Riesgo de cáncer y malformaciones: la gestión de Suescun bajo la lupa judicial por los agroquímicos en Rauch
El debate por el uso de agroquímicos en el centro de la provincia de Buenos Aires volvió a ganar volumen a partir de un dictamen clave del Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, que recomendó suspender las ordenanzas municipales que habilitan fumigaciones a escasos metros de viviendas, escuelas, pozos de agua y cursos hídricos en los partidos de Rauch y Tandil.
El pronunciamiento advierte que las normas vigentes no se ajustan a los estándares de protección ambiental establecidos por la Constitución Nacional y la legislación provincial. En ese sentido, el Procurador puso especial énfasis en la necesidad de aplicar protecciones reforzadas para niñas y niños, frente a riesgos ya demostrados por investigaciones científicas realizadas por universidades públicas.
En este marco, Rauch vuelve a quedar bajo la lupa. En el distrito gobernado por el radical Maximiliano Suescun sigue vigente una ordenanza sancionada en 2012 que permite aplicaciones de agroquímicos a distancias mínimas de cursos de agua donde funcionan espacios recreativos municipales, como el balneario. Para los denunciantes, y ahora también para el propio Procurador General, se trata de una normativa que podría vulnerar el llamado “bloque de legalidad ambiental” y comprometer derechos básicos como la salud y el acceso a un ambiente sano.
Una gestión bajo presión y sin margen político
Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la realidad de Rauch. La advertencia judicial por los agroquímicos se suma a un escenario político complejo para Suescun. Como informamos oportunamente, el intendente fue acusado de "discriminar" a los trabajadores municipales, al promover a la categoría más alta de la planta permanente a funcionarios políticos mientras los salarios caen. A eso se agregan reclamos persistentes por barrios relegados sin servicios básicos y por la falta de respuestas frente al déficit habitacional.
En las urnas, el desgaste también quedó expuesto. En septiembre el peronismo se impuso con casi el 50% de los votos, marcando un fuerte retroceso del oficialismo radical. Entre los vecinos crecen los cuestionamientos por la falta de renovación de funcionarios, la incapacidad de anticiparse a los problemas y la acumulación de demandas que nunca obtuvieron respuesta.
El reclamo ambiental en la cuenca del arroyo Chapaleofú es encabezado por vecinos de Rauch, Tandil, Gardey y Vela, nucleados en una acción judicial presentada directamente ante la Suprema Corte bonaerense. Su abogado, Joaquín Benavídez, advirtió al diario La Voz que las personas que se bañan en los balnearios de Rauch y María Ignacia Vela “están en riesgo” debido a la presencia de sustancias con efectos genotóxicos, teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos detectadas en el agua.
En ese contexto, cuestionó duramente las ordenanzas locales que habilitan fumigaciones a 30 o 50 metros de cursos de agua. “La Corte bonaerense ya determinó en cinco fallos que la distancia mínima debe ser de 1.000 metros. Cualquier regulación por debajo de ese umbral implica una violación constitucional”, sostuvo en declaraciones a El Eco de Tandil.
Balnearios, niños y agroquímicos: el corazón del conflicto
Uno de los datos más sensibles del planteo tiene que ver con la exposición de niños y niñas. “En el balneario de Rauch nadan alrededor de 500 niños menores de 10 años en cada temporada. Imaginate una persona que se baña durante 10 o 15 años todos los veranos en aguas que contienen agrotóxicos”, alertó Benavídez, al remarcar que la temporada de fumigación coincide con el período estival.
Los análisis de agua realizados junto con universidades públicas y organismos científicos detectaron la presencia de glifosato, atrazina, 2,4-D y, en una muestra tomada en Rauch, incluso endosulfán, un pesticida prohibido internacionalmente por el Convenio de Estocolmo debido a su alta toxicidad. Estos resultados, según el abogado, fueron determinantes para que el Procurador Conte Grand emitiera un dictamen tan contundente.
Pese a ese contexto, el Municipio de Rauch salió a llevar tranquilidad. Desde la Dirección de Ambiente aseguraron al medio local La Nueva Verdad que el balneario se encuentra habilitado y que los análisis bacterológicos realizados por la Autoridad del Agua indican que el agua es apta para uso recreativo.
El dictamen del Procurador General deja en evidencia una contradicción de fondo: mientras la Justicia advierte sobre posibles violaciones constitucionales y riesgos para la salud pública, el Ejecutivo local evita revisar una ordenanza que ya quedó desfasada frente a los estándares ambientales vigentes. La decisión final ahora está en manos de la Suprema Corte bonaerense. En Rauch, el debate por los agroquímicos ya no es solo ambiental: es también político.