Obras frenadas, fondos bajo la lupa y rutas deterioradas: intendentes y legisladores redoblan el reclamo a Milei
El deterioro de las rutas nacionales volvió a reunir en un mismo reclamo a intendentes, legisladores, trabajadores viales y vecinos del interior bonaerense, esta vez frente a la Casa Rosada. La Jornada Federal por la Vida, la Seguridad Vial y la Recuperación de la Infraestructura realizada en Plaza de Mayo puso nuevamente en discusión las obras paralizadas, el mantenimiento de los corredores y los recursos que el Gobierno de Javier Milei recauda para el sistema vial.
La protesta se realizó en el marco del Día del Camino y la Educación Vial, y tuvo entre sus protagonistas bonaerenses al intendente de Azul, Nelson Sombra; al funcionario provincial, Alberto Gelené; a la senadora María Inés Laurini y a vecinos autoconvocados que desde hace años reclaman por la transformación de la Ruta Nacional 3 en autovía.
También participaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Guillermo Michel y Esteban Paulón, mientras que el cierre quedó en manos del presidente de la Comisión de Obras Públicas de Diputados, Martín Aveiro; el secretario general de FEPEVINA, Julio Aralde; el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, y Adolfo Pérez Esquivel.
El planteo bonaerense llegó a la Plaza después de meses de reclamos dispersos por las rutas 3, 5, 7, 8, 33, 205, 226 y 228, corredores que conectan ciudades, áreas productivas y puertos y que acumulan demandas por reparaciones, obras inconclusas y seguridad vial. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en algunos casos los propios municipios comenzaron a financiar intervenciones sobre trazas nacionales después de recibir autorización de Vialidad.
Ruta 3: del reclamo municipal a una orden judicial
Uno de los principales focos de la jornada estuvo puesto sobre la Ruta Nacional 3. Sombra expuso sobre la situación del corredor y recordó el proceso judicial iniciado por el Municipio de Azul, que terminó con una orden de la Cámara Federal de Mar del Plata para que el Estado nacional avance con medidas urgentes entre Azul y Cacharí.
El expediente incorporó informes que detectaron baches, hundimientos, deformaciones vinculadas al tránsito pesado, huellas profundas y problemas de señalización. A ese cuadro se sumaron once siniestros registrados en seis meses en el tramo analizado por la Justicia.
La Cámara obligó a Vialidad Nacional y Corredores Viales a presentar un plan de intervención, instalar señalización preventiva, mejorar la visibilidad, realizar reparaciones provisorias y adoptar restricciones cuando las condiciones lo requirieran. El programa debía ejecutarse en un máximo de 120 días, con informes mensuales ante el juzgado.
El reclamo por esa traza no quedó limitado a Azul. Desde Las Flores también participaron representantes municipales y vecinos autoconvocados que volvieron a exigir la reactivación de la autovía y mejoras para la circulación sobre la Ruta 3.
La protesta también se cruza con otra discusión que escaló durante los últimos meses: qué ocurrió con los recursos recaudados para infraestructura vial. Presentaciones realizadas en la Legislatura bonaerense señalaron que el Sistema Vial Integrado recibió $1.503.252 millones entre 2024 y mayo de 2026, pero habría destinado $394.406 millones a obras. La ejecución acumulada informada fue del 26,2%, con una diferencia superior a $1,1 billones.
Al cierre de mayo, de acuerdo con la documentación incorporada a esos reclamos, $1.001.018 millones estaban colocados principalmente en títulos públicos y depósitos a plazo fijo, mientras otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente. La existencia de esas colocaciones no implica la desaparición de los recursos, pero abrió pedidos para conocer cuándo y de qué manera serían aplicados a infraestructura.
El tema también llegó a la Justicia federal. A fines de agosto, el juez Ariel Lijo pidió al Ministerio de Economía información sobre la utilización de los fondos del fideicomiso vial y las colocaciones financieras realizadas con esos recursos.
Los cuestionamientos alcanzaron además al Congreso, donde dirigentes de distintos bloques presentaron pedidos de informes sobre la ejecución presupuestaria y el destino del dinero recaudado mediante el impuesto a los combustibles.
Ruta 5: más de 200 siniestros y 21 muertes en seis meses
Otro de los corredores que acumula reclamos es la Ruta Nacional 5. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, informó que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron más de 200 siniestros y 21 muertes sobre esa traza. También señaló que por el sector ubicado frente a su distrito circulan hasta 3.800 camiones diarios.
La paralización de la autovía entre Mercedes y Suipacha generó durante el año planteos de intendentes, legisladores y entidades productivas. El reclamo apunta especialmente a una obra que quedó inconclusa y al esquema de concesión por peaje impulsado por Nación para el corredor.
La discusión se extendió hacia otros puntos del interior. En Tres Arroyos, el intendente Pablo Garate viene reclamando respuestas por las rutas nacionales 3 y 228, que atraviesan el distrito, y pidió autorización para que el municipio pueda realizar tareas de mantenimiento y seguridad vial sobre sectores urbanos de esas trazas.
A los reclamos políticos se sumaron durante septiembre datos sobre siniestralidad. Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó durante julio 63 víctimas fatales en 51 siniestros registrados en 35 municipios bonaerenses, más de dos muertes por día. De ese total, 39 fallecimientos se produjeron en rutas nacionales y provinciales, equivalentes al 61,9%.
El informe no atribuye cada hecho exclusivamente al estado de la calzada: intervienen también velocidad, consumo de alcohol, condiciones de los vehículos, controles y señalización. Sin embargo, los datos volvieron a colocar sobre la mesa la situación de los corredores interurbanos y las políticas de prevención.
En la jornada de Plaza de Mayo, ATE vinculó ese escenario con los recortes en infraestructura y organismos de control. Rodolfo Aguiar sostuvo que el Gobierno “pone en riesgo miles de vidas a diario” y calificó el conjunto de medidas como “un cóctel letal para la población”.
Desde FEPEVINA, Fabián Cattanzaro reclamó recuperar controles, fiscalización y educación vial y señaló que Nación dispone de herramientas que, según el gremio, deben utilizarse para reducir la siniestralidad.
Vialidad abre otra etapa de retiros
El reclamo por el estado de los caminos coincidió con una nueva decisión sobre la estructura de Vialidad Nacional. La Resolución 1220/2026, publicada el 5 de octubre en el Boletín Oficial, habilitó una segunda etapa del Sistema de Retiro Voluntario para trabajadores del organismo. La propia norma confirma que el primer proceso terminó con 609 adhesiones sobre una estimación inicial de 900 agentes.
El Ejecutivo sostuvo en la resolución que el programa forma parte de la política de reforma del Estado y busca alcanzar una dotación acorde con las necesidades operativas del organismo mediante mecanismos de desvinculación voluntaria.
Los trabajadores plantearon una lectura diferente. Cattanzaro afirmó que las condiciones del nuevo esquema “no son muy auspiciosas” y advirtió que incluso una reducción menor a la primera podría impactar sobre un organismo que, según el gremio, ya sufrió una fuerte pérdida de personal.
El dirigente estimó que esta vez podrían acogerse entre 100 y 200 agentes y vinculó el proceso con la reorganización dispuesta por el Decreto 533/2026, que modificó la estructura interna de Vialidad. FEPEVINA sostiene que esos cambios pueden afectar las dependencias provinciales y puso bajo riesgo más de 3.000 puestos; se trata de una estimación sindical.