Un millón de empleos en jaque: fuerte advertencia del sector de la salud
En medio del debate por el Presupuesto 2026, la Unión Argentina de Salud (UAS) lanzó una fuerte advertencia: si la ley de leyes se aprueba sin la prórroga de la emergencia sanitaria, más de un millón de puestos de trabajo quedarían en riesgo y cientos de empresas del sector podrían cerrar a partir del 1° de enero de 2026.
La preocupación se encendió tras la eliminación del Capítulo XI, artículo 78, que contemplaba, entre otros puntos, la continuidad de la Emergencia Sanitaria Nacional, vigente desde 2001; el financiamiento universitario; la emergencia en discapacidad; la movilidad de asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías.
Pero el punto más sensible para el sistema de salud es la caída del régimen de inembargabilidad, que protege a los establecimientos frente a ejecuciones fiscales.
“Extrema vulnerabilidad” y riesgo de cierre
En un comunicado, la UAS advirtió que lo votado en Diputados “deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones” que, de avanzar esta medida, podrían enfrentar embargos y cierres desde comienzos de 2026.
“Estas instituciones mantienen deudas fiscales vinculadas a aportes y contribuciones, acumuladas en un contexto de prolongada crisis económica, atraso arancelario y aumento sostenido de los costos operativos”, explicaron desde la entidad.
La UAS nuclea a 17 cámaras empresarias que agrupan a clínicas, sanatorios, laboratorios, empresas de emergencias médicas y otros prestadores de salud privada en todo el país. En conjunto, el sector emplea a más de un millón de trabajadores registrados y sostiene unas 5.000 instituciones sanitarias.
El presidente de la UAS, Hugo Magonza, indicó que resulta imprescindible "preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales”.
Según explicó, avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales “comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema”.
El pedido urgente al Gobierno
Desde la UAS reclaman el dictado inmediato de un decreto del Poder Ejecutivo que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, aclarando que no se trata de una condonación de deudas.
“Esta herramienta no implica perdonar obligaciones, sino un resguardo transitorio para proteger el interés público”, subrayó Magonza.
El diagnóstico del sector incluye múltiples factores que profundizan la crisis: aranceles atrasados, costos estructuralmente crecientes, elevada carga laboral y aumento de la litigiosidad laboral.
“Todo esto vuelve al sistema crecientemente inviable y hace imperioso avanzar hacia un cambio normativo integral que garantice su sostenibilidad”, advirtió el titular de la UAS.
Y concluyó: “La salud no debe ser tratada como una actividad económica más. La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que garanticen el derecho a la salud de toda la población”.