Juan Manuel Villarreal
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ha denunciado una acción arbitraria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que, bajo el gobierno de Javier Milei, solicitó a la Justicia intervenir el sindicato. Los afiliados se mantienen en alerta y movilización, defendiendo lo que consideran un ataque a la libertad sindical.
El gobierno de Milei alega irregularidades en el proceso electoral de UATRE y supuestas fallas en el manejo de la obra social del gremio. Según la administración nacional, el Congreso en el que se eligieron las autoridades del sindicato se llevó a cabo sin cumplir con las disposiciones de suspensión previas. Esto afectaría, según el Gobierno, la gobernabilidad del sindicato y la validez de sus decisiones.
Desde el gremio, se defiende la legitimidad del Congreso de Puerto Madryn, realizado con la presencia de 540 congresales debidamente acreditados. En ese contexto, reiteran que la intervención pone en riesgo la libertad sindical y el funcionamiento democrático de la organización. La ex legisladora bonaerense de Unión por la Patria, Natalia Sánchez Jauregui, destacó que "la libertad sindical se garantiza respetando el Estatuto" y que "una pequeña minoría" no puede alterar el normal funcionamiento de un sindicato con cientos de miles de afiliados.
Según UATRE, la suspensión del Congreso fue motivada por impugnaciones presentadas por un grupo minoritario de afiliados, en su mayoría vinculados al diputado nacional de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, quien fue derrotado en las elecciones internas de 2022 en Bahía Blanca. El sindicato acusó a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, de intentar paralizar la vida institucional de UATRE para favorecer a los opositores internos.
En su rechazo a la intervención, UATRE advirtió sobre el peligro que representa permitir que una minoría disconforme, apoyada por el poder político, altere el funcionamiento interno de un sindicato. Además, el gremio sostuvo que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no debería convalidar lo que consideran una "maniobra ilegal y autoritaria".
El sindicato subraya que la intervención no está relacionada con la validez de las elecciones del Congreso de Puerto Madryn, sino con la necesidad de cesar los mandatos del secretariado nacional electo hasta fines de 2026. La situación sigue en tensión, con la defensa de la libertad sindical en el centro del debate.
