El Gobierno no podrá tocar el INTI por orden de la Justicia
La Justicia frenó por seis meses los cambios de Milei en el INTI tras una cautelar de ATE. Otro revés para la reestructuración estatal. Todos los detalles.
Política29 de julio de 2025
Juan Manuel Villarreal
Revés judicial para el Gobierno: frenaron los cambios en el INTI
El Gobierno nacional no podrá avanzar con los cambios que había impulsado sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), luego de que la Justicia federal diera lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, resolvió frenar por seis meses la aplicación del decreto 462/2025, con el que la administración de Javier Milei buscaba transformar el organismo en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.
Según el fallo, se justifica "el dictado de una medida cautelar de no innovar" con el fin de "evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".
Qué decía el decreto que quedó en pausa
El decreto 462/2025 formaba parte del paquete de reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo tras la sanción de la Ley Bases. En ese marco, el Gobierno ordenó disolver o fusionar diversos organismos estatales, entre ellos el INTI.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, había explicado que el Instituto dejaría de ser un ente autárquico y pasaría a ser una unidad organizativa con dependencia directa de Industria y Comercio. Según los argumentos oficiales, la decisión respondía a la existencia de una “estructura sobredimensionada” y una “superposición de áreas administrativas”.
Además, el decreto establecía que los ingresos generados por el INTI —tasas, aranceles, patentes y otros— pasarían a formar parte del Tesoro Nacional. También habilitaba la creación de centros de investigación con financiamiento privado.
La reacción de ATE y las críticas a Milei
El sindicato de estatales celebró el fallo como una victoria. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue tajante en su cuenta de X: “Luchar sirve. El INTI no se toca. La Justicia volvió a dar la razón a ATE y frena el cierre del INTI”.
En otro posteo, cargó contra el Presidente y contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Presidente @JMilei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder. @fedesturze, ni las facultades delegadas supieron usar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos”.
Desde ATE también advirtieron que el decreto implica una "desviación de poder" y apuntaron contra la posible "disolución, vaciamiento y desfederalización" del organismo.
La postura del Gobierno: críticas al rol del INTI
Por su parte, el oficialismo justificó los cambios en función de una presunta ineficiencia del INTI. Sturzenegger argumentó que el organismo “tiene una estructura sobredimensionada, con 2.356 empleados y más de 250 reparticiones”, de las cuales —según dijo— un 20% son puramente administrativas.
“El INTI fue utilizado durante años para trabar el desarrollo productivo, imponer regulaciones técnicas innecesarias y generar procesos burocráticos”, sostuvo el funcionario.
El objetivo de la transformación, según explicó, era “eliminar estructuras sobredimensionadas” y conservar solo al personal técnico necesario, bajo el argumento de reconducir al Instituto hacia sus funciones esenciales.
Qué prohíbe la Justicia y hasta cuándo
El fallo de la jueza Forns prohíbe al Poder Ejecutivo ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto 462/2025. Esto incluye traslados, cesantías, reubicaciones de personal y eliminación de estructuras del INTI.
La medida tendrá vigencia por seis meses a partir de la notificación oficial. En ese lapso, el Gobierno no podrá avanzar con la transformación del organismo, y deberá esperar una definición de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
Se trata de un nuevo obstáculo para la estrategia de ajuste y reorganización del Estado impulsada por Javier Milei, que ya cosechó múltiples rechazos judiciales y sindicales.
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