La Justicia prohíbe a Milei recortar programas contra violencia de género
La Justicia frenó el intento del Gobierno de eliminar los programas contra la violencia de género. La medida resguarda a mujeres y niños vulnerables.
Argentina24 de enero de 2025
Juan Manuel Villarreal
El pasado viernes, la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal dictó la resolución 11167/2024, que prohíbe al Ejecutivo de Javier Milei eliminar o recortar los programas destinados a la prevención y asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia de género. La medida se produce en un contexto tenso, donde el mismo día se definió la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal.
¿Qué ordenó la resolución judicial?
La resolución judicial establece que el Gobierno debe abstenerse de reducir los recursos humanos y la infraestructura de los programas de violencia de género, bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia. Además, se prohíbe realizar reorganizaciones en estos organismos, asegurando que se mantenga la publicación de estadísticas y evidencia vinculada a la problemática.

El impacto de la demanda presentada por organizaciones sociales
El fallo responde a una acción judicial presentada por varias organizaciones, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, FUNDEPS, MxM y FEIM, quienes exigían garantías sobre la continuidad de los programas de prevención y asistencia a mujeres y niños, en el marco de las obligaciones legales y los tratados internacionales que Argentina ha ratificado.
La legitimación de las organizaciones y el rol del colectivo de mujeres
Este es un precedente significativo: por primera vez en el gobierno de Javier Milei, se presenta una acción de esta naturaleza que tiene como objetivo resguardar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones sociales han sido reconocidas como legitimadas para representar a este colectivo, lo que fortalece la defensa de sus derechos y la continuación de las políticas públicas en este ámbito.

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