Fentanilo contaminado: reclamo federal por verdad y justicia

Las familias de las víctimas del fentanilo contaminado volverán a la calle para reclamar respuestas concretas del Estado nacional frente a una tragedia sanitaria que ya habría dejado 173 muertes. Este martes por la tarde realizarán dos movilizaciones simultáneas, una en La Plata y otra en Rosario, bajo la consigna “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”.

La convocatoria apunta directamente a la falta de reacción política ante un escándalo que, según los propios familiares, constituye “la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina”. En un duro comunicado, denunciaron la ausencia de autoridades sanitarias en las citaciones legislativas y cuestionaron la falta de compromiso institucional del Poder Ejecutivo nacional.

“Las 173 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sortearán el próximo año”, advirtieron. Y agregaron: “La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico que las familias no podemos aceptar”.

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Una causa judicial que expone fallas estructurales

Mientras el reclamo crece en la calle, la investigación judicial avanza en los tribunales federales de La Plata. En los últimos días, el juez Ernesto Kreplak amplió el perímetro de la causa y ordenó incorporar una nueva tanda de historias clínicas de pacientes fallecidos tras recibir fentanilo adulterado.

Un informe reciente del Cuerpo Médico Forense, presentado ante el juzgado, confirmó que 38 de las 40 historias clínicas analizadas —sobre un total de 173— corresponden a muertes provocadas por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico contaminado. Ese material permitió profundizar el análisis sobre las responsabilidades médicas, sanitarias y regulatorias.

En paralelo, declararon ex trabajadores del Laboratorio Ramallo, planta donde se elaboraron las partidas contaminadas del fentanilo de HLB Pharma. Sus testimonios describieron deficiencias graves en los procesos de esterilización, controles internos relajados y condiciones laborales incompatibles con la manipulación de una sustancia crítica como el fentanilo.

Hasta el momento, la causa cuenta con 14 imputados procesados, entre ellos directivos, responsables técnicos y actores vinculados a la cadena de producción y control del medicamento.

El reclamo al Ejecutivo nacional

Las familias remarcan que, mientras la Justicia avanza, el Ejecutivo permanece inmóvil. Uno de los principales objetivos de la movilización es exigir una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, para conocer qué falló en los sistemas de control y por qué el Estado no detectó a tiempo el desastre sanitario.

“Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explicaron los organizadores.

Hasta ahora, el escándalo derivó en una sola salida política: la renuncia de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), luego de que se conocieran demoras del organismo —dependiente de la ANMAT— para actuar frente a laboratorios con “desvíos de calidad”.

Según documentación oficial incorporada a la causa, una intervención más eficaz de la autoridad regulatoria podría haber evitado que el 18 de diciembre de 2024 el Laboratorio Ramallo fabricara el Lote 31202, contaminado con dos bacterias y asociado a decenas de muertes.

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Familias sin aparato político, pero con un reclamo firme

Sin respaldo de organizaciones partidarias ni contención estatal, los familiares quedaron al frente del reclamo público. Desde hace meses recorren despachos oficiales, acompañan las presentaciones judiciales y se reúnen con especialistas para dimensionar la magnitud del esquema que permitió que partidas contaminadas circularan por hospitales públicos y privados.

En la convocatoria, destacaron el rol de los medios de comunicación: “Los medios son un actor indispensable en esta lucha colectiva por la verdad y la justicia”.

La causa ya no investiga solo un error técnico. Interpela al sistema de control sanitario, al circuito de habilitaciones y al rol del Estado. “Las 173 muertes no pueden encerrarse en un expediente. Necesitamos respuestas políticas y responsables que den la cara”, sostienen las familias, decididas a no dejar que la tragedia quede sepultada en el silencio oficial.