Aumento del 5% a fuerzas de seguridad: ¿solución o parche?
El Ministerio de Seguridad Nacional anunció a través de la Resolución 176/2025, publicada en el Boletín Oficial este viernes, un aumento del 5% en el haber mensual de las fuerzas de seguridad federales. La medida, que entrará en vigor a partir del 1° de marzo, abarca a la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal, a quien se le equipararán los haberes en dos etapas: una en marzo y otra en junio.
Un ajuste en plena tormenta
El Gobierno, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, asegura que “para promover el bienestar del personal que se desempeña dentro de las Fuerzas, su profesionalización y el desarrollo de su carrera, se decidió implementar un incremento en los haberes básicos equivalente al 5% por encima de la pauta salarial a partir del próximo mes”. Sin embargo, este anuncio llega en un contexto donde las fuerzas de seguridad se ven forzadas a enfrentar un escenario de violencia creciente en el conurbano bonaerense, donde la rotación de efectivos hacia “zonas calientes” implica mayor riesgo y carga laboral.
El plan de despliegue de efectivos en municipios del Gran Buenos Aires ha sido catalogado por los intendentes como vital para la protección de los vecinos. Pero para los uniformados, el panorama se torna aún más complicado: desplazarse a zonas de alta incidencia delictiva y enfrentar condiciones laborales precarias, con sueldos que muchos sostienen no alcanzan para cubrir ni siquiera las necesidades básicas.
Protestas en ciernes y reclamos históricos
La medida salarial, aunque anunciada con tintes de modernización y reordenamiento de estructuras, se produce en medio de un creciente descontento en las fuerzas de seguridad. En los últimos días se barajó la posibilidad de concentraciones de efectivos y de familiares, en protesta por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales. Las manifestaciones están programadas para el lunes 10 de febrero a las 9 de la mañana en diversos puntos del país, entre ellos:
Edificio Centinela (Puerto de Buenos Aires)
Monumento a la Bandera (Rosario)
Plaza San Martín (Jesús María, Córdoba)
Plaza Belgrano (San Salvador de Jujuy)
Plaza San Martín (Tartagal, Salta)
Esta convocatoria revive recuerdos de las protestas de 2012, cuando la situación salarial y las condiciones de trabajo en Gendarmería y Prefectura provocaron una movilización masiva que desató controversias políticas y judiciales.
El precio de la inseguridad económica
Testimonios de efectivos en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos gendarmes, con 15 años de servicio, revelaron que “cobran 800.000 pesos y tienen que operar en ciudades como Rosario o Buenos Aires, donde los alquileres oscilan entre $250.000 y $500.000”.
El exdiputado Miguel Saredi, publicó en X: “Conozco muchas familias de gendarmes. La crisis salarial en las fuerzas de seguridad es inaudita. Efectivos de Gendarmería, que durante años se sacrificaron con traslados y operativos en todo el país, hoy reclaman sueldos dignos. Los salarios de ellos y las fuerzas de seguridad son paupérrimos. Está lleno de gendarmes trabajando en Uber por los magros salarios”.
Estos comentarios evidencian la frustración y el malestar generalizado ante un incremento que, si bien representa una mejora respecto al 3% recibido en 2024 –y a la última suba oficial de apenas 1% registrada en diciembre–, resulta insuficiente frente a la inflación y al encarecimiento de la vida en ciudades con altos costos habitacionales.
La equiparación en el Servicio Penitenciario Federal
Particular atención se ha dirigido al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que desde el comienzo de la gestión de Javier Milei pasó a depender del Ministerio de Seguridad Nacional. Bullrich ha enfatizado que el SPF es, en la práctica, la quinta fuerza de seguridad federal.
La resolución establece que “para gestionar el proceso de modernización y reordenamiento de las estructuras salariales del personal y producto de haber encontrado grandes diferencias y distorsiones arbitrarias en los haberes del Servicio Penitenciario Federal, se entendió necesario equiparar los haberes conformados de su personal con los del resto de las fuerzas federales”. Esta equiparación se realizará en dos etapas: la primera en marzo y la segunda en junio.
Vigilancia interna y recelo en el ambiente
El ambiente interno en las fuerzas se complica aún más con la revelación de que la estructura de inteligencia de la Policía Federal se ha enfocado en vigilar los reclamos y protestas de los efectivos. Informes de la “Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal” indican que se han monitorizado grupos de WhatsApp con más de 750 integrantes, lo que ha incrementado la sensación de desconfianza y descontento. La intervención de la inteligencia en asuntos internos ha sido criticada por muchos, que ven en ello un intento de frenar la organización de las protestas en lugar de atender las necesidades reales de los uniformados.
¿Una solución real o solo un parche?
En un país donde el costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó 1.305.587 pesos en enero –y la línea de indigencia se sitúa en 700.057–, el ajuste del 5% se percibe, para muchos, como una respuesta a medias. Los efectivos sostienen que la brecha entre sus ingresos y el costo de vida es cada vez más amplia, y que, pese a los aumentos, se mantienen salarios que consideran insuficientes para enfrentar las exigencias del mercado y la carga operativa a la que son sometidos.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional insiste en que la medida se dicta “en el marco de la correcta administración de los recursos públicos” y que forma parte de un proceso mayor para la reestructuración de los haberes en el sector. Sin embargo, la convocatoria prevista para el 10 de febrero será decisiva para medir si el ajuste logrado es percibido como una solución real o si, por el contrario, se convertirá en el detonante de nuevas protestas y reclamos en todo el país.