Caso YPF: la jueza Preska va por celulares de funcionarios
El conflicto judicial por la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) sumó un nuevo capítulo de alta tensión diplomática y legal. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la Argentina entregue los teléfonos celulares de funcionarios y exfuncionarios, en el marco de la causa iniciada por los fondos buitre Peterson y Eton Park.
La resolución se dio durante una audiencia centrada en cuestiones probatorias, donde además se autorizó un amplio proceso de discovery para acceder a comunicaciones relacionadas con la petrolera estatal, el Banco Central y otras empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Enarsa. Los demandantes buscan demostrar que el Estado y YPF actuaban como un "alter ego".
El rechazo de Argentina: "Viola la soberanía"
La respuesta del Gobierno nacional no tardó en llegar. A través de la Procuración del Tesoro, la Argentina calificó la medida como “inconstitucional” y advirtió que la decisión “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables”.
“Ya se entregaron más de 100.000 páginas de documentos, incluyendo datos financieros en Estados Unidos, Argentina y otros países”, recordaron desde la defensa del Estado. Además, apuntaron contra Burford Capital, el fondo detrás de la demanda, por “abusar del proceso judicial” para entorpecer la recuperación económica del país.
“La República Argentina está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”, concluyó el comunicado oficial.
Qué busca Argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York
En paralelo, el Gobierno presentó nuevos argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, solicitando que se mantenga la suspensión de la entrega del 51% de las acciones de YPF mientras dure la apelación del fallo de Preska.
La estrategia legal argentina se basa en que esa orden vulnera la inmunidad de ejecución que protege a los bienes de un Estado extranjero, contemplada en la Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU. A su vez, remarcan que las acciones están en territorio argentino, no fueron usadas para fines comerciales en Estados Unidos, y que su transferencia sin autorización del Congreso está expresamente prohibida por la legislación nacional.
Riesgo país: la entrega de las acciones sería irreversible
La defensa nacional también alertó sobre el “daño irreparable” que implicaría ejecutar la orden: “La pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país no se podría revertir, aun si la Argentina ganara la apelación”.
Desde la Procuración señalaron que los demandantes no lograron demostrar que sufrirían un perjuicio si se mantiene la suspensión, mientras que una ejecución anticipada sí podría comprometer los intereses de YPF, sus accionistas y el pueblo argentino.
Incluso advirtieron que esta decisión podría escalar a nivel diplomático: “Afectaría las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país en el extranjero”.