El Gobierno elimina tres nuevos fondos fiduciarios en su plan de ajuste estatal
En línea con su política de achicamiento del Estado, el gobierno de Javier Milei anunció la disolución de tres fondos fiduciarios mediante el Decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Los fondos afectados son el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf).
La decisión responde, según lo expuesto en el decreto, a irregularidades detectadas por auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Estas irregularidades incluyeron proyectos sin justificación, falta de rendición de cuentas y obras sin documentación adecuada.
Antecedentes de una política constante
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo toma medidas similares. En noviembre de 2024, el gobierno eliminó otros fondos fiduciarios, como el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce), argumentando incumplimientos en los objetivos originales y costos elevados para el Estado.
Luis Caputo, ministro de Economía, reiteró en varias ocasiones que estas acciones buscan reasignar recursos a sectores prioritarios y eliminar lo que el oficialismo llama “cajas políticas”.
Los fondos afectados
El Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado por la Ley 27.078, tenía como objetivo desarrollar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, las auditorías evidenciaron programas sin sustento documental ni registros de cumplimiento.
En tanto, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, instituido bajo la Ley 27.341, enfrentó cuestionamientos por obras terminadas sin rendiciones finales y la falta de devolución de fondos en proyectos rescindidos.
Por último, el Fideicomiso del Prodaf, que facilitaba acceso al crédito para la agricultura familiar, fue considerado cumplido en sus objetivos originales, según lo especificado en el decreto.
Impacto político y social
Las reacciones a esta medida fueron mixtas. Mientras que el oficialismo defiende la iniciativa como un paso hacia la eficiencia y la transparencia, sectores opositores critican la eliminación de programas clave para sectores vulnerables.
En el Congreso, la Comisión Bicameral Permanente evaluará la decisión, en línea con lo estipulado por la Ley 26.122.
El proceso de liquidación de los fondos estará regido por normativas específicas, como el Decreto 695/2024 y la Resolución 796/2024. Los fiduciarios deberán garantizar la correcta administración de este proceso, respetando las obligaciones legales y contractuales.