Endeudamiento bonaerense: tensión por reparto de fondos y cargos en el Bapro
La pulseada por el endeudamiento bonaerense volvió a tensar el vínculo entre el gobierno de Axel Kicillof y la oposición en la Legislatura. Aunque el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva lograron la sanción, la autorización para tomar deuda —que el Ejecutivo estima en hasta USD 3.685 millones— quedó nuevamente en pausa. Las diferencias políticas, cruzadas por reclamos municipales y una interna que involucra cargos clave en el Banco Provincia, empujaron la discusión al viernes.
Un endeudamiento frenado por desconfianzas
El punto central del conflicto es el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que la oposición exige desprender de cualquier condicionamiento atado a la deuda. Según el despacho de mayoría, el fondo representaría el 8% del total del financiamiento autorizado, estimado en $360.000 millones para los 135 distritos.
Pero los bloques opositores advierten que “faltan certezas” sobre el reparto, los plazos y los montos que recibirá cada municipio. Sin esos detalles, anticipan que no habilitarán el endeudamiento.
El paquete de deuda incluye dos pedidos principales: uno por hasta USD 1.045 millones y otro por USD 1.990 millones, además de Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones y autorizaciones especiales para Centrales de la Costa (USD 150 millones) y AUBASA (USD 250 millones). El Poder Ejecutivo provincial había mejorado la oferta original para el fondo municipal, que solo incluía un porcentaje sobre el primer monto de endeudamiento; e incluyó también el segundo monto en la suma.
Desde UCR + Cambio Federal advirtieron que hubo un intento oficialista de reducir el monto fijo del fondo municipal: “Quisieron reducir el monto fijo de 180.000 millones a 30.000 millones de pesos. Es inaceptable”, señaló un legislador del espacio.
La emergencia económica avanza y reordena el tablero
Mientras el pedido de endeudamiento sigue trabado, la Legislatura aprobó la emergencia económica para la provincia y sus 135 municipios hasta el 31 de marzo de 2027, habilitando un Fondo de Recupero de Deuda que le dará al Ejecutivo margen para redistribuir partidas.
La norma atribuye la crisis a “la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional de transferencias automáticas y no automáticas”, lo que —según la ley— afecta la prestación de servicios esenciales en territorio bonaerense.
Además, se aprobaron gastos por 43 billones de pesos y los presupuestos autónomos de Diputados y Senado, que representan el 0,9% del total. La Ley Impositiva, sancionada esta madrugada, incorporó cambios sensibles en el mercado financiero: una alícuota del 9% sobre la renta de títulos públicos nacionales.
Desde el Pro, calificaron la medida como “demencial” y reclamaron que Kicillof no promulgue ese artículo. El senador Alex Campbell fue incluso más duro: “Basta de impuestos que asfixian a los bonaerenses. No se puede seguir gastando más de lo que se tiene”.
El oficialismo defendió la reforma y destacó que habrá una reducción nominal para el 75% de los vehículos radicados en la provincia, mientras que no habrá cambios en las boletas del inmobiliario rural y urbano.
Rosca caliente: el superdirectorio del Bapro
El directorio del Banco Provincia se convirtió en uno de los territorios en disputa dentro de la negociación por el endeudamiento. Actualmente, el banco cuenta con tres integrantes con mandato prorrogado desde hace dos años —Carlos Fernández, Santiago Nardelli y Laura González— y cuatro miembros con mandato hasta el 1º de enero de 2026 —Sebastián Galmarini, Alejandro Formento, Bruno Screnci y Humberto Vivaldo—.
Si bien desde el oficialismo evitaron confirmarlo, fuentes de la oposición señalaron que la oferta para aprobar las tres leyes que impulsa Kicillof había incluido la posible ampliación del directorio, de ocho a 12 miembros, como parte de la negociación por la distribución de cargos. Esto generó intensa discusión sobre quiénes ocuparían los puestos vacantes y cómo se repartirían los espacios entre bloques.
Entre los nombres en danza aparecen Matías Ranzini, Christian Gribaudo, Adrián Urreli, Carlos Fernández, Marcelo Daletto, Agustín Máspoli y Fernando Pérez. El reparto opositor se completaría con una silla destinada a Fernando Rozas, hermano del titular del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, quien actúa como aliado estratégico del oficialismo en varias votaciones sensibles.
Fuentes legislativas explicaron que el cuarto intermedio previsto hasta el viernes a las 10 servirá para acordar los pliegos y definir quiénes ocuparán los nuevos puestos, directamente vinculados al aval político que la Legislatura debe otorgar al endeudamiento provincial. La ampliación del directorio se transformó así en uno de los puntos más sensibles del paquete de negociaciones, cruzando intereses internos del peronismo y exigencias de los bloques opositores.