Batalla judicial por las boletas: Caputo, contra las cuerdas

La Justicia federal acaba de dar un nuevo revés al Gobierno nacional en su cruzada contra el cobro de tasas municipales en boletas de servicios públicos. La Cámara Federal de San Martín confirmó la inconstitucionalidad de una resolución impulsada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que pretendía eliminar esos cargos de las facturas de luz y gas.

El fallo se dio en el marco de una causa iniciada por el municipio de Escobar, que ya contaba con un fallo favorable de primera instancia dictado por el Juzgado Federal de Campana. La decisión judicial refuerza la autonomía de los municipios, amparada por las constituciones Nacional y Provincial.

La raíz del conflicto: la resolución 267 y los cobros en boletas

Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio firmó la resolución 267, que restringía a las empresas de servicios la posibilidad de incluir en sus boletas “conceptos ajenos” al suministro básico.

En Escobar, por ejemplo, Edenor incluye en sus facturas la tasa por alumbrado público y Naturgy la de vigilancia, inspección y desarrollo de emprendimientos de gas. Esta modalidad se repite en decenas de municipios de la Provincia, con respaldo de normativas provinciales y convenios con prestadoras.

Caputo alegó entonces que su intención era bajar la carga impositiva sobre los usuarios para reducir el impacto inflacionario. Sin embargo, su iniciativa fue leída como un intento de recorte a los ingresos comunales, y generó una ola de amparos.

Aval judicial a la autonomía municipal

El reciente fallo de la Cámara, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández, fue tajante: “El derecho de los municipios de imponer contribuciones y percibirlas no puede ser afectado por decisiones del Poder Ejecutivo Nacional”.

Los jueces señalaron que si bien la intención de Caputo podía ser legítima, la forma elegida para implementarla era inconstitucional y atentaba contra convenios previamente firmados entre municipios y empresas, además de poner en riesgo las finanzas locales.

En paralelo, se aclaró que los contribuyentes siempre tuvieron la posibilidad de pagar las tasas por separado, lo que demuestra que el sistema “no era coactivo”.

Fallos dispares en la Provincia

Hasta ahora, la Justicia recibió 21 presentaciones de municipios bonaerenses. Algunos como Quilmes, San Martín y Escobar consiguieron medidas cautelares favorables. Otros, como Tigre, Moreno o Hurlingham, no tuvieron la misma suerte.

El Juzgado Federal de San Martín, por ejemplo, rechazó siete amparos en febrero, al considerar que la resolución de Caputo no violaba la Constitución ni afectaba la autonomía provincial.

Pese a los dictámenes divididos, en la práctica, nada cambió: todos los intendentes bonaerenses continuaron cobrando las tasas mediante las boletas de luz y gas. Así lo reconocen incluso desde el propio Gobierno provincial.

La pelea política de fondo

La decisión de Caputo también tuvo una lectura política. Desde el Ministerio de Economía buscaron dejar claro que las subas en las facturas no eran responsabilidad del Gobierno nacional, sino de los intendentes que agregaban cargos comunales. En su momento, el ministro mostró como ejemplo una boleta del municipio de La Costa con tasas de entre $2.000 y $3.000 en una factura de más de $100.000.

Sin embargo, en la Provincia no le dieron mayor entidad. Desde el Oceba (el organismo que regula la energía eléctrica en territorio bonaerense) recordaron que las distribuidoras están habilitadas a incluir cargos adicionales con respaldo legal y contractual.

A casi un año de iniciada la disputa, los tribunales siguen acumulando causas y argumentos, pero mientras tanto, las tasas comunales siguen en pie y Caputo no logró avanzar con su objetivo original.