Mariana Portilla
En medio de una crisis hídrica histórica, con campos anegados, caminos rurales destruidos y el distrito declarado en emergencia agropecuaria, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, decidió impulsar un aumento del 50% de la tasa vial. La medida, incluida en el Presupuesto 2026, cayó como una bomba en el sector productivo y profundizó el malestar social en un municipio atravesado por la falta de respuestas.
El incremento eleva el costo promedio por hectárea de $7.100 a $10.662, lo que proyecta una recaudación adicional de $1.506 millones, en un distrito con 423.000 hectáreas y más de 2.000 kilómetros de caminos rurales, muchos de ellos hoy directamente intransitables. Para los productores, el contraste es brutal: más impuestos, ninguna contraprestación.
Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la realidad de Nueve de Julio y el deterioro sostenido del distrito. La suba de tasas no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una gestión cuestionada por la falta de obras, el abandono de los servicios esenciales y la inacción frente a las inundaciones, que derivó incluso en una denuncia penal contra la intendenta por presunto estrago e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
El proyecto ingresó al Concejo Deliberante el 27 de noviembre, sobre el límite del plazo legal, y generó un inmediato rechazo político. Desde la UCR calificaron la iniciativa de “excesiva y sin sustento”, mientras que La Libertad Avanza adelantó que no acompañará ningún aumento impositivo. El argumento se repite: el servicio es malo, los caminos no se mantienen y una parte significativa de la tasa termina en rentas generales, no en obras.
Pero el enojo más fuerte viene del campo. Patricia Gorza, presidenta de la filial de Federación Agraria, dijo a La Nación que los productores pagan de su bolsillo el arreglo de caminos, la limpieza de canales, la compra de alcantarillas y hasta el combustible para poder entrar o salir de sus establecimientos.
El conflicto escala en un contexto social ya caldeado. Gentile llega golpeada tras la derrota electoral, donde la lista oficialista quedó relegada al cuarto lugar, reflejando un desgaste evidente de su gestión. Las protestas no son nuevas: productores ya irrumpieron en la municipalidad, quemaron gomas y reclamaron soluciones urgentes ante la falta de respuestas frente a los caminos anegados.
GRUPOLAPROVINCIA.COM habló semanas atrás con el productor agropecuario Fernando Di Pietro, quien fue contundente: “Los caminos rurales transitables se pueden contar con los dedos de la mano. Después de la última lluvia, prácticamente no quedó ninguno en condiciones”. Y advirtió que el problema va mucho más allá de la producción: “Hay pueblos a los que solo se llega por calle de tierra, chicos que no pueden ir a la escuela y ambulancias que no pueden circular. Es un combo gravísimo que hoy no tiene solución”.
La bronca se alimenta, además, por la falta de transparencia. En junio, más de 150 productores presentaron un pedido de informes para saber qué se hizo con la tasa vial ya recaudada. Nunca hubo respuesta. Tampoco existe un plan de trabajo para 2026 que detalle obras, prioridades y uso de fondos.
Mientras el Gobierno nacional y la Provincia reconocieron la emergencia agropecuaria en la región, en Nueve de Julio la intendenta eligió ajustar donde más duele. Para el sector rural y buena parte de la comunidad, el mensaje es claro: más impuestos, menos gestión.
El clima está lejos de calmarse. Si el aumento avanza, los productores ya advierten que volverán a las calles. En un distrito bajo el agua, Gentile enfrenta una tormenta política que no deja de crecer.
