Argentina Por: Juan Manuel Villarreal24 de enero de 2025

La Justicia prohíbe a Milei recortar programas contra violencia de género

La Justicia frenó el intento del Gobierno de eliminar los programas contra la violencia de género. La medida resguarda a mujeres y niños vulnerables.

La Justicia frena los recortes del Gobierno en programas de violencia de género

El pasado viernes, la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal dictó la resolución 11167/2024, que prohíbe al Ejecutivo de Javier Milei eliminar o recortar los programas destinados a la prevención y asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia de género. La medida se produce en un contexto tenso, donde el mismo día se definió la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal.

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¿Qué ordenó la resolución judicial?

La resolución judicial establece que el Gobierno debe abstenerse de reducir los recursos humanos y la infraestructura de los programas de violencia de género, bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia. Además, se prohíbe realizar reorganizaciones en estos organismos, asegurando que se mantenga la publicación de estadísticas y evidencia vinculada a la problemática.

El impacto de la demanda presentada por organizaciones sociales

El fallo responde a una acción judicial presentada por varias organizaciones, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, FUNDEPS, MxM y FEIM, quienes exigían garantías sobre la continuidad de los programas de prevención y asistencia a mujeres y niños, en el marco de las obligaciones legales y los tratados internacionales que Argentina ha ratificado.

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La legitimación de las organizaciones y el rol del colectivo de mujeres

Este es un precedente significativo: por primera vez en el gobierno de Javier Milei, se presenta una acción de esta naturaleza que tiene como objetivo resguardar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones sociales han sido reconocidas como legitimadas para representar a este colectivo, lo que fortalece la defensa de sus derechos y la continuación de las políticas públicas en este ámbito.

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