Desde Petroleros advierten que la reforma laboral choca con la Constitución y la OIT
El secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), Mario Lavia, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, al sostener que lejos de modernizar el derecho del trabajo, representa un retroceso absoluto en materia de derechos laborales y vulnera principios constitucionales y normas internacionales.
Las declaraciones del dirigente sindical se producen en un contexto de fuerte debate social y parlamentario sobre la iniciativa oficial, que disparó esta semana una masiva movilización sindical a Plaza de Mayo. Desde su reciente asunción al frente de la Federación, Lavia planteó que el proyecto oficial se apoya en una narrativa que promete generación de empleo, pero que, según afirmó, no se condice con el texto de la propuesta.
“La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei es presentada ante la sociedad como un instrumento para modernizar o actualizar el derecho del trabajo, pero un análisis preliminar del texto nos arroja un retroceso absoluto en materia de derechos laborales”, manifestó.
Flexibilización laboral y derechos en riesgo
Lavia señaló que uno de los aspectos que más preocupación genera en el movimiento obrero organizado es el eje de flexibilización laboral que atraviesa el proyecto. En ese sentido, sostuvo que la ampliación del período de prueba, la facilitación de los despidos y la reducción de sanciones frente al empleo no registrado “atacan directamente el principio protectorio del Derecho del Trabajo”.
El dirigente advirtió que una eventual sanción de la reforma impactaría de lleno sobre el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos fundamentales como la estabilidad del empleo, la protección contra el despido arbitrario, la igualdad de remuneración y condiciones dignas de labor.
También cuestionó el avance sobre la negociación colectiva, a la que definió como una de las herramientas centrales de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Según expresó, el proyecto entra en contradicción con los Convenios Nº 87 y Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Argentina, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.
“Pretender limitar el accionar sindical y promover acuerdos individuales entre trabajadores y empleadores, con escasa intervención gremial, generaría un escenario de mayor desigualdad entre las partes”, sostuvo Lavia.
“El ajuste recae sobre los trabajadores”
Desde una mirada técnica, el titular de la FASiPeGyBio rechazó la idea de que la flexibilización de derechos mejore la productividad o genere empleo. “La historia nos demuestra que la vulneración, precarización o alteración de derechos no mejora la productividad, no contribuye a la pacificación del clima laboral ni genera empleo”, afirmó.
Por el contrario, advirtió que este tipo de políticas consolida la debilidad del mercado interno, provoca una baja de salarios y alimenta la conflictividad social. En ese marco, remarcó que no existen antecedentes de empresarios que responsabilicen a los sindicatos por sus crisis. “El único que pretende responsabilizar a los trabajadores es el Estado, representado en este caso por el gobierno de Javier Milei”, manifestó.
Lavia recordó además que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado reiteradamente que el crecimiento económico sostenible requiere empleo decente, tal como lo establece su Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa.
En ese sentido, concluyó que la reforma laboral oficial “no constituye una modernización”, sino un proyecto desfavorable que traslada el ajuste de manera íntegra a los trabajadores. Y remarcó que la defensa de los derechos laborales “no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición indispensable para una sociedad más justa, equitativa, democrática y socialmente integrada”.