Despidos en la Secretaría de Derechos Humanos generan protestas en la ex ESMA

Este jueves, empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se encontraron con controles policiales en las puertas de la ex ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), en lo que fue una jornada de fuertes protestas y movilizaciones tras la decisión del Gobierno de reestructurar el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. Según fuentes sindicales, hasta el momento se han producido alrededor de 400 despidos, lo que ha generado un clima de tensión e incertidumbre en los trabajadores.

Reestructuración y despidos masivos

El proceso de reestructuración, que también afecta a áreas sensibles como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUTVE), ha sido justificado por el Gobierno como una medida para reducir el gasto del organismo y optimizar el uso de los recursos. Desde el Ministerio de Justicia, se aseguró que la decisión busca mejorar la eficiencia y reducir el presupuesto asignado a las distintas áreas, desvinculando, además, a empleados a quienes se considera “militantes” o “sobrantes”.

Según ATE, la "reestructuración" comenzó con un mensaje enviado el 31 de diciembre a los empleados del Centro Cultural Haroldo Conti, donde se les informaba que no deberían asistir a sus puestos de trabajo debido al cierre parcial que comenzaría en enero y que se extendería por un mes. "Los mandaron a la casa a hacer una guardia pasiva", indicó Nana González, delegada de ATE, quien denunció que, en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron despedidos en cuestión de horas.

Despidos selectivos y cambios en el personal

Además de los 400 despidos confirmados hasta el momento, los trabajadores de áreas clave como el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria han experimentado cambios drásticos en sus condiciones laborales. Silvia San Martín, directora del RUTVE, denunció que los trabajadores contratados a través de entes cooperadores, como la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), fueron despedidos de forma inmediata, afectando directamente a 15 personas de esa área.

En el Conti, se estima que de un total de 87 empleados, unos 50 estaban bajo el régimen de contrataciones a través de entes cooperadores. Según fuentes del Ministerio de Justicia, aquellos empleados que no acepten el retiro voluntario serán despedidos sin indemnización completa. La situación ha desatado un fuerte rechazo entre los trabajadores, quienes consideran que las medidas no tienen como objetivo mejorar la eficiencia, sino vaciar y desmantelar el área de Derechos Humanos.

Protestas y movilización en la ex ESMA

La reestructuración también ha provocado manifestaciones y protestas dentro y fuera del predio de la ex ESMA, símbolo de la lucha por los derechos humanos en Argentina. En la mañana del jueves, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) se desplegaron en el edificio de las Cuatro Columnas, donde militantes y trabajadores realizaron un abrazo simbólico al espacio de memoria para denunciar lo que consideran un "vaciamiento" de las políticas de derechos humanos por parte del Gobierno de Javier Milei.

El Ministerio de Justicia ha prometido que aquellos trabajadores cuya presencia sea considerada "imprescindible" podrán continuar en sus puestos, pero con una reducción salarial. Sin embargo, aquellos que no acepten esta opción serán despedidos con una indemnización reducida. Ante esta situación, se espera que este jueves se lleve a cabo una asamblea unificada de trabajadores de la Secretaría de DD.HH., con una posible movilización hasta el Ministerio de Justicia, donde también se prevé una protesta por los despidos.

La respuesta del Gobierno

El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la reestructuración como una necesidad de "ajuste fiscal", argumentando que "había personal de más" en áreas que podían ser optimizadas. Según fuentes oficiales, el objetivo es eliminar "sobrantes", como personal que realizaba tareas duplicadas o no imprescindibles. Sin embargo, los trabajadores aseguran que detrás de estos despidos y reestructuraciones hay una decisión política orientada a desarticular las políticas de memoria, verdad y justicia implementadas en gobiernos anteriores.

Las protestas seguirán con una misa en apoyo a los trabajadores que oficiará el padre Lorenzo "Toto" de Vedia a las 11 de la mañana. Además el sábado por la tarde, se llevará a cabo una actividad simbólica con velas encendidas fuera del Centro Cultural Haroldo Conti, bajo el lema “Una memoria que arde. El Conti en guardia”. La movilización tiene como objetivo visibilizar la resistencia de los trabajadores y artistas que, a lo largo de 16 años, han hecho del lugar un centro clave en la construcción de la memoria histórica.

El futuro del Conti y el Archivo Nacional de la Memoria

La situación sigue siendo incierta. El Gobierno de Milei, junto con Victoria Villarruel, se enfrenta a un creciente rechazo de los trabajadores, las organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad que temen que esta reestructuración sea el preludio de un cierre definitivo de los espacios de memoria más importantes del país. Con las protestas en aumento y la tensión escalando, el futuro del Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria permanece en la cuerda floja.