La Provincia impulsa una contrarreforma para proteger a trabajadores de plataformas
Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral orientada a la desregulación, la provincia de Buenos Aires decidió marcar una diferencia política y conceptual. A través del Ministerio de Trabajo, la gestión de Axel Kicillof impulsa un proyecto de ley para mejorar de manera inmediata las condiciones laborales de las y los trabajadores de plataformas digitales, un sector atravesado por la precarización y la falta de derechos básicos.
El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien definió la iniciativa como una respuesta directa al modelo que promueve el oficialismo nacional. Desde la cartera laboral advirtieron que “el gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos, excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborales”, y subrayaron que esa mirada va a contramano de los debates que se dan a nivel internacional.
En ese sentido, recordaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza actualmente mecanismos para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan mediante plataformas digitales en todo el mundo, mientras que en la Argentina el Congreso aún no abordó de manera integral esta problemática.
Inspecciones y control sobre las “tiendas invisibles”
Uno de los ejes centrales del proyecto es el fortalecimiento de las inspecciones laborales, con foco en las denominadas “tiendas invisibles”. Se trata de establecimientos que operan a puertas cerradas y realizan tareas de venta, almacenamiento, empaque y despacho de mercaderías cuyos pedidos se gestionan a través de plataformas digitales.
Según lo establecido, estos espacios deberán cumplir con toda la legislación laboral vigente y quedarán bajo la órbita de control del Ministerio de Trabajo bonaerense, que será la autoridad de aplicación. El proyecto reconoce dos realidades laborales diferenciadas: por un lado, quienes trabajan dentro de estos locales, muchas veces sometidos a ritmos intensos y condiciones de presión; y por otro, los repartidores, que suelen esperar pedidos en la vía pública, con escaso o nulo acceso a condiciones dignas.
Salud, seguridad y responsabilidades empresarias
Otro punto clave de la iniciativa es la mejora de las condiciones de salud y seguridad laboral. El proyecto establece la obligación para las empresas de contratar, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales que cubra muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia.
La medida busca fijar un piso mínimo de protección frente a los riesgos propios de la actividad, en especial los siniestros viales. Además, se avanzará en la definición de responsabilidades empresarias en materia de salud y seguridad —competencia provincial— y en el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En coordinación con municipios y empresas, la Provincia también promoverá la creación de paradores públicos y gratuitos para los trabajadores, con espacios de descanso, sanitarios con agua potable, áreas de higiene personal y lugares seguros para resguardar objetos personales y herramientas de trabajo.
Una APP con botón de pánico y beneficios
El tercer eje del proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil destinada específicamente a trabajadores de plataformas. La APP contará con un “botón de pánico” o aviso rápido de seguridad ante situaciones de riesgo, y un botón de emergencia sanitaria para casos de accidentes en la vía pública.
Además, permitirá acceder a descuentos especiales para la compra de insumos esenciales como cascos, protecciones, repuestos para bicicletas y motos, gomerías, lubricantes y seguros. También brindará asistencia y asesoramiento gratuito sobre derechos laborales, contratación de seguros, licencias de conducir y trámites migratorios.
Según explicó Correa, el objetivo es aprovechar el uso cotidiano del celular para facilitar el acceso inmediato a herramientas de protección y acompañamiento. Con esta iniciativa, el gobierno bonaerense busca consolidar un rol activo del Estado en la regulación del trabajo digital, poniendo el foco en garantizar derechos y mejorar las condiciones laborales en un contexto de fuerte debate nacional sobre el futuro de la legislación laboral.