La Justicia accionó y el Congreso busca blindar Vialidad
El plan del Gobierno de Javier Milei para disolver Vialidad Nacional recibió este jueves un fuerte revés judicial. La jueza federal Martina Forns, del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato SEVINA y suspendió los efectos del DNU 461/2025, publicado hace apenas una semana.
La medida había sido firmada en el marco del paquete de decretos emitido contrarreloj por el Poder Ejecutivo antes del vencimiento de las facultades delegadas el pasado 9 de julio. En su fallo, Forns argumentó que el decreto no tiene sustento legal para eliminar un ente autárquico como Vialidad, ya que la propia Ley Bases (N.º 27.742) excluye expresamente a este organismo de cualquier tipo de reorganización administrativa.
“La aplicación del decreto puede generar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales en un organismo técnico que requiere autonomía”, advirtió la jueza.
Forns también destacó el “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” si el Ejecutivo avanzaba con el traspaso de funciones al Ministerio de Economía. La decisión judicial deja en suspenso la medida y podría marcar un precedente para otros organismos autárquicos en riesgo de disolución, como los vinculados a ciencia, salud y cultura.
Respuesta oficial: el Gobierno apelará el fallo
No pasaron ni dos horas desde que se conoció la medida cautelar, y desde la Casa Rosada salieron a responder. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno apelará la resolución de Forns y buscará restituir la validez del decreto.
“El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”, expresó Adorni en conferencia de prensa, sin ocultar el malestar oficial por el freno judicial. En paralelo, fuentes del Ejecutivo confirmaron que ya se trabaja en una presentación ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, para revertir el fallo en segunda instancia.
El DNU formaba parte del paquete de medidas de ajuste del gasto público. El Gobierno estimaba un ahorro de 100 millones de dólares anuales con la eliminación de Vialidad y su absorción en Economía.
El Senado contraataca: emergencia vial y blindaje institucional
Mientras el Gobierno se prepara para la batalla judicial, en el Congreso comenzó a gestarse una fuerte reacción política. El bloque Convicción Federal, integrado por senadores peronistas de distintas provincias, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años y blindar a Vialidad frente a cualquier intento de cierre.
La iniciativa lleva las firmas de Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca). El texto considera a Vialidad Nacional como un “ente público de carácter estratégico”, clave para la conectividad, la logística y la seguridad vial del país.
Qué propone el proyecto del Senado
El proyecto contempla medidas concretas para recuperar la operatividad del sistema vial:
- Un relevamiento integral del estado de las rutas nacionales.
- Implementación de un plan preventivo y correctivo con protocolos ante emergencias climáticas o siniestros.
- Establecimiento de estándares mínimos de mantenimiento, con seguimiento trimestral.
- Ampliación presupuestaria y fuentes específicas de financiamiento.
- Exceptuar a Vialidad Nacional de los decretos 70/2023 y 461/2025, para impedir su transformación en sociedad anónima o su absorción por otros ministerios.
“La red vial es clave para el desarrollo del país. No podemos permitir que se abandone su mantenimiento o se vacíe un organismo técnico con presencia federal”, afirmaron los senadores en un comunicado.
Obras públicas detenidas y deterioro en las rutas
Desde diciembre de 2023, el Gobierno canceló todas las obras públicas de la Red Vial Nacional, como parte del ajuste fiscal. Esto provocó el desmantelamiento de cuadrillas, suspensión de contratos, despidos en empresas constructoras y un deterioro acelerado de rutas clave para el transporte de cargas y pasajeros.
Los senadores advierten que el impacto económico y social es grave: camioneros circulan por tramos intransitables, las provincias enfrentan sobrecostos logísticos, y el riesgo de accidentes fatales se incrementa semana a semana.
Técnicos del sector advierten que cada peso que no se invierte en mantenimiento hoy, se multiplica por cinco en reparación futura. Además, advierten que los corredores bioceánicos y las rutas exportadoras están en niveles críticos de desgaste.
Lo que viene: pulseada judicial y debate legislativo
La iniciativa para declarar la emergencia vial será debatida en comisiones del Senado en los próximos días. Desde el oficialismo anticipan que no acompañarán el proyecto, pero el bloque peronista buscará consensos con federales, radicales y bloques provinciales.
Por el lado judicial, se espera que la apelación del Gobierno sea tratada por la Cámara en las próximas dos semanas. De confirmarse el fallo de primera instancia, se abriría una vía para que otros organismos autárquicos también presenten amparos contra los decretos de reorganización.
La pelea por Vialidad se suma a una larga lista de frentes abiertos entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Pero, a diferencia de otras áreas, las rutas son un símbolo federal y cualquier intento de desmantelar su organismo rector tiene consecuencias inmediatas sobre millones de argentinos.