“Resultados lapidarios”: el fallo por fumigaciones en Tandil deja a Lunghi contra las cuerdas

La tranquilidad serrana volvió a quebrarse. El uso de agroquímicos en Tandil regresó al centro de la polémica y amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para la gestión de Miguel Lunghi. A la pérdida de respaldo en las urnas, ahora se suma un dictamen del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, que deja expuesta una ordenanza municipal duramente cuestionada por posibles violaciones a normas ambientales superiores.

Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la realidad de los vecinos, que enfrentan día a día problemas estructurales: recolección de residuos irregular, fallas graves en el sistema de salud, más inseguridad, calles deterioradas y espacios públicos abandonados. Un escenario que alimenta la percepción de un gobierno distante y desgastado. En ese clima, el regreso del conflicto por los agroquímicos golpea de lleno a una gestión que ya muestra signos de agotamiento.

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Un dictamen que sacude a Tandil 

El procurador, Julio Conte Grand, recomendó a la Suprema Corte bonaerense suspender la ordenanza local que regula las fumigaciones, al considerar que “prima facie no se corresponde con los estándares de protección ambiental” establecidos a nivel nacional y provincial. El planteo surge a partir de una acción judicial presentada por los “Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú”, integrada por vecinos de Tandil, Gardey y Vela.

Los denunciantes acompañaron el reclamo con estudios de agua realizados en conjunto con universidades y laboratorios públicos, donde se detectaron múltiples principios activos. Las muestras mostraron presencia de 4-D, Atrazina y Glifosato, y aunque uno de los hallazgos más extremos corresponde al distrito vecino de Rauch, el reclamo principal apunta a que toda la cuenca está interconectada y que las decisiones de Tandil impactan directamente en el ecosistema.

En diálogo con El Eco de Tandil, el abogado de la agrupación, Joaquín Benavídez, fue categórico: “Los resultados son lapidarios”, afirmó. Y explicó que la acción ante la Corte se realizó mediante una vía de inconstitucionalidad para que el caso sea tratado con urgencia, especialmente por la llegada del verano, cuando aumenta la exposición de niños y familias en zonas recreativas. “Solicitamos una respuesta urgente porque la temporada estival coincide con las campañas agrícolas”, señaló el letrado.

Benavídez también advirtió que, incluso con una eventual suspensión de la ordenanza, “no habría un vacío legal”, ya que seguirían vigentes las normas provinciales. Pero subrayó que la ordenanza local habilita distancias que podrían resultar peligrosamente insuficientes: “Cinco fallos de la Corte determinan distancias mínimas de 1.000 metros. Acá estamos hablando de 30 o 50 metros. Es muy evidente la violación constitucional”.

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Críticas a la política local, falta de controles y un impacto sanitario que alarma

La ordenanza aprobada en 2021 —en una sesión recordada por la fuerte presencia policial y la tensión entre productores y ambientalistas— ya había generado controversia por la posición del lunghismo y la oposición local, que terminaron votando juntos una norma resistida por amplios sectores. Hoy, el dictamen de Conte Grand vuelve a poner en evidencia ese capítulo y lo reubica en un contexto político adverso para Lunghi.

El abogado también cuestionó la falta de controles: “Las municipalidades de Tandil y Rauch no efectúan estudios cuando deberían hacerlo”, afirmó en diálogo con La Voz y agregó que la sociedad civil terminó realizando análisis por cuenta propia debido a esa ausencia de fiscalización.

Benavídez habló directamente de “desinterés y/o desconocimiento” de los concejales cuando aprobaron la ordenanza tandilense, además de no descartar la influencia de lobbys del agronegocio. “Acá hablamos de salud pública. Las personas que se bañan en el balneario de Vela y Rauch están en riesgo, desde luego, porque estas sustancias tienen efectos genotóxicos, teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos”, advirtió.

El escenario judicial ahora está en manos de la Suprema Corte bonaerense, que deberá decidir si hace lugar a la recomendación del Procurador y suspende la ordenanza mientras se analiza el fondo del caso. Para los vecinos, urge una intervención inmediata antes de que avance la temporada de fumigación: “Pedimos que las medidas se adopten con urgencia”, reafirmó el abogado.

Mientras tanto, en Tandil, el conflicto vuelve a exponer una gestión municipal que no logra dar respuestas contundentes a demandas sensibles. Con el malestar ciudadano en aumento y un mapa político cada vez más adverso, este nuevo revés promete profundizar el desgaste del histórico liderazgo de Miguel Lunghi.