Biocombustibles: el cambio nacional que reunió reparos bonaerenses y llevó a Kicillof a fijar postura

Axel Kicillof llevó la discusión por la nueva ley de biocombustibles al terreno productivo bonaerense. El gobernador recibió el martes por la noche, junto con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, a representantes de las pymes elaboradoras de biodiésel y rechazó el proyecto de la senadora nacional Patricia Bullrich que reemplazaría el régimen vigente.

El encuentro puso frente a frente dos lecturas. El Gobierno de Javier Milei sostiene que la apertura permitiría aumentar la competencia, atraer inversiones y ampliar la producción. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), en cambio, advierte que las condiciones previstas podrían reducir el lugar de las firmas independientes y trasladar parte del negocio hacia seis grandes aceiteras radicadas alrededor del puerto de Rosario.

Para la Provincia, la discusión no pasa por oponerse a una mayor utilización de combustibles renovables. Las empresas regionales acompañan el aumento de los cortes obligatorios. El punto de discordia es quién elaborará ese volumen adicional y bajo qué reglas competirán las plantas que compran aceite de soja frente a compañías que controlan la materia prima, poseen mayor escala y participan de distintas etapas de la cadena.

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La letra que inquieta a las pymes

La controversia gira alrededor del expediente S-809/26, presentado el 14 de mayo de 2026 por Bullrich junto con otros senadores de La Libertad Avanza. La iniciativa continúa en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado, sin dictamen registrado al 2 de septiembre.

El texto propone derogar la Ley 27.640, sancionada en 2021 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. También eleva progresivamente el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, crea un mercado electrónico, reemplaza gradualmente los precios regulados por negociaciones privadas, habilita el ingreso de empresas integradas y permite computar el coprocesamiento realizado por las refinerías.

El aspecto cuestionado por CEPREB es el cronograma que reduciría la participación reservada a las elaboradoras no integradas hasta el final de 2030. Federico Martelli, director ejecutivo de la entidad, sostuvo durante una exposición legislativa que la iniciativa “no es de desregulación sino que es de concentración”. Según explicó, las grandes aceiteras cuentan con ventajas derivadas del acceso a los insumos, los volúmenes de producción, la carga impositiva y la cercanía con la infraestructura portuaria.

Los impulsores del expediente responden que el nuevo marco busca “dinamizar el mercado de los biocombustibles” y estimular inversiones nacionales e internacionales. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, afirmó en una entrevista reciente que la compañía analiza proyectos y asociaciones para exportar si se sanciona otra regulación. Negó que las refinadoras pretendan quedarse con el abastecimiento interno y propuso “agrandar la torta” mediante ventas a Europa, Estados Unidos y otros destinos.

Martelli replicó que la legislación actual no impide invertir para exportar y pidió que el coprocesamiento sea voluntario y se compute por encima del porcentaje obligatorio. Su planteo es que la apertura, tal como está redactada, podría trasladar la elaboración para el consumo local desde 25 empresas regionales hacia seis o siete grandes compañías.

Diez plantas y un reclamo transversal

Buenos Aires reúne diez de las 25 plantas pymes del país y representa cerca del 35% del biodiésel destinado al mercado interno. Los establecimientos están distribuidos en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo, donde sostienen empleo industrial, transportistas, talleres, proveedores y otros servicios vinculados.

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La advertencia ya atravesó a varios bloques de la Legislatura bonaerense. El diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, exintendente de Daireaux, presentó un proyecto que pide preservar las plantas, el valor agregado en origen y las inversiones realizadas bajo la ley actual. En sus fundamentos estimó que la actividad involucra alrededor de 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos.

El diputado Valentín Miranda, de UCR-Unión Cívica Radical y representante de la Cuarta sección, pidió que el Ejecutivo bonaerense realice gestiones ante Nación. Su iniciativa fue acompañada por Alejandra Lorden y Priscila Minnaard. El ministro Javier Rodríguez también advirtió que una apertura sin mecanismos diferenciados podría reducir la producción regional.

El reclamo llegó además a la Comisión de Industria y Minería de Diputados, presidida por Andrés De Leo, legislador de la Coalición Cívica por la Sexta sección y referente del espacio vinculado con Elisa Carrió. De Leo reconoció que existen posiciones distintas, pero reclamó proteger el empleo y evitar que las decisiones se adopten únicamente “al calor de las grandes corporaciones”. Fuerza Patria, la UCR y la Coalición Cívica confluyeron así en la necesidad de modificar el texto nacional, aunque todavía no existe un pronunciamiento conjunto de la Cámara.

Kicillof tomó el reclamo bonaerense

En el Senado también conviven propuestas de Beatriz Ávila; José Carambia y Natalio Gadano; Alejandra Vigo y Carlos Espínola; y Flavia Royón, entre otros. CEPREB mantuvo conversaciones con José Mayans, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro, quienes, según la entidad, plantearon reparos al expediente de Bullrich.

De la reunión con Kicillof participaron Juan Carlos Bojanich, de Biobahía-Grupo Bahía; Carlos A. Paredes, de Aripar Cereales; Pablo Ezequiel Abad, de Advanced Organic Materials; Gustavo Enrique Michelini, de Agro M&G; y Martelli.

También estuvieron Juan Ignacio Bojanich, Javier Barbagelatta, Miguel Gustavo Ariceta, Danilo Mengarelli, Juan Gualberto, Ernesto Tricarico y César Daniel Cárdenas, asesor legal de la cámara, en representación de las diez plantas bonaerenses.

Tras escuchar el diagnóstico empresario, Kicillof manifestó su rechazo a la propuesta de Bullrich y asumió el compromiso de “defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales”.