiene el gobierno de Kicillof, pero no implica un respaldo general del PRO a la gestión provincial. Petrecca cuestionó expresamente los tiempos de la respuesta bonaerense y sostuvo que la administración llegó tarde a una discusión que ya comprometía el futuro de las plantas regionales.
En el Congreso también existen conversaciones entre representantes de las pymes y diputados del PRO para modificar el proyecto nacional. Las empresas buscan conservar un segmento protegido dentro del mercado y evitar que la aprobación de Diputados reproduzca sin cambios el texto del Senado. Las negociaciones son impulsadas por el sector industrial, mientras la Provincia desarrolla su propia agenda de protección productiva.
La diferencia entre los planos políticos es relevante: senadores nacionales del PRO acompañaron la media sanción de la reforma, mientras representantes bonaerenses del mismo espacio reclaman mecanismos de resguardo para las fábricas. La coincidencia que emerge alrededor del empleo regional no borra las distintas posiciones partidarias frente al proyecto impulsado desde la Casa Rosada.
El reparto del mercado vuelve a dividir al Congreso
La disputa se concentra en el nuevo reparto del biodiésel que se mezcla obligatoriamente con el gasoil. La iniciativa eleva el corte del 7,5% al 10%, pero reduce progresivamente la porción reservada a empresas no integradas hasta el 4% en 2031 y prevé su desaparición posterior. Para CEPREB, ese cambio habilita la entrada de grandes aceiteras con capacidad para producir el combustible y abastecerse de su propia materia prima.
Según la cámara, la oferta anual destinada a las plantas regionales podría pasar de 902.700 a 481.440 toneladas si la participación protegida baja al 4%. Las compañías potencialmente afectadas están radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. La entidad propone elevar el corte al 12,5%, con segmentos diferenciados que permitan ampliar la producción sin desplazar a las firmas independientes.
En cambio, el capítulo del bioetanol contempla elevar del 12% al 15% la mezcla con naftas y mantener segmentos específicos para sus productores. Esa diferencia alimentó los reclamos de las provincias vinculadas con el biodiésel y abrió apoyos al cambio normativo en jurisdicciones productoras de bioetanol, como Córdoba y Tucumán. Los promotores de la reforma destacan que las nuevas reglas permitirían inversiones, mayor oferta y competencia.
El martes 20 de octubre, la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados recibió a cámaras empresarias y especialistas para analizar el texto que llegó del Senado. Allí volvieron a manifestarse posiciones contrapuestas: industrias regionales que pidieron preservar su lugar en el mercado y representantes de otros segmentos productivos que reclamaron avanzar con la nueva ley.
Con ese debate abierto, la respuesta bonaerense tiene dos frentes todavía en desarrollo: un posible régimen provincial de compras que sostenga la demanda local y las gestiones legislativas para modificar el reparto nacional. La definición dependerá del tratamiento en Diputados y de las medidas que finalmente formalice el Ejecutivo de Kicillof, mientras el PRO exhibe posiciones diferentes entre sus representantes nacionales y provinciales.