Diputados debate el decreto de Milei que prohíbe la hormonización en menores y elimina el cupo trans

Este martes, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados se reunirá para discutir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que impide el acceso de menores de 18 años a tratamientos de hormonización para la afirmación de género. La normativa también prohíbe la modificación del DNI en menores y elimina la obligatoriedad del cupo laboral trans en el sector público.

El debate incluirá la participación de organizaciones LGBTIQ y referentes en la materia. "Colectivos enteros están siendo muy afectados por las últimas definiciones de Milei", advirtieron desde la presidencia de la comisión, y también denunciaron un aumento de hechos de violencia contra la comunidad, como el ataque a una pareja de lesbianas en Recoleta y un incendio en la vivienda de otra pareja en Cañuelas.

¿Qué dice el decreto de Javier Milei?

El DNU 62/2025 modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (26.743), estableciendo que solo los mayores de 18 años pueden acceder a intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.

"Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo", señala el texto oficial. Además, la normativa establece que los tratamientos de afirmación de género no estarán incluidos en el Programa Médico Obligatorio, argumentando que "aún se encuentran en fase experimental y carecen de datos estadísticos sólidos que respalden mejoras en la salud integral".

El decreto también revoca la Ley 27.636, que garantizaba que al menos el 1% de los empleos estatales fueran destinados a personas travestis, transexuales y transgénero. Para el Ejecutivo, esta política era una "imposición ideológica", mientras que los sectores opositores la consideran un retroceso en materia de inclusión laboral.

Reacciones encontradas

La medida generó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) alertó que "la suspensión abrupta de estos tratamientos tiene consecuencias graves en la salud física y mental de adolescentes trans", y anticipó que acudirán a la Justicia para frenar la medida.

Desde el oficialismo, en cambio, defienden la iniciativa argumentando que "los menores de edad son personas en desarrollo que necesitan protección especial". Milei afirmó en una entrevista que su decisión busca evitar que "le amputen los genitales a una criatura", aunque especialistas han señalado que su afirmación es incorrecta, ya que las cirugías de afirmación de género solo estaban permitidas para mayores de edad según la ley vigente.

Apoyo de sectores conservadores

El decreto fue respaldado por el expresidente Mauricio Macri y por organizaciones conservadoras, entre ellas la agrupación MANADA (Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada). Esta entidad, que obtuvo reconocimiento del Congreso en 2024, celebró la medida y afirmó que "los menores no deben atravesar terapias de afirmación de género sin una evaluación psicológica rigurosa".

En su comunicado, MANADA destacó puntos clave que fueron incorporados en el decreto:

• Las personas trans mayores de edad deberán someterse a un estudio psicológico antes de iniciar un tratamiento.
• Se prohibirá el uso de nombres y pronombres autopercibidos en escuelas y consultorios psicológicos.
• Se eliminará la cobertura estatal de estos tratamientos, priorizando "otras urgencias sanitarias".
• Se alineará la política argentina con países como Suecia, Noruega y el Reino Unido, donde se han impuesto restricciones similares.

Un debate que promete tensión en el Congreso

El debate de este martes promete ser intenso. Mientras los sectores opositores intentarán frenar la normativa, el oficialismo buscará sostenerla como parte de su cruzada contra la "ideología de género".

La decisión final sobre el DNU dependerá del Congreso, que tiene la facultad de derogarlo si logra la mayoría necesaria. Sin embargo, con un oficialismo fortalecido en ambas cámaras, el futuro de esta normativa sigue siendo incierto.