Juan Manuel Villarreal
El Senado comenzó a debatir este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica distintos procedimientos vinculados con los inmuebles, las expropiaciones y el uso de terrenos afectados por incendios.
El tratamiento se inició sin el capítulo que proponía reformar la Ley de Tierras Rurales. La Libertad Avanza decidió retirar ese apartado después de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo y ante la resistencia de gobernadores, legisladores opositores y bloques dialoguistas.
La iniciativa que permanece en discusión conserva, sin embargo, buena parte de las reformas originales. Entre sus principales puntos aparecen la aceleración de los procesos de desalojo, nuevas condiciones para las expropiaciones, cambios en la Ley de Manejo del Fuego y modificaciones relacionadas con la regularización de viviendas y los registros inmobiliarios.
La discusión política estuvo concentrada durante las últimas semanas en el apartado que buscaba modificar los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.
La última versión negociada fijaba un límite del 25% por provincia y establecía que las operaciones debían ser autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional y por el gobierno provincial correspondiente. Esa propuesta tampoco logró reunir los apoyos necesarios y finalmente fue eliminada por completo del dictamen.
Como informó grupolaprovincia.com, el retiro del capítulo se produjo después de que senadores bonaerenses, gobernadores y representantes de bloques aliados ratificaran su rechazo a flexibilizar la normativa vigente. La discusión sobre una eventual reforma de la Ley de Tierras quedó postergada para futuras negociaciones.
Pese a la eliminación del apartado más controvertido, el oficialismo decidió avanzar con el resto del proyecto, que modifica normas relacionadas con el derecho de propiedad y los procedimientos judiciales.
Uno de los ejes centrales propone acelerar las acciones judiciales destinadas a recuperar inmuebles. El proyecto establece que los desalojos deberán tramitarse mediante el procedimiento más breve contemplado por la legislación correspondiente.
En los alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar al inquilino para que pague la deuda y concederle un plazo no inferior a diez días corridos. La notificación podrá realizarse en el domicilio real o electrónico denunciado en el contrato.
Una vez vencido ese plazo o finalizado el contrato, el inquilino deberá restituir el inmueble. En caso contrario, el propietario podrá iniciar la acción judicial de desalojo.
La iniciativa también contempla que, en determinados casos, un juez pueda ordenar la restitución antes de que termine el juicio si considera suficientemente acreditado el derecho invocado por el propietario.
Durante la elaboración del dictamen se incorporaron algunas previsiones para situaciones que involucren a niños, personas mayores o personas con discapacidad. Sin embargo, el eje general de la reforma continúa siendo la reducción de los plazos para recuperar la propiedad.
El proyecto también reforma el régimen mediante el cual el Estado puede expropiar bienes por razones de utilidad pública.
La declaración deberá identificar de manera concreta el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo. La interpretación del concepto de utilidad pública será restrictiva.
La indemnización comprenderá el valor objetivo del bien, calculado sobre su valor de mercado, y los daños directos e inmediatos ocasionados por la expropiación. No se tendrán en cuenta valores afectivos, circunstancias personales ni ganancias hipotéticas.
El texto incorpora, además, la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando el propietario demuestre mediante pruebas objetivas que dejó de obtener ingresos como consecuencia directa de la expropiación.
Ese resarcimiento no podrá superar, como regla general, el 30% del valor del daño emergente, salvo que el afectado pueda acreditar una pérdida superior.
Los cuestionamientos opositores se concentran en que las nuevas condiciones podrían encarecer o dificultar las expropiaciones necesarias para obras públicas, como rutas, hospitales, escuelas u otra infraestructura estatal. El Gobierno sostiene, en cambio, que las modificaciones buscan reforzar la seguridad jurídica y la protección de los propietarios.
Otro punto controvertido es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente impone restricciones prolongadas para impedir que los terrenos incendiados cambien su uso con fines inmobiliarios, agrícolas o productivos.
El proyecto conserva la prohibición de modificar el uso de las superficies cubiertas por bosques nativos después de un incendio, sin importar quién sea su propietario.
Sin embargo, elimina las restricciones actualmente previstas para zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales. La norma vigente prohíbe durante 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, el cambio de actividad agropecuaria y el desarrollo de prácticas intensivas diferentes a las existentes antes del incendio.
La reforma limita de este modo la protección reforzada a un grupo más reducido de terrenos. Sus críticos advierten que el cambio podría permitir que superficies incendiadas sean destinadas más rápidamente a negocios inmobiliarios o productivos.
El Gobierno argumenta que la legislación actual impone restricciones excesivas sobre el ejercicio del derecho de propiedad y que el nuevo régimen busca equilibrar la protección ambiental con la posibilidad de desarrollar actividades económicas.
La sesión comenzó después de las 14 y continuaba durante la tarde, con una votación prevista para varias horas más tarde. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, pidió que el proyecto regresara a comisión durante una semana debido a las modificaciones realizadas, pero su moción fue rechazada.
El oficialismo busca obtener la media sanción con el respaldo de sectores aliados y enviar luego la iniciativa a la Cámara de Diputados. Al momento de esta redacción, el resultado de la votación todavía estaba pendiente.
