Gustavo Barrera acorralado: guardavidas coparon el Palacio Municipal y denunciaron graves irregularidades en Villa Gesell
Barrera acorralado: guardavidas coparon el Palacio Municipal
La crisis en Villa Gesell sumó este lunes un nuevo capítulo de alto voltaje político y social. Decenas de guardavidas tomaron el Palacio Municipal para denunciar salarios recortados, incumplimientos legales y serias falencias en los protocolos de seguridad en las playas. La protesta, encabezada por la Unión de Guardavidas de Villa Gesell, volvió a poner en el centro de la escena a la administración del intendente Gustavo Barrera, cada vez más cuestionada en el distrito.
Este conflicto no es un hecho aislado. Tal como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM, se inscribe en un clima de creciente malestar local, atravesado por el intento del Ejecutivo municipal de imponer un aumento del 90% en las tasas para el próximo año, una dura derrota electoral en octubre y acusaciones por una presunta “estafa millonaria” vinculada al presupuesto del hospital municipal. A ese combo se suman críticas por inseguridad en aumento y deterioro urbano que, según distintas voces, profundizan el desgaste del jefe comunal.
Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell.
Reclamos laborales y playas sin cobertura
Los guardavidas detallaron un listado de incumplimientos que, aseguran, impactan de lleno en la seguridad de trabajadores y bañistas. Denuncian la falta de personal por jubilaciones, fallecimientos y licencias que no fueron reemplazadas; la implementación de un horario cortado declarado ilegal por la Justicia; y la reducción de la cobertura horaria de las playas, que pasó de las 12 horas establecidas por ley a una franja acotada de 10 a 19.
También alertaron por la ausencia de fiscalización en las Unidades Fiscales Turísticas y por un recorte salarial del 40%, producto de una decisión unilateral del Municipio que desconoció la última paritaria, donde las horas extras habían sido incorporadas al salario.
Uno de los puntos más sensibles es la situación del Programa de Gestión Integral de Seguridad Acuática (PGISA). Según denunciaron, desde noviembre de 2024 Villa Gesell tiene desaprobado ese plan por la Comisión Provincial de Guardavidas, lo que implica falencias en la cantidad de personal, elementos de seguridad, embarcaciones y extensión de costa a cubrir.
Denuncia formal y advertencia al Municipio
El conflicto escaló con la presentación de una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, fechada el 25 de noviembre de 2025 y firmada por el secretario general Juan Manuel Gimenez y Lautaro Suárez Serrano.
En el escrito, Gimenez sostuvo: “Solicitamos genere inspecciones en el ámbito público y privado por el incumplimiento de la normativa”. Además, remarcó que “el Plan Integral General de Seguridad Acuática no se encuentra aprobado por el Municipio de Villa Gesell” y advirtió que esa situación “proporciona un riesgo enorme tanto para los trabajadores del sector como para los bañistas”.
El documento también señala que ni el Municipio ni las unidades fiscales turísticas cumplen con el período mínimo de prestación del servicio de guardavidas, que debe ser de 150 días corridos según la Ley Nacional 27.155 y la Ley Provincial 14.798. “Por eso responsabilizamos a las autoridades Provinciales y Municipales de todo tipo de accidente y/o situación de riesgo”, enfatiza la denuncia.
Pedido de inspección presentado ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.
Barrera, bajo fuego cruzado
El conflicto de los guardavidas se suma a una batería de cuestionamientos políticos. En diálogo con este medio, el concejal de La Libertad Avanza, Adrián Green, afirmó: “La ciudad está en pleno abandono. El sistema de salud no funciona y la inseguridad crece”. En la misma línea, Emiliano Peluffo sostuvo que Barrera “no es un intendente presente” y que Villa Gesell vive “un abandono total”.
Más duro aún fue Luis Vivas, quien aseguró: “Las irregularidades son una constante en su gestión. Hay una gestión nefasta, plagada de corrupción”. En ese contexto, la protesta en el Municipio expuso algo más que un reclamo sectorial: dejó al descubierto una gestión cada vez más acorralada por denuncias y conflictos abiertos.